El gobierno porteño se comprometió ante la Justicia a presentar mañana un plan de saneamiento de los terrenos hoy ocupados por vecinos de la Villa 20, y el viernes próximo, un proyecto de urbanización de ese barrio. En tanto, la Defensoría oficial, en representación de los vecinos que participan de la toma, propuso que, mientras un sector de esas tierras es saneado, los ocupantes permanezcan en otra porción del terreno como garantía de que esta vez se realizará esa postergada tarea. Ambas propuestas se hicieron en el marco de una audiencia convocada por la jueza Elena Liberatori, en el marco de la causa por la urbanización de ese barrio de Villa Lugano.

En tanto, en el fuero penal, la jueza Gabriela López Iníguez ordenó el desalojo del predio, pero la Defensoría apeló y ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones. Ese tribunal le pidió al fiscal que se expida sobre el tema y todo indica que la decisión final se tomará antes de que termine la semana.

En la audiencia convocada por Liberatori, jueza en lo Contencioso Administrativo, participaron el procurador de la Ciudad, Julio Conte Grand; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el defensor oficial adjunto Luis Duacastella; la asesora tutelar Norma Sas (en representación de los niños); el defensor del Pueblo, Alejandro Amor; el presidente de la junta vecinal de la villa, Víctor Núñez; y los legisladores María Rachid y Marcelo Ramal, entre otros. No se permitió el ingreso de representantes de la toma: la jueza no quiso “avalar mecanismos de fuerza que, si bien pueden no configurar un delito, constituyen un reclamo inapropiado”, reveló a Página/12 un participante de la reunión.

Para Liberatori, la propuesta realizada por el gobierno fue “muy importante”, ya que incluye el “compromiso de que se va a priorizar la situación habitacional de la gente que depuso la toma” así como de “los que están en censos anteriores”. La adjudicación de las futuras viviendas, en tanto, “no quedará al arbitrio del gobierno, sino que será monitoreada por la Defensoría y la Asesoría Tutelar en el marco de la causa” que tramita el juzgado, confiaron fuentes del tribunal.

En cambio, el defensor adjunto de la Justicia porteña, Luis Duacastella, consideró que la audiencia fue “absolutamente insatisfactoria”, ya que “la posición del gobierno porteño es que, mientras siga la toma, no negocia”.

“Lo que no se entiende es que no se trata de una posición extorsiva de la gente, que ante la falta de garantías y promesas largamente incumplidas se aferra a lo único que tiene”, dijo Duacastella a la agencia Télam.

La causa que lleva Liberatori se inició en 2006, por incumplimiento de la Ley 1770, sancionada un año antes, que ordena la urbanización de la Villa 20. Desde entonces, la magistrada logró que se desmantelara el cementerio de autos instalado en ese lugar y embargó fondos del gobierno porteño por más de 29 millones de pesos por la demora en ejecutar las obras de saneamiento del suelo, contaminado con plomo y otras sustancias tóxicas.

Los vecinos que participan de la toma se resisten a liberar el predio, pues ya no confían en las promesas del gobierno. Muchos de ellos llevan a cuestas la experiencia de la toma del Parque Indoamericano, hace tres años, que desalojaron bajo la promesa de soluciones que nunca se cumplieron.

“La Justicia no intervino en aquella ocasión”, argumentan en el juzgado, dando a entender que esta vez el tribunal actuaría como una garantía ante el compromiso oficial. “El Indoamericano demostró que con la toma no se consigue nada.”

“Pedimos que comiencen por sanear el sector que hoy tiene ocupado la Policía Federal, que da a Escalada y Cruz y que es el más grande, ya que ocupa seis de las diez hectáreas –explicó Duacastella–. Y como garantía permanecerían las familias en el terreno hasta que el sector estuviera construido.”

La propuesta fue rechazada por el procurador Conte Grand y considerada “inviable” por la jueza. “No se construye un puente con la gente en el medio”, dijo Liberatori. Conte Grand se comprometió además a contratar para las obras del plan de urbanización a los habitantes de la villa que “estén en condiciones y dispongan de capacidades para realizar dichas tareas”.

La jueza no adoptó ninguna resolución, pero anunció que convocará a una nueva audiencia, que todavía no tiene fecha. “Ahora cada uno tiene que trabajar en su ámbito y hablar con la gente para resolver el problema en forma pacífica”, afirmaron en el tribunal.