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Desde hace meses, en Neuquén, San Luis, Córdoba y Resistencia, y hace dos semanas, en la Feria del Libro de Buenos Aires, se viene debatiendo en congresos y conferencias la implementación del juicio por jurados. Que es inminente en la provincia de Buenos Aires y pronto lo sería en la capital argentina.

La semana pasada se realizó en favor un simulacro en el porteño Centro Cultural San Martín (con los actores Fabián Vena y Lito Cruz), casi a la par del fallecimiento de la jueza Carmen Argibay, quien fue, en vida, opositora a este sistema de impartición de Justicia para delitos graves. En una nota titulada “La sociedad no es confiable”, en este mismo diario y en septiembre del año pasado, Argibay decía: “No es momento para tener un juicio por jurados. No tenemos garantía de que la gente comprenda cuál es la visión; no tenemos garantías de que sea un juicio sereno y de que no esté contaminado por la mirada periodística; no tenemos garantía de que no haya sido presionado por parte de la víctima o de los imputados”.

Sin embargo, y curiosamente, fue ese cuestionamiento el que convenció a muchos de que el juicio por jurados sí es necesario en la Argentina. Y no sólo porque es el más viejo mandato incumplido de la Constitución Nacional, sino también porque cuando se mira la cuestión desde otros puntos de vista –del simple ciudadano, el intelectual, el comunicador– esa institución parece cada vez más necesaria.

En primer lugar, porque el ya centenario “olvido” del mandato constitucional ha venido siendo, y es, para muchos una artimaña, voluntaria o casual, de las clases dirigentes que siempre coincidieron en impedir de hecho el jxj. Porque éste, en esencia, cuestiona de raíz la concepción corporativa de la Justicia. La saca de acartonamientos y retóricas, la coloca donde debe estar –en la sociedad misma– y la aleja de influyentismos y fáciles corruptelas.

En el jxj son ciudadanos comunes los que consideran y deciden la inocencia o culpabilidad de los acusados en casos de delitos graves. Tal como en 1957 mostró al mundo el memorable film de Sidney Lumet 12 hombres en pugna, en el que una docena de ciudadanos comunes (entonces todos varones y todos blancos, como era usual en la época) debate acerca de la inocencia o culpabilidad de un muchacho acusado de matar a su padre.

Decenas de otras películas y series de televisión han venido haciendo una especie de fuerte docencia cívica. Esa filmografía, casual e involuntariamente, es la única constancia que han tenido generaciones enteras de argentinos/as respecto del jxj. Lo cual también hace pensar que no es casualidad que este extraordinario recurso judicial se haya escamoteado de modo tan riguroso, y no del todo inocente, a nuestra ciudadanía.

Hace apenas un mes, este país tuvo ocasión de conocer uno de los primeros jxj en la Patagonia, un caso paradigmático que sin embargo no fue destacado por los medios dominantes. Y es que cuando toda democratización empieza, deviene imparable por la sencilla razón de que la ciudadanía responde positivamente si es motivada con propuestas que atañen a sus intereses y responsabilidades. Sobran pruebas de que la sociedad argentina –diariamente incitada a la valoración de lo que no tiene ningún valor– es muy entusiasta cuando se le proponen instrumentos de claro mejoramiento de la Justicia.

La democratización argentina de los últimos 30 años parece aconsejar un cambio en este sentido. Es un hecho que han empezado a derribarse las resistencias al jxj, y es probable que asistamos en los próximos meses y años a una renovada valoración de este instrumento de Justicia que ya se aplica en Córdoba y Neuquén y pronto empezará en territorio bonaerense.

Desde luego que ninguna sociedad está preparada a priori para el jxj. En el Derecho anglosajón hay una tradición que viene del Medioevo y en la que el juicio popular –que eso es el jxj, en esencia– ha sido fuente de grandes aciertos y también gruesos errores, como es natural a toda impartición de Justicia. Se trata entonces de mejorar el sistema en la acción, y ésa es la oportunidad que hoy tiene la Argentina, donde el jxj puede llegar a ser revolucionario por modernizador, por expedito y veloz y por más justo, pero sobre todo porque será menos injusto que el actual, clasista y esclerosado sistema judicial que padecemos.

Desde ya que muchos juristas que no discrepan con el jxj sí temen implementarlo en la actualidad. Los reparos son que “es caro”, lo cual no es probadamente cierto, o que “falta educación y preparación en la ciudadanía”, lo que en esta materia es fácilmente reparable y además se ha visto que el asesoramiento a los jurados ha funcionado bastante bien. Como sea, esas prevenciones tienen respuestas: los costos debe asumirlos el sistema judicial y quizá también se requiera una reducción de honorarios. En cuanto a la falta de educación es un problema integral de esta sociedad, y eso incluye absolutamente a la Justicia, que es la única institución republicana, junto con las malditas policías y los servicios penitenciarios, que no se democratizaron y conservan intactas todas las taras formales y esenciales que instauró la Dictadura.

Y si también se cuestiona que “los medios de comunicación pueden generar interferencias”, ese argumento, siendo cierto, es sólo una parte de la tragedia social argentina en la que lo peor no es que los grandes medios mientan, sino que gran parte de la sociedad “le cree” a esos medios.

Frente a pésimas investigaciones policiales, sumarios lentos y “empiojados”, dudosos sorteos, chicanas mediáticas, indignantes “faltas de méritos”, condenas y absoluciones inexplicables, el irregular comportamiento del Colegio de la Magistratura y el deplorable influyentismo político que contamina a la Justicia desde hace 40 o 50 años, no se ve mejor remedio que cambiar de una vez. Y el jxj puede ser un gran paso positivo, porque cambia procedimientos y plazos, abre y ventila expedientes, y así democratiza y hace docencia. Y porque atenúa la soberbia, el engolamiento y la presunta infalibilidad de señorías que se las creen.

Todos los temores que plantee el nuevo sistema de jxj puede y debe ser atendido, escuchado, razonado y luego perfeccionado. Sería irresponsable no hacerlo. Pero es un deber cívico enfrentar la tarea y avanzar en la innovación jurídica que significa este instrumento, ya aplicado en algunas provincias con prudencia y excelentes resultados. Como debe ser.