Miércoles, 19 de agosto de 2015 | Hoy
SOCIEDAD › PROPONEN UN CUERPO DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GéNERO
Un proyecto de ley del senador Juan Manuel Abal Medina, que cuenta con apoyo de referentes de distintos partidos, plantea la creación de un cuerpo de abogados que brinde patrocinio jurídico gratuito a víctimas de todo el país.
El senador por la provincia de Buenos Aires Juan Manuel Abal Medina presentó un proyecto de ley para crear un cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, dependiente del Ministerio de Justicia, para “garantizar el acceso a la Justicia de las personas víctimas de género”. La iniciativa, que ingresó ayer al Senado, cuenta con apoyo de senadores de distintas identidades partidarias, como Gabriela Michetti, Rubén Giustiniani, Pedro Guastavino (quien preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales) y Marina Riofrío (presidenta de la Banca de la Mujer). En el Senado, estimó el legislador Abal Medina en diálogo con este diario, el texto contaría con los votos necesarios para lograr la media sanción.
En los fundamentos, el proyecto señala que “la problemática de género no sólo forma parte de la agenda de gobierno, sino que también está presente en la agenda mediática, e interpela a la sociedad en su conjunto”. “Las miles de personas que se manifestaron el pasado 3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna ‘Ni una menos’ son la expresión de un reclamo que llama a redoblar los esfuerzos para hacer efectivos los derechos consagrados”, afirma el texto, que también enfatiza la pluralidad de voces que sostuvo “la necesidad de concretar avances en torno de cinco puntos muy precisos”, que se leyeron ese día y pueden encontrarse en www.niunamenos.com.ar.
El proyecto propone que el cuerpo de abogadas y abogados sea un “organismo descentralizado” que funcione en el ámbito de la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho privado”. El organismo quedaría a cargo de “un director ejecutivo, quien tendrá rango y jerarquía de subsecretario de la Nación”.
El grupo de profesionales deberá “brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal en todo el territorio nacional” a víctimas de violencia de género, coordinar tareas con organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público de las distintas jurisdicciones “a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial”. Entre sus potestades, contempla también “promover la unificación de criterios para el registro de información sobre hechos y casos de violencia de género, elaborando estadísticas y difundiéndolas periódicamente”.
La especialización del organismo, de acuerdo con el proyecto, podría ser el comienzo de un área más específica en el Estado. El cuerpo de profesionales “se constituirá como una carrera especial dentro de la administración pública y con su escalafón propio”. Al organismo sólo se podrá ingresar “mediante concurso público de oposición y antecedentes”. También habrá “una instancia obligatoria de formación especializada en la materia”. Por otra parte, “las abogadas y abogados del cuerpo no podrán ejercer la abogacía de manera privada en casos de violencia de género”.
Además de brindar patrocinio, el cuerpo de especialistas deberá establecer convenios y coordinar acciones “con colegios profesionales, institucionales académicas y organizaciones de la sociedad civil”, realizar capacitaciones y actualizaciones para “operadores del sistema de administración de justicia y otros actores implicados en el abordaje integral de la violencia de género”.
El director ejecutivo del organismo –abogado graduado en una universidad nacional, con cinco años de matriculación y experiencia en el tema, designado “por el Poder Ejecutivo”– servirá, además, de enlace entre el organismo y “organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras” y de “coordinación con otros organismos” del área.
Abal Medina señaló a este diario que el proyecto podría “ser aprobado por unanimidad”. “La idea fue buscar algo concreto, que tuviera máxima legitimidad institucional”, agregó. “Por lo que conozco, creo que el proyecto va camino a convertirse en ley. Tiene apoyos que cortan transversalmente lo partidario, porque es difícil que los legisladores no entiendan que el Estado puede y debe hacer eso”, dijo Abal Medina.
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