La Justicia Contenciosa Administrativa platense condenó al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, a pagar una multa de 80 mil pesos por no prestar declaración testimonial en la causa que investigó el número de muertos por las inundaciones registradas en abril de 2013 en La Plata. Posse había dicho públicamente que las víctimas fatales fueron 360, pero luego nunca respondió a las citaciones judiciales para que diera precisiones sobre esa supuesta información que manejaba. Oficialmente, la Justicia fijó en 89 la cantidad de muertes.

La sanción fue dispuesta por el titular del juez en lo Contencioso Administrativo 1, Luis Arias, quien durante la investigación sobre el número de muertos por el temporal pidió a Posse que aclarara sus dichos del 3 de abril último, cuando aseguró que en La Plata habían fallecido 360 personas. Ese día, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Isidro, el jefe comunal dijo que “la información que nos dan es que murieron 360” personas y sostuvo que “nunca va a pasar de 100 (muertes) porque si pasa de 100 es catástrofe nacional y es una provincia intervenible”.

A raíz de eso, Arias –que una semana antes había dado a conocer el número de 89 muertos por la inundación– pidió a Posse que “ratifique o rectifique” sus dichos, para lo que otorgó un plazo de cinco días hábiles y la posibilidad de realizar el descargo por escrito. Sin embargo, el intendente nunca respondió e incluso durante su última visita a la ciudad capital aseguró que fue “a declarar ya hace tiempo”, lo que fue negado por el magistrado.

“Al día de la fecha no se ha recibido formalmente respuesta alguna a los citados requerimientos, lo cual comporta una clara de-

sobediencia de la orden judicial por parte de Posse”, sostuvo Arias en el fallo. Asimismo, consideró que “el incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial implica un acto de suma gravedad institucional, toda vez que socava la legitimidad de las autoridades públicas, para exigir igual comportamiento a los miembros del grupo social que representan”.

Arias dispuso el pago de 80 mil pesos y remitió una copia de lo actuado a la Justicia Penal (Unidad Funcional de Instrucción) por “presunta comisión de delitos de acción pública”. El magistrado ordenó también dirigir una copia al Concejo Deliberante de San Isidro a fin de que el cuerpo de concejales “adopte las medidas que crea correspondientes”.