La jueza Fabiana Palmaghini confirmó a la fiscal Viviana Fein al frente de la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman, al rechazar un pedido de Sandra Arroyo Salgado para desplazarla. En su resolución, advirtió que las discrepancias con el modo en que tramita el expediente no bastan para apartar a la fiscalía de la dirección de la pesquisa. En otra decisión, en cambio, le dio la razón a la ex esposa del fiscal: sostuvo que el peritaje tecnológico sobre el contenido de sus computadoras, teléfonos y otros aparatos continuará, pero sólo se hará con material previamente seleccionado por el juzgado para preservar cuestiones que afecten la intimidad.

Arroyo Salgado había cuestionado por escrito el modo en que Fein instruye la causa: señaló lentitud y acusó a la fiscal de direccionar el caso hacia la hipótesis de un suicidio sin ahondar en la opción de un homicidio. Es parte de una pelea en que la querella trata de imponer su teoría de que a Nisman lo mataron, que se contrapone con los datos arrojados por la autopsia del Cuerpo Médico Forense y los informes de peritos oficiales, que no incluyen la participación de terceros en la muerte. Arroyo Salgado le pidió a Palmaghini que asuma ella misma la investigación, que hasta el momento conduce Fein porque así lo establecen las reglas procesales cuando no hay un autor o sospechoso identificados. La causa aún está caratulada como “muerte dudosa”. Sólo está imputado el técnico informático Diego Lagomarsino por haberle prestado a Nisman un arma sin ser usuario legítimo, de la que salió el disparo mortal.

Palmaghini –quien con anterioridad le atribuyó demoras a la querella– rechazó el pedido. Dijo –según pudo saber este diario– que las desavenencias con el desarrollo de la investigación no habilitan que el juzgado asuma la conducción de la causa. También retrucó el argumento de Arroyo Salgado de que una mala actuación de los fiscales puede generar responsabilidad internacional para el Estado argentino. Le recordó que a ella, sus hijas y su suegra las representa otro órgano equiparable, que es el Ministerio Público de la Defensa, cuya actuación también podría –señaló– generar consecuencias de acuerdo al derecho internacional.

Así, Fein seguirá adelante con todos los pasos que tenía previstos, que van desde tomarles declaración a la hermana del fiscal fallecido, Sandra Nisman, y a la madre, Sara Garfunkel, hasta convocar a una junta médica para intentar saldar la discusión que se abrió a partir de que la querella presentó un informe de peritos contratados en forma privada que dan una explicación científica de que a Nisman lo mataron, cambiando –entre otras diferencias– hasta el horario en que la autopsia oficial señalaba la muerte: Arroyo Salgado dice que fue el sábado en la tarde-noche, el Cuerpo Médico Forense, el domingo al mediodía.

Lo que no se va a poder llevar a cabo tal como Fein había dispuesto es el estudio tecnológico del contenido de celulares, computadoras, discos rígidos, ipad, palm y gps de Nisman, que Palmaghini resolvió dejar tal como lo pidió Arroyo Salgado. Ella había logrado frenar el peritaje no bien empezó, cuando saltó a la vista de los peritos presentes que la netbook de Nisman registraba navegaciones por la web el domingo a la mañana, lo que se contrapone con el horario de muerte que señala la querella, en base a lo cual siembra sospechas sobre Lagomarsino. Ante un pedido de la querella, Palmaghini ordenó que los peritos de parte coordinados y de la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal dejaran de visualizar lo que había en los aparatos. El abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, pidió revocar el planteo por considerarlo extemporáneo. La jueza Palmaghini le dio la razón a Arroyo Salgado y criticó a Rusconi. Sostuvo que el peritaje nunca se detuvo, que no hay demoras y que la información estará hoy a disposición de los peritos de parte. Como equipara el contenido cibernético y telefónico con correspondencia privada, dice que el juez tiene la atribución de hacer una selección en presencia de su secretario del material que pueda ser útil para esclarecer la muerte y preservar lo que pueda afectar la intimidad. Rusconi le objeta que “hay información que es incomprensible para alguien que no es técnico en informática, por eso nosotros insistimos en que debe participar nuestro perito, y si hay algo que ostensiblemente afecta la vida privada no cuestionaremos que se omita”. El abogado anunció que volverá a cuestionar la medida.