El gobierno porteño contrató los servicios de una universidad privada por un monto superior a los dos millones de pesos, sin previo llamado a licitación, para realizar un estudio “sobre la transferencia de organismos nacionales con jurisdicción en materia penal y en seguridad urbana, a la Ciudad de Buenos Aires”. El contrato, aprobado por una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, publicado en el Boletín Oficial, dio pie a la presentación de un pedido de informes por parte de legisladores de la Coalición Cívica-ARI en Unen. El anexo del contrato incluye los servicios del ex fiscal general Germán Garavano, en lo que la legisladora Paula Oliveto Lago considera “una forma encubierta de contratación”.

Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro pidieron, a través de un proyecto de resolución, que se investigue la contratación directa realizada por Rodríguez Larreta a la Universidad Austral. El contrato, según los legisladores, tiene graves irregularidades: fue decidido sin licitación pública por el jefe de Gabinete y designa como director del equipo de trabajo al estudio Germán Carlos Garavano, quien ocupó el cargo de fiscal general de la Justicia porteña hasta marzo último y, “por la Ley de Etica Pública N0 4895, no puede ejercer tal actividad hasta un año después de su egreso de la función pública”.

“Queremos que el jefe de Gabinete nos explique por qué para contratar a un funcionario de su riñón por cifras millonarias se recurre a una contratación directa de 2.214.000 pesos, y si se evaluó la aptitud de otras instituciones u organismos públicos de la Ciudad, que cuentan con recursos humanos y profesionales para realizar el estudio en cuestión”, argumentó explicó Oliveto Lago.

Ferraro consideró que “una vez más se obvian los procedimientos correctos para contrataciones de semejante magnitud, más teniendo en cuenta que la Ciudad tiene organismos públicos –como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Policía Metropolitana o la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires– con personal idóneo y los recursos necesarios para realizar ese tipo de estudios”.

Oliveto Lago reclamó además “que se explique en detalle en qué consiste el estudio contratado (ya que) no podemos permitir que sean mal administrados los recursos de todos los porteños”. Para Ferraro, la contratación “no contempla el artículo 58 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que la Universidad de Buenos Aires y otras nacionales deben ser consultoras preferenciales de la Ciudad Autónoma”.

La contratación directa (N0 5650/SIGAF/14) figura en la resolución N 581/MJGGC/14, con fecha del 30 de junio, entre la Asociación Civil de Estudios Superiores Universidad Austral y el Poder Ejecutivo de la Ciudad. publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N0 434, del 10 de julio pasado. La resolución firmada por Rodríguez Larreta explica que “la Universidad Austral realizará las tareas de investigación y desarrollo a través de su Departamento de Derecho Judicial”, pero no aclara qué tipo de investigación realizará, ni con qué fines, ni cuáles son los organismos nacionales que se transferirían a la Ciudad. Aclara que el gasto “se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015”.