El sábado pasado, los vecinos se reunieron en el Parque Centenario.

Vecinos y organizaciones de distintos barrios porteños iniciaron una campaña en rechazo a la instalación de bares en parques y plazas de la Ciudad, una iniciativa impulsada por el macrismo que está a punto de sancionarse en la Legislatura de la Ciudad. La Red Interparques y Plazas, que quedó conformada el fin de semana pasado, convocó a un encuentro para el domingo próximo, a las 15, en el anfiteatro del Parque Lezama, pero sus integrantes participarán hoy en la reunión de las comisiones de Presupuesto y Desarrollo Económica, que prevén aprobar el dictamen para el tratamiento del proyecto en el recinto legislativo. Se trata de la segunda lectura del proyecto (la primera fue aprobada en noviembre) y el PRO necesita de 31 votos para su aprobación, apenas tres más que el número de integrantes de su bloque.

Aunque el proyecto de ley del diputado José Luis Acevedo no habla de bares sino de “áreas de servicios”, los vecinos que no aceptan ese tipo de servicio a costa de los espacios verdes consideran que es un eufemismo. Los puestos, de acuerdo con la norma, podrán instalarse en superficies verdes mayores a 50 mil metros cuadrados (cinco manzanas), podrán vender alimentos y bebidas envasadas, aunque deberán instalar sanitarios y estacionamientos para bicicletas. De acuerdo con el proyecto, podría haber bares en los parques Saavedra, Centenario, Avellaneda, Chacabuco, Sarmiento, Lezama y Tres de Febrero. Incluso en algunos podría haber dos o más, de acuerdo con su extensión, aunque no más de cinco.

“Impulsamos esta campaña para que los legisladores de la oposición no voten a favor de esta propuesta”, dijo a Página/12 Juliana Giménez, integrante de la Red y asambleísta de Parque Centenario. La norma fue aprobada en noviembre último por la Legislatura con su anterior composición, con el apoyo de la Unión Cívica Radical y casi todos los diputados de la Coalición Cívica, más el voto de Julio Raffo de Proyecto Sur. Los vecinos intentan convencer al legislador Javier Gentilini, el único de esa agrupación, para que no siga los pasos de su antecesor, y a los de la Coalición Cívica en Unen, para que imiten a Rocío Sánchez Andía, la única de esa agrupación que votó en contra. El interbloque kirchnerista votó en contra el año pasado y ahora actuará con el mismo criterio.

Mediante un comunicado, la Red Interparques y Plazas explicó que “el proyecto viola la Constitución de la Ciudad”, ya que sostiene que el gobierno porteño debe “proteger” e “incrementar los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantizar su uso común”. Además, “viola la Ley 1777 de Comunas, ya que éstas “deben participar en lo relacionado a espacios verdes de su territorio”, pero “ningún consejo consultivo ni junta trató el tema”.

Otro fundamento del rechazo es que con la colocación de estos puestos, con sillas y mesas, “se reemplazaría césped por cemento, lo que, en una ciudad con graves problemas de inundaciones, esta medida sólo agravará la situación”. También denuncian que podrían “privatizarse espacios públicos que son de todos y conforman lugares de encuentro e identidad cultural esenciales para la vida en la ciudad”. Sostienen que debería ser el propio Gobierno de la Ciudad el que instale baños en las plazas, y argumentan además que “ya existen alrededor de los espacios verdes diversas opciones de bebida y comida”.

Incluso hay puestos de choripán y comidas rápidas en el Parque Tres de Febrero, como denunció Osvaldo Guerrica Echevarría, de la Asociación Amigos del Lago de Palermo en la audiencia pública celebrada semanas atrás, en la que se debatió este proyecto. En esa ocasión, Guerrica Echevarría advirtió que el proyecto “establece un marco regulatorio de una actividad que está prohibida” por la ordenanza 46.229, “de protección de los espacios verdes, que está plenamente vigente”, que prohíbe “otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso y cambio de destino de todo espacio destinado a parques, plazas, plazoletas y todo espacio verde de uso público”. El proyecto macrista habla de “otorgamiento de permisos de usos precarios en espacios verdes de uso público”.

Según la Red Interparques, “además, la Organización Mundial de la Salud fija como necesario para la salud un mínimo de 10 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, y la ciudad de Buenos Aires sólo tiene 1,80 metro cuadrado”, sostienen los vecinos.