Tras un paro que postergó el inicio de las clases en la mayoría de las escuelas del país, el Gobierno convocó a los sindicatos docentes a una nueva reunión, el miércoles próximo, para continuar la negociación sobre el salario inicial de los maestros. El diálogo será retomado con el telón de fondo de la conciliación obligatoria, que ayer dividió las aguas en el frente gremial. Las cuatro federaciones docentes que integran la CGT liderada por Antonio Caló decidieron acatar la resolución del Ministerio de Trabajo y levantaron sus medidas de fuerza. En cambio, la Ctera –el sindicato docente de mayor peso, integrante de la CTA– la desconoció por considerarla ilegal y hoy hará el segundo día de su paro de 48 horas. Más allá de la huelga, los dirigentes de la Ctera anticiparon que participarán de la nueva ronda de negociaciones: “No acatamos la conciliación, pero estamos convencidos de seguir dialogando”, definieron.

La huelga se sintió especialmente en las escuelas públicas, aunque afectó también a las privadas, porque todo el arco sindical –además de la Ctera, los privados de Sadop, los técnicos de AMET, y los afiliados a UDA y CEA– se sumó en el primer día de paro.

La expectativa abierta ahora es que a partir del viernes se abra un paréntesis de 15 días hábiles (lo que dura la conciliación) para tratar de acercar posiciones en el marco de la paritaria. De todas maneras, esto no garantiza que no haya conflictos, porque en simultáneo con la paritaria nacional en casi todas las provincias se están haciendo las paritarias locales.

La paritaria nacional fija el sueldo inicial docente, es decir el piso que cobra en cualquier parte del país un maestro de grado que empieza a trabajar por un cargo de jornada simple. A las paritarias provinciales les queda determinar luego el resto de la escala salarial, en procesos que son todavía más complejos que el federal, porque incluyen una mayor cantidad de ítem salariales a discutir.

“El eje del conflicto es que los salarios de los docentes se han retrasado en los últimos tres años como efecto directo de haber fijado por decreto el piso salarial, y eso es una situación que se ha hecho insostenible”, dijo ayer la titular de la Ctera, Stella Maldonado, al explicar las razones por las que su organización decidió ratificar el paro.

Maldonado recordó así que en 2011 y 2012 en la paritaria no se llegó a un acuerdo y el Poder Ejecutivo fijó de manera unilateral el aumento. Como ejemplo de la situación en la que están sus representados, la dirigente puso el caso de Jujuy, una de las nueve provincias donde los sueldos docentes aumentan sólo si se eleva el piso nacional, y contó que allí “un maestro para llegar a ganar 4000 pesos por mes debe tener diez años de antigüedad”.

Sobre la adhesión al paro, los gremios aseguraron que fue alta y las autoridades hablaron de un acatamiento dispar. Ctera sostuvo que 9 de cada 10 docentes no fueron a dar clases, mientras que en el Sadop señalaron que el acatamiento estuvo en el 80 por ciento. Con matices según la provincia y el color político, los funcionarios evaluaron que la adhesión a la protesta fue parcial.

El ministro de Educación, Alberto Sileoni, viajó a La Rioja para abrir en la capital provincial el año lectivo con la inauguración de escuelas y obras de mejoramiento en colegios. En su discurso, puso el acento en la inversión que el Estado nacional viene haciendo en Educación, y señaló que nueve de los edificios inaugurados fueron “jardines que tienden a cumplir el anhelo de la Presidenta de que todos los chicos de 4 años puedan ir a la escuela”. Así, junto con la defensa de la política educativa del kirchnerismo, tiró un dardo por elevación al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que a pesar de gobernar el distrito con más recursos per cápita del país no ha solucionado la falta de vacantes en las escuelas públicas, un problema aún más marcado en los jardines.

Sileoni llamó por otra parte a los gremios a “seguir dialogando sin perjudicar a los alumnos”. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reforzó este mensaje hacia los sindicatos y se habló también de la “voluntad de diálogo del Gobierno”, al tiempo que mantuvo en agenda pública la discusión sobre el ausentismo. En este sentido, al hablar con la prensa en la Casa Rosada, el funcionario pidió un “debate profundo” de temas como el presentismo, en virtud de la necesidad de contar, dijo, con una “relación de cercanía” entre docentes y alumnos.

La disposición a seguir negociando coexiste con fuertes tensiones entre el Gobierno y el principal gremio docente por el no acatamiento de la conciliación obligatoria.

Al ratificar que no suspenderían el paro de hoy, los dirigentes de la Ctera apelaron en el Ministerio de Trabajo la conciliación, luego de calificarla de “nula, inválida e ilegal”. El sindicato presentó un recurso legal para que la medida sea dejada sin efecto, pero el ministerio rechazó el pedido y advirtió que la conciliación está vigente.

Fuentes de la cartera laboral adelantaron que si el gremio de la CTA no levanta el paro de hoy, se impulsarán sanciones. La ley prevé para estos casos desde multas hasta el quite de la personería.

Diferenciándose de la Ctera (CTA), las cuatro federaciones docentes cegetistas remarcaron que su criterio es que “mientras dure la conciliación” no hay que hacer paro. “Suspendemos las medidas y concurriremos a las audiencias para arribar a un acuerdo”, dijo en este sentido Mario Almirón, del Sadop. Los gremios de la CGT habían llamado a huelgas de 72 horas.

La reunión del miércoles fue convocada a partir de las 15 en el Ministerio de Trabajo. La diferencia a acortar entre el ofrecimiento del Gobierno y el reclamo de los sindicatos es todavía muy marcada: la propuesta del Poder Ejecutivo fue la de un aumento del 31 por ciento, aunque no pagadero de una vez, sino en cuatro etapas, de aquí a junio del 2015. El pedido de aumento de los sindicatos está muy por encima, ya que va del 42 (Ctera) al 61 por ciento (los cegetistas). Traducido en números, significa que la expectativa es llevar el salario inicial a 4860 o 5500 pesos respectivamente. También hay distancia en los plazos, ya que el Gobierno sugirió un acuerdo por un año y medio, en cuotas, mientras que los dirigentes gremiales quieren que el plazo no exceda el año, pero que las cuotas no vayan más allá del mes de julio.