Carlos Humberto Osorio es una de las personas que más conoce los cables desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, aquellos que recogieron información secreta de sus embajadas durante las dictaduras del Cono Sur. Osorio declaró ayer vía videoconferencia desde Wa-shington y ante el TOF de San Martín. Habló de los 17 documentos que aportó a la causa que investiga secuestros y desapariciones de obreros ceramistas de la zona norte. Entre los documentos, se detuvo especialmente en el “más impactante”, como lo describió, que da cuenta del secuestro de siete trabajadores de Lozadur, prueba clave de esta causa, con nombres y apellidos, y que señala Campo de Mayo como destino. Se trata, además, de un documento esencial para entender e impulsar la investigación sobre responsabilidades del mundo empresario e industrial aún pendiente en esta causa. Y en un contexto más amplio, es clave entre las causas que avanzan en esa misma dirección.

El cable “más impactante” es de junio de 1978. Es una respuesta a un pedido de informes del Departamento de Derechos Humanos del Departamento de Estado. “Introducción”, dice. “Este cable informa de los resultados de averiguaciones que hemos hecho en respuesta a una petición iniciada por HA/HR.” Agregan los resultados. Señalan tres fuentes: “A partir de información de los familiares”, un “contacto con la administración de la firma” y el área de Seguridad. De allí surgen distintos datos, como el de los familiares que da inicio al pedido: aportan “los nombres de 7 trabajadores de la firma de cerámicas Lozadur (Plateware), una compañía argentina en Boulogne (...) que se dice que fueron sacados de sus casas por individuos armados el 3 de noviembre de 1977”. Incorporan datos sobre la conflictividad laboral y una hipótesis de cierre fraudulento. Y más tarde llega el párrafo que da lugar a la respuesta más importante. “Una fuente de la administración (a reservar) nos ha negado cualquier confabulación de parte de la administración en la operación de seguridad que resultó en la desaparición de los trabajadores.”

Sin embargo, esto no les parece confiable. En el final, el embajador en persona –y eso es otro dato– escribe un “comentario”: “Estamos escépticos sobre el comentario interesado de la administración (...), creemos que hay un alto grado de cooperación generalmente entre representantes de la administración y las agencias de Seguridad orientada a eliminar infiltrados terroristas de los lugares de trabajo industriales y a minimizar riesgo de conflicto industrial. Las autoridades de Seguridad (...) están teniendo mucho más cuidado que en el pasado al lidiar con denuncias de la administración (de las empresas) sobre supuestas actividades terroristas en las plantas que podrían tratarse de un poco más que un conflicto laboral legítimo (aunque ilegal)”.

“Fue un testimonio muy importante porque ratificó el valor de los documentos desclasificados de la embajada de Estados Unidos”, dijo Ciro Annicchiarico, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Mostró que el documento del 14 de junio del ’78 es de suma importancia porque es altamente confiable la información, que estaba basada en informantes de la embajada de Estados Unidos en Argentina que, conforme a los mecanismos que tenían y seguro tienen aún, los consideraban altamente sólidos y confiables”, dijo. “Y, concretamente, ésta es información que da cuenta además de dos extremos muy importantes: que estas detenciones con un altísimo grado de solidez provenían de solicitudes de los propios directivos de la empresa y que estas víctimas pasaron por Campo de Mayo y fueron ejecutadas en Campo de Mayo”.

Para la fiscalía, también fue esencial el aporte. Marcelo García Berro explicó: “No solamente porque quedó en evidencia la numerosa cantidad y la altísima calidad de información que obtenía el Departamento de Estado a través de la embajada de ese país en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar, sino también porque los documentos revelan la suerte corrida por numerosas personas desaparecidas”.

Pablo Llonto, otro querellante, en cambio, subrayó otro aspecto. Osorio mostró la carátula de otro informe “muy importante” pero del que falta todo el contenido. “El 18 de mayo del ’78 hay un documento desconocido”, dijo. “Sólo tenemos la carátula. Es un poco raro, porque la carátula señala que se está agregando un ‘documento muy interesante’ detallando los eventos tras la desaparición de los trabajadores de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Pero el documento no está: por lo tanto está clasificado todavía, debe tener información de inteligencia.”

En la sala lo escuchaban los familiares de los desaparecidos. La audiencia comenzó a las 12.30. Desde las sillas también parecían oírlo las imágenes de esos siete desaparecidos de Lozadur.

Osorio trabaja desde hace catorce años como investigador del Archivo de la Seguridad Nacional, un organismo no gubernamental de Estados Unidos dedicado a estudiar y organizar la documentación desclasificada de organismos como la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado, equivalente a la Cancillería argentina. A partir de 1992, muchos de esos documentos nutrieron investigaciones de distintas Comisiones de la Verdad y tribunales que entendieron “que las agencias de inteligencia podían tener información sobre América latina”, explicó. Los documentos tienen tres niveles de clasificación: confidenciales, secretos o ultrasecretos. El es director del Proyecto del Cono Sur y trabajó documentos de Argentina, Uruguay y Paraguay. “Llevo catorce años buscando conseguir documentos para las causas de lesa humanidad”, dijo.

En este momento trabaja sobre unos 8000 documentos. En el 2002, recordó, el gobierno de Estados Unidos desclasificó cerca de 5000 documentos del Departamento de Estado. Pero además de eso, trabaja “otro material que es producto de nuestro trabajo, en el que desde el año 2000 conseguimos otros 2000 documentos. Y ése es el acervo de documentos desclasificados del que he hecho búsquedas y aportado lo que aportaré hoy”. En su declaración, también se detuvo en el contexto. El rol de la Embajada durante la gestión de James Carter y las negociaciones con el dictador Rafael Videla para habilitar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.