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“Me amenaza, incluso, delante de los agentes policiales ... que me va a prender fuego, que me va a dejar en silla de ruedas y cosas así. No sé cómo él hace todo lo que hace y sigue en la calle y la que está encerrada soy yo.” Mirta Graciela Martínez tiene 33 años y cinco hijos. Desde el 7 de mayo, cuando su ex pareja intentó ahorcarla, vive virtualmente tras las rejas: tiene asignada custodia policial las 24 horas dentro de su domicilio y no puede pisar la vereda porque su vida podría correr peligro. Mirta vive aterrada. Su ex ya se metió en la casa y le propinó varias golpizas. El suyo es el drama de muchas mujeres que –como quedó a la vista con el caso de Karina Cataldi, baleada en Cariló por su ex esposo, Domingo Altieri– no logran librarse de la violencia de sus maridos o concubinos ni aún separándose y tampoco encuentran protección en la Justicia. Peor todavía, con la separación su situación puede volverse más riesgosa si no cuentan con la ayuda adecuada: las estadísticas indican que el mayor porcentaje de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas se producen durante la separación o en las etapas posteriores a la ruptura. “Es como tener la muerte todos los días en la puerta de tu casa”, dice Mirta, con la voz quebrada.
El problema es enorme. Casi todas las semanas trasciende periodísticamente algún caso de una mujer atacada por su ex pareja. Y hay muchos casos que no llegan a los medios. Uno de los últimos que se conoció ocurrió en un maxiquiosco de Nueva Pompeya, el viernes, cuando un hombre baleó a su mujer y se suicidó: aparentemente atravesaban una crisis matrimonial. Dos días antes, en la ciudad entrerriana de Concordia, José Luis Fraticelli, de 36 años, atropelló a su ex y a su custodio, a quien creyó su actual pareja. La mujer había contratado al guardia porque era blanco de constantes ataques de parte de Fraticelli desde que resolvió separarse. El mismo miércoles en el porteño barrio de Abasto, un patovica directamente descuartizó a su pareja.
No son casos aislados. Como muestra, basta un relevamiento realizado en las oficinas descentralizadas que la Procuración de la Corte bonaerense tiene en los partidos de General Perón y Brandsen: en el 49 por ciento de los casos de violencia doméstica atendidos, el acusado de la agresión es el ex marido. Las denuncias son por lesiones (46 por ciento), amenazas de muerte (29 por ciento), homicidio (17 por ciento), incendio de casa (5 por ciento); muchas veces los delitos denunciados son varios. “Estas estadísticas se pueden extender al resto de la provincia. En los tribunales hay un alud de causas similares”, dice la abogada Silvana Paz, del Area de Política Criminal de la Procuración de la Corte bonaerense.
El drama es cotidiano. Según estima Paz, un mínimo de 4 a 5 causas por violencia doméstica se inician diariamente en los tribunales de familia. Y en las 30 oficinas descentralizadas que la Procuración abrió el último año en distintos puntos de la provincia –alejados de las cabeceras de los departamentos judiciales– uno de cada tres casos atendidos derivan de violencia familiar, según precisó Osvaldo Dameno, subsecretario de Política Criminal del organismo.
La situación de separación suele ser la más riesgosa para las mujeres que resuelven alejarse de un hombre violento. “En los países que llevan estadísticas serias, como España, la mayor cantidad de asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas suceden en el momento en que ellas deciden separarse o en etapas posteriores”, precisó Jorge Corsi, coordinador de grupos de hombres violentos en el Centro Integral de Salud Psicológica Masculina.
Aunque no conoce los datos estadísticos, el fantasma de su propio homicidio atormenta desde hace meses a Mirta Martínez. “El hombre violento no puede tolerar la idea de perder la propiedad sobre esa mujer, porque pierde el objeto de maltrato que puede aliviar sus tensiones. Matarla o intentar matarla es una forma de que no sea de nadie y que sólo puedapadecer en manos de él”, explica la psicóloga Susana Velázquez, especializada en el tratamiento de víctimas de violencia.
La bronca
Mirta vive en Lomas de Zamora, en la localidad de Ingeniero Budge, a unas quince cuadras del Puente La Noria. Este fin de semana, ella y Vicente hubieran cumplido 15 años de convivencia. Pero hace poco más de un año, después de descubrir que él había tenido hijos con otra mujer, le anunció su decisión de separarse. “Hasta ese momento jamás habíamos tenido problemas. Eramos una familia feliz. Pero el día que yo le puse los límites empezó a ponerse violento”, cuenta Mirta, sentada en su banquito pequeño, de zapatera, junto a la mesa en la que hace compostura de calzados. El taller está en la parte posterior de su local de venta de zapatillas, botines y camisetas de fútbol, que se comunica con su casa. El matrimonio fabricaba la ropa deportiva, pero Vicente se llevó de prepo todas las máquinas y ahora Mirta se dedica al arreglo de zapatos, con lo que logra mantener ajustadamente a los cinco hijos de ambos, de 14, 13, 12, 11 y 6 años. Los cuatro mayores van a la escuela porteña Nº 20, en Villa Soldati, y el más chico a un jardín del barrio.
“El nunca cumplió con nada de lo que le dijo el juzgado. No sé cómo hace todo lo que hace y sigue en la calle. Supuestamente todo lo que hace es excarcelable.” Mirta tiene mucha bronca. Terror y bronca. Como tantas mujeres que denuncian ser víctimas de malos tratos, esperaba que a partir de llevar sus padecimientos a los tribunales, la Justicia se encargaría de ponerle límite a la violencia ejercida por su ex concubino. Pero como en tantos casos, la Justicia no llega a protegerla. “Vivo encerrada, no puedo salir a comprar el pan, no puedo llevar a los chicos al colegio ni al parque...”. Hasta ese momento, Mirta hablaba con voz firme, segura, precisando con la palabra exacta cada etapa procesal, demostrando que había aprendido el lenguaje judicial a fuerza de golpes. Pero al nombrar a sus hijos, se quiebra: “No puedo ir a las reuniones de la escuela, no soy una mamá normal”, dice entre sollozos y hasta le queda resto para reírse de sí misma: “Cuando vienen los policías, yo les digo: estoy encerrada como la María Julia”.
Su ex pareja, de 61 años, de nacionalidad boliviana, se mudó apenas a una cuadra de la casa en la que Mirta vive con los chicos. Por eso, Mirta no se atreve ni a asomar la nariz a la calle. Tanto es así, que modificó su dormitorio y ahora duerme en una habitación pequeña, oscura, por cuya ventana, mínima, no puede ingresar una persona. Porque Vicente ya se le ha metido en la casa por la parte posterior, por los fondos, por un balcón.
Los golpes
La primera vez que la aporreó fue el 8 de noviembre del año pasado cuando ella le planteó la separación. “Me golpeó con un martillo por el cuerpo, por todos lados. El forense me revisó y constató las lesiones: tenía moretones por la cadera, por todos lados.” Ese día comenzó su pesadilla. Hizo la denuncia en la UFI 11 de Lomas de Zamora. A los 20 días cuando le llegó la citación judicial a Vicente, él la volvió a golpear. “Me agarró con el palo del secador de piso, me pegó y me arrastró por la casa”, recuerda Mirta. Al día siguiente, ella volvió a los tribunales de Lomas y se quedó con los cinco chicos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para hacer la denuncia –esta vez en la UFI 10– y que un forense le constatara las lesiones. Veinticuatro horas más tarde, el juzgado de Garantías Nº 5 dictaba la prohibición de ingreso a la vivienda por parte de Escudero. Pero el hombre no la respetó.
Mirta hizo cinco denuncias penales más contra él por lesiones y amenazas en las UFI de turno. “Venía a cualquier hora, se metía en la casa, me rompía la vidriera ...”. El 7 de mayo sucedió lo peor: cuando Mirta volvió a su casa después de retirar del jardín de infantes al menor de sus hijos, se encontró con Vicente adentro. “Me agarró del cuello y no me soltaba. Por suerte estaba mi cuñado. Pero nadie me lo podía sacar de encima. Hasta entró gente de la calle. Al final, mi hija de 13 logró meterse en el medio de los dos. Me soltó, pero me pateó y me golpeó. Quedé desfigurada.”
Fue este episodio el que llevó a la fiscal Marisa De Marco a ponerle custodia permanente dentro de su casa. Desde ese día un agente de la comisaría 10ª de Lomas de Zamora la custodia las 24 horas del día. El 22 de agosto la jueza de familia Nº 2 de Lomas de Zamora le prohibió a Vicente acercarse a menos de 200 metros de Mirta y de los chicos. Pero él insiste en burlarse de las Justicia. El 29 de agosto, ella lo volvió a denunciar por desobediencia.
La Justicia
La Ley 12.569 de Violencia Familiar, sancionada a nivel provincial en diciembre de 2000, constituyó un gran paso adelante para enfrentar el problema que sufren miles de mujeres bonaerenses. Dentro de las 48 horas posteriores a la denuncia, el juez puede disponer la exclusión del hogar del agresor, prohibirle el ingreso, fijar un perímetro de exclusión para circular y cualquier otra medida que asegure custodia y protección para la víctima. “El problema es que muchos jueces dilatan las medidas y no toman en cuenta la urgencia. La exclusión tiene valor cuando la mujer tiene herramientas para evitar que entre: hay casas que no tienen cerradura o no tienen puerta, además los hombres entran por la ventana. Es bastante común que en el juzgado citen a los dos el mismo día y si ellos las ven, las amenazan antes de que entren al despacho del juez. Por eso es muy importante, diría fundamental, el acompañamiento por parte de alguna entidad, o de una amiga, para que se sientan apoyadas, menos atemorizadas”, observa Marisú Devoto, titular de la Fundación Propuesta, una ONG con sedes en Lanús y Temperley que brinda asistencia gratuita, psicológica y legal, a mujeres golpeadas.
El otro gran problema es que nadie controla el cumplimiento de las medidas dispuestas por el juez y no hay ninguna sanción para quien no las acate, señala la abogada y diputada del ARI Marcela Rodríguez, quien presentó un proyecto para reformar la Ley 24.417 que rige a nivel nacional y está virtualmente cajoneado en la Comisión de Familia. “Se puede hacer la denuncia a nivel penal por desobediencia, pero deberían incorporarse sanciones para los que no cumplen”, opina Rodríguez. La Ley 24.417 tiene, además, otras limitaciones: no protege a las mujeres separadas, amantes y novias. Estas figuras, en cambio, sí están previstas en la norma bonaerense.
“Enfrentar la violencia familiar es difícil y falta mucho por hacer, pero somos conscientes de que es uno de los problemas más graves y recurrentes de cada localidad”, reconoce el subsecretario del Area de Política Criminal de la Procuración de la Corte bonaerense. En 2001 se conformó una mesa provincial intersectorial contra la violencia familiar para delinear políticas públicas, integrada por ese organismo, la Policía Bonaerense, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y el Consejo del Menor, pero en dos años no ha hecho demasiado. A tal punto que “recién se está debatiendo en su seno la posibilidad de crear un 0-800 específico para brindar asesoramiento a las mujeres”, según confió un especialista que se integró a las reuniones en los últimos meses.
Mirta ya no sabe a quién recurrir para normalizar su vida: “Quiero que la Justicia haga algo, que me dé una solución. Dicen que hay lugares dónde recurrir, pero no es cierto. Fui a la Dirección de Minoridad de Lomas y no me dijeron nada. No entiendo qué están esperando: ¿que me pegue un tiro, que me saque una pierna, que termine muerta?”.
–¿Estás más tranquila con la custodia policial?
–Estoy viva.