[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Willem de Haan es profesor del departamento de criminología y derecho penal del Centro de Justicia Penal Internacional de la Universidad de Amsterdam. Desde 2002 viene una vez al año a la Argentina, especialmente interesado en el proceso de justicia transicional, dentro del cual aparecen no sólo los juicios a los militares, sino también, dice, las investigaciones sobre la complicidad civil. En esta nota evalúa los avances y el marco internacional. Explica cómo los análisis de sus estudiantes confirman la hipótesis de que las empresas se involucran en violaciones de los derechos humanos debido a las circunstancias excepcionales como la dictadura militar en las que intervinieron y desde donde obtuvieron beneficios económicos. Y reflexiona sobre los fallos de la última semana sobre tres causas emblemáticas como Papel Prensa, el diario La Nueva Provincia y el caso Blaquier. “Si bien los hechos no están negados y la empresa es cómplice en crímenes de lesa humanidad, la prueba de la responsabilidad individual deja a la Justicia un problema porque la causa puede fracasar. Superar estos problemas jurídicos es difícil también por el poder económico y político de las empresas y la vulnerabilidad de la Justicia con respecto a la presión política. En este caso es difícil evitar la impresión de que las decisiones judiciales no están basándose exclusivamente sobre los hechos y las pruebas.”

–¿Cuál es la lectura que hizo del fallo de Casación en la causa Blaquier?

–Hasta ahora tenía la impresión de que la política de derechos humanos en Argentina tuvo importantes avances. El año pasado, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, destacó que la Procuraduría había empezado a ocuparse de los cómplices civiles. Este fue un paso importante, porque las estructuras políticas y económicas de la dictadura militar en la Argentina y el papel de los actores civiles y económicos no había recibido tanto interés como los represores individuales. En el marco internacional, la indagación de complicidad empresarial es un desafío que tiene muchos obstáculos. Fue prometedor cuando, en enero de este año, un informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad destacó en ese sentido avances importantes. Después de eso, nos encontramos con los rechazos de tres casos de complicidad empresarial en menos de una semana.

–¿Es una sorpresa?

–Desde una perspectiva internacional, no es sorprendente. En general, es muy difícil enjuiciar a dueños o gerentes de empresas grandes. Hay problemas legales y jurídicos con respecto a pruebas, pero también problemas de prácticas y de políticas. Entre los problemas jurídicos está que la complicidad de una empresa no existe en el derecho penal en la Argentina, tal como tampoco existe en la mayoría de las jurisdicciones en el mundo. Y la responsabilidad criminal individual es muy difícil de probar, o sea, la prueba de la de causalidad, del conocimiento y de la previsibilidad. Entonces, si bien los hechos no están negados y la empresa es cómplice en crímenes de lesa humanidad, la prueba de la responsabilidad individual deja a la Justicia un problema. Superarlo es difícil también por el poder económico y político de las empresas. En este caso es difícil evitar la impresión de que las decisiones judiciales no están basándose exclusivamente sobre los hechos y las pruebas.

–¿Por qué?

–Con frecuencia me sorprende la polarización en la Argentina, no sólo en la política, sino también en la Justicia. Es como si la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de Justicia fuera muy porosa. A propósito (pensando en Papel Prensa): se nota que aparentemente fue posible rechazar en menos de 24 horas un caso en que hasta ahora cada decisión tomó por lo menos un año. Por otro lado, la politización de la Justicia en la Argentina no es tan diferente del derecho penal internacional.

–¿Qué sucede con la posibilidad de avanzar en el marco internacional?

–En el marco internacional, el enjuiciamiento de dueños o gerentes de empresas por su complicidad en crímenes de lesa humanidad todavía es excepcional. En mi país, Holanda, un gerente estaba condenado a 17 años en prisión por crímenes de guerra en Irak. Pero, en casos como la complicidad de Mercedes-Benz o Ford en crímenes de lesa humanidad en la Argentina, los jueces en Alemania o los Estados Unidos tampoco se mostraron dispuestos a proceder. Afortunadamente, estos crímenes son imprescriptibles. Establecer los hechos de la complicidad de las empresas es un paso importante y necesario para terminar con la impunidad.

–Existe una preocupación por los efectos del fallo de Casación. Los camaristas hablan de Blaquier, pero esta interpretación puede alcanzar otros casos. Sobre todo cómo aparece aquí leído el aporte “civil” a la dictadura, como “una colaboración admitida”. ¿Qué puede decir sobre esto?

–Según el Informe de la Comisión Internacional de Juristas sobre Complicidad Empresarial y Responsabilidad Legal (2008), el aporte material de camionetas fue el modo en que la empresa “facilitó” a los represores la forma de cometer los crímenes de lesa humanidad. Entonces, en esta perspectiva internacional, de ninguna manera esa facilitación puede ser un “aporte civil”. Sin embargo, me parece muy probable que la interpretación de la ley penal en la Argentina por la Cámara de Casación –que los aportes “civiles” a la dictadura fueron “una colaboración admitida”– alcance otros casos como nueva jurisprudencia.

–En esta causa se pensó en el contexto histórico para pensar en el conocimiento que Blaquier o la administración del ingenio podían tener sobre lo que sucedía. ¿Cree que es posible pensarlo así?

–Sí, es posible pensar el “contexto histórico” como parte de la prueba penal subjetiva. Por ejemplo, en la Argentina veremos un evolución en la interpretación del “contexto” desde crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un plan criminal organizado y sistemático en el juicio de 1985; en el marco de terrorismo de Estado en los años 1990 y en el marco de un genocidio. Un plan criminal implica la responsabilidad criminal con autores mediatos. El terrorismo de Estado implica la responsabilidad de superiores en la jerarquía militar o policial que existe en el derecho penal internacional como la responsabilidad de los superiores por omisión. De una perspectiva criminológica, el marco de un genocidio los piensa en el marco de una responsabilidad civil y social. No sé si el marco de un genocidio realmente tiene consecuencias legales en los juicios. El derecho penal internacional mantiene una definición más restrictiva que la actual en la jurisprudencia en Argentina.

–¿Cuál es su relación con la Argentina?

–Al principio me interesé por razones personales. Conocí refugiados argentinos que llegaron a mi país alrededor de 1978. En los años ’90 me enseñaron a bailar tango y así me llevaron a la Argentina por primera vez en 1999. Desde 2002 estuve en la Argentina cada año y cada año paso aún más tiempo en ese hermoso país. Lo más importante es que en la Argentina se produce un proceso de justicia transicional, dentro del cual aparecen no sólo los juicios a los militares, sino además las investigaciones sobre la complicidad civil. Es interesante para mí porque los holandeses no somos muy buenos discutiendo la complicidad civil, por ejemplo en nuestro pasado colonial o la colaboración con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Todavía tenemos dificultades para enfrentar los hechos y lidiar con ellos. Me convertí en profesor del Centro de Justicia Internacional Penal de la Universidad en Amsterdam. Ahí hacemos estudios sociales y legales, teoréticos y empíricos sobre crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, primero para explicar estos crímenes y segundo para encontrar respuestas legales, sociales y políticas, adecuadas y efectivas. No sólo empresas argentinas colaboraron y se beneficiaron con esto, sino también multinacionales como Ford y Mercedes-Benz. Ahora estamos trabajando en un proyecto sobre la complicidad de multinacionales holandesas en violaciones de los derechos humanos en los años de la dictadura en la Argentina.