La liberación del conocido psicólogo Jorge Corsi, tras cumplir una condena de tres años de prisión por abusar sexualmente de un chico de 13 años, desencadenó una campaña de recolección de firmas por la que se exige al ministro de Salud, Juan Manzur, que le retire la matrícula profesional y lo inhabilite permanentemente para ejercer como psicólogo. En pocos días la consigna logró casi un millar de adhesiones, varias de ellas de especialistas que trabajan contra el maltrato infantil y juvenil en distintos ámbitos. “No hay evidencia científica de recuperación de abusadores sexuales, por lo que es de esperar que así como corruptos condenados no pueden acceder a puestos del Estado, profesionales de la salud condenados no puedan atender a pacientes, pues hay un alto nivel de riesgo por ser el abusador básicamente manipulador y ejercer un perverso poder”, señaló a Página/12 uno de los firmantes, Enrique Stola, psiquiatra personal de adolescentes que denunció al cura Julio César Grassi en la causa en la que el sacerdote católico fue condenado por pedofilia.

“Los abusadores tienen escasa recuperación y menos sin terapia. Los años de cárcel –pocos– no rehabilitan. Al haber sido un referente en el tema es muy riesgoso que sea terapeuta, no sólo por lo que hizo sino por sus ideas”, opinó otra de las firmantes, Marinés Bringio-tti, coordinadora de un programa sobre maltrato infantil y violencia familiar de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y directora del Programa de Investigación en Infancia Maltratada en la misma casa de altos estudios. Luego de ser acusado de cometer pedofilia, Corsi afirmó en declaraciones a distintos medios que no consideraba que el abuso sexual infantil fuera un delito y que creía que podía llegar a ser reconocido como una orientación sexual más.

La campaña por quitarle definitivamente la matrícula fue promovida por la entidad contra el abuso sexual infantil ASI NO, que encabeza la psicóloga María Mónica Creus Ureta, en la plataforma virtual Change.org. “Resulta muy difícil sintetizar en pocos caracteres lo que pensamos de la libertad del ‘Lic’ Jorge Corsi. El daño que ha hecho a quienes luchamos por la verdad y la justicia para mujeres y niñxs víctimas de abuso y violencia es inconmensurable. Resulta siniestro, dolorosamente insoportable que un ‘referente’ ‘especialista’ en estos temas sea un pedófilo”, escribió Creus en la petición, en la que se exige al ministro Manzur que le retire la matrícula y lo inhabilite para ejercer como psicólogo. El viernes se conoció la noticia de que había recuperado su libertad.

Otras entidades y expertos en la temática sumaron también sus voces para evitar que Corsi tenga posibilidades de volver a tener pacientes en el consultorio.

Desde la cartera de Salud informaron a este diario que quien fuera director de la carrera de Especialización en Violencia Familiar de la Facultad de Psicología de la UBA, cuando en 2008 fue denunciado, está inhabilitado para el ejercicio de su profesión, por orden judicial, por el término de tres años. Esa inhabilitación rige desde el 16 de octubre de 2012 y hasta la misma fecha de 2015, según consta en el expediente del ministerio al que tuvo acceso Página/12. Ese plazo es el mismo de la condena que obtuvo tras reconocer su culpabilidad en un juicio abreviado.

Es decir, en un año y un mes recuperaría la matrícula y la posibilidad de ejercer como psicólogo. Esa inhabilitación judicial rige en todo el país. Todas las provincias deberían estar notificadas de esa resolución. En la ciudad de Buenos Aires, la matrícula la otorga el Ministerio de Salud de la Nación y dura cinco años, plazo en el que debe renovase. En el resto del país, en la mayoría de las provincias, es una potestad de los colegios profesionales respectivos el control de la matrícula de los psicólogos. Según informaron en el Ministerio de Salud, sólo por orden judicial se lo podría volver a inhabilitar.

“Corsi está en libertad: ha abusado de menores y argumenta que el abuso es una nueva forma de sexualidad. Este señor conserva su matrícula como psicólogo... es decir, su patente para volver a abusar...”, escribió Alejandra Ciriza, investigadora en Filosofía y activista del movimiento de mujeres en Mendoza, al firmar la petición contra Corsi en Change.org.

“Si bien ha cumplido su condena por abuso sexual de menores, reconociendo su culpabilidad a través de un juicio abreviado, recordamos que la comunidad científica nacional e internacional considera a los abusadores sexuales como reincidentes y en muchos países se prohíbe su trabajo en cualquier ámbito relacionado con niños, niñas y adolescentes. Sus dichos, poniendo en duda que el abuso sexual sea un delito y considerando que puede llegar a ser reconocido como una orientación sexual más, no dejan duda de su posición al respecto”, advirtieron en un comunicado Profesionales Latinoamericanos/as contra el Abuso de Poder, un colectivo que agrupa a especialistas de distintas áreas y países que trabajan en la temática. También expresaron su preocupación por el futuro desempeño de Corsi las delegadas psicólogas que trabajan en el Hospital Penna, en una nota que dirigieron al presidente de la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Añón.