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Delegados del predio de Villa Lugano tomado hace hoy cuarenta días por vecinos de la Villa 20 presentaron ayer su propio plan de viviendas para ese barrio, elaborado con colaboración de profesionales de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Lo hicieron ante la Legislatura y la jueza Elena Liberatori, quien además tiene en evaluación un plan de urbanización presentado por el gobierno del PRO. Ambas iniciativas serán analizadas el martes en una audiencia convocada por la jueza, con la participación de las partes involucradas en el conflicto. En la propuesta, los ocupantes enfatizan que están dispuestos a pagar por las nuevas viviendas.

“El nuestro es un plan de ubanización integral. No sólo propone abrir calles, sino cómo se van a hacer las cloacas, los tendidos de gas y de luz, que hoy son como una tela de araña, y cómo van a ser las viviendas”, explicó a Página/12 Marcelo Urquiza, uno de los delegados de la toma y vocero del grupo. Lo diferenció así del que presentó el gobierno porteño, que “propone abrir calles y entregar escrituras pero no explica cómo van a hacer el tendido de infraestructura”.

El proyecto presentado por los delegados fue elaborado con el asesoramiento de un equipo dirigido por la arquitecta Beatriz Pedro. Prevé “construcciones de planta baja y tres plantas, con dos departamentos por planta, a lo largo de todo el predio baldío ubicado sobre Fernández de la Cruz, entre la avenida Escalada y Pola”. Un sector de ese predio está ocupado por habitantes de la villa y otro sigue en poder de la Policía Federal.

“El plan prevé la construcción de viviendas para 3200 familias, muchas más de las 800 que hoy están en la toma, y podrían estar destinadas a familias que viven en la villa pero alquilan”, explicó Urquiza. De esa manera, los delegados aclararon ante la jueza Liberatori que no sólo están pensando en viviendas para ellos, sino para muchos de sus vecinos.

Algunas de las nuevas viviendas estarían destinadas a alojar a los que sean desalojados para la apertura de calles. “Pero proponemos que si alguna de las construcciones afectadas es de alguna persona que tiene varios cuartos para alquilar, se le otorgue sólo una vivienda”, aclaró el delegado.

Ayer también se reunió la mesa de diálogo, integrada por legisladores de todos los bloques. La novedad fue la presentación por parte del PRO de un proyecto de ley de urbanización que coincide con el presentado en el juzgado de Liberatori por la secretaria de Hábitat e Inclusión, Marina Klemenziewicz. Ese proyecto, que lleva la firma de Cristian Ritondo, al que accedió Página/12, prevé la construcción de edificios de 21 metros, es decir, de planta baja y seis pisos.

“En esos edificios habría que instalar un ascensor, lo cual es un problema, ya que después es muy difícil el mantenimiento”, advirtió el delegado. Las construcciones de tres plantas que ellos proponen no requieren de elevador.

“Estamos dispuestos a pagar las viviendas, los impuestos, a que nos pongan medidores de luz y de gas. La mayoría de la gente puede hacerlo, porque hoy están pagando alquileres de 900 a 1600 pesos por habitaciones con baño y cocina compartidos, que por lo general están sucios”, enfatizó Urquiza.

El proyecto de urbanización también fue presentado ante la jueza en lo penal Gabriela López Iñíguez, quien suspendió la orden de desalojo del predio en virtud de la apertura de la mesa de diálogo. “Ojalá que lo acepten. Estamos cansados de que nos vean como la lacra de la sociedad. queremos que nos incluyan”, concluyó el delegado.