Treinta y siete familias que, desde hace 25 años viven, con sus 70 niños, en diferentes habitaciones de una casona de Boedo, comenzaron anoche una vigilia para resistir el desalojo previsto para hoy. Con el apoyo de legisladores y referentes de distintas organizaciones sociales, las familias reclaman que se abra una mesa de negociación con el gobierno porteño para arribar a un acuerdo, desactivar la medida y garantizar su derecho a una vivienda digna.

“Estamos dispuestos a pagar un alquiler porque no queremos que nos regalen nada. Sabemos que esto no es nuestro, que tiene un dueño, pero queremos sentarnos a negociar para que no quedemos en la calle”, afirmó Luis Roldán, delegado de los ocupantes de la casona de Avenida Pavón 4100. Roldán explicó que el edificio fue ocupado por más de 100 personas sin techo después de haber permanecido algún tiempo vacía tras el cierre de un colegio de la colectividad judía que funcionaba allí.

Hasta el año 2001 las familias no recibieron reclamos de los propietarios del lugar. Sin embargo, los nuevos dueños iniciaron una causa por desalojo que ya produjo distintas órdenes de desocupación, que fueron oportunamente frenadas por recursos de amparos como el que presentó ayer la Defensoría General de la Nación.

Pero si estas gestiones no prosperan, seguirá adelante el operativo de desalojo. “Acá nos quedaremos, vamos a resistir pacíficamente. Si nos podemos quedar acá, bienvenido sea, pero si no se puede, que nos digan a dónde podemos ir porque si a nosotros nos sacan un techo, queremos un techo, se tienen que hacer responsables”, dijo Roldán.

“Nosotros pagamos todos los servicios, incluso hemos pagado deudas que habían dejado y si no pagamos un alquiler es porque nunca tuvimos a nadie que nos dijera ‘por cada pieza pagan tanto’”, aseguró Claudia Iriarte, que comparte una de las habitaciones del lugar con su familia.

El reclamo sumó el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó para incorporarse en calidad de amicus curiae a la causa.

La asesora general tutelar, Yael Bendel, explicó que “es un desa-lojo entre privados, pero la Asesoría General Tutelar se hará presente para garantizar los derechos de niños y adolescentes que se encuentran allí. Lo ideal es poder trabajar con antelación, anticipándonos al desalojo para que estas familias sean censadas y conocer cada situación”.