Después de mostrarse notablemente indiferente al tema, el diario La Nación le dedicó su contratapa de ayer al edificio de la Confitería del Molino, en Callo y Rivadavia. Lo hizo con una nota que asombra por los errores más básicos en cuanto a la descripción del lugar y que busca alarmar sobre el estado del edificio. La explicación del repentino interés por un hito del patrimonio porteño que fue descuidado por sus dueños privados por décadas, hasta llevarlo a la ruina, y que fue cerrado sin más en 1997 es simple: el Molino está en proceso de compra por el Estado.

La notable obra de Francesco Gianotti fue inaugurada en 1916 con sus fachadas iluminadas con lámparas eléctricas, toda una novedad en la época, para festejar el Centenario de la Independencia. El edificio actual unifica dos preexistentes –uno flamante de departamentos sobre Callao y la confitería de 1900 en la ochava– y le agrega un lote pequeño sobre Rivadavia. El Molino continuaba un molino harinero y panadería fundada en tiempos de Rosas y demolida cuando se crearon las plazas frente al Congreso, y el nuevo edificio era un gesto para colocar a la confitería entre las mayores y mejores del país.

Pero en 1997, tras quiebras dudosas y ya en un avanzado estado de abandono, el edificio fue cerrado, quedando apenas cuatro departamentos ocupados y un portero que hacía lo que podía. El edificio llegó a su compra por el Estado sin agua ni gas, y con precarias instalaciones eléctricas de cables tirados de cualquier manera por las escaleras y pasillos.

El rescate de esta pieza fundamental de nuestra cultura edificada comenzó en el Senado, con la media sanción de un proyecto para expropiarlo y crear un Centro Cultural que incluía reabrir la confitería con concesionarios privados. El proyecto fue piloteado a través de las comisiones legislativas y terminó siendo votado por unanimidad en noviembre pasado de la mano del presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez. El ex intendente de Chacabuco, ex ministro de Agricultura y reciente precandidato en las PASO mostró una sensibilidad hacia el patrimonio rara en su profesión: fue quien restauró la bella sede de Agricultura en la avenida Paseo Colón y quien creó el PRIE, el plan que no sólo está terminando la restauración del Palacio Legislativo sino que reunió el mayor equipo de restauradores que se haya visto en Argentina. Ese mismo equipo se encargará de los trabajos en El Molino.

La ley fue sancionada en diciembre y ahí comenzó el largo trámite legal para hacer efectiva la compra. Según el texto de la Ley 27.009, el Ejecutivo compra el edificio y se lo sede sin cargo al Legislativo para la reapertura de la confitería y la creación de espacios de oficinas, un museo de sitio y un centro cultural. Como El Molino es un monumento histórico nacional y está catalogado por la Ciudad, se requieren pareceres técnicos diversos. Además, como en toda compra estatal por ley, interviene un tribunal especializado en tasaciones, único neutral y habilitado para fijar el precio final de la operación.

Nada de esto se entiende en la nota de La Nación, que arbitrariamente da por “estancado” el trámite e inventa que se había programado su reinauguración para 2016, algo imposible por la escala de la obra en un edificio de miles de metros cuadrados. Según un comunicado de la Cámara de Diputados de ayer, el trámite está desde principios de mes en el lugar exacto donde debe estar, la Comisión Nacional de Museos y de Bienes Históricos, nuevo nombre de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. También interviene la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete, que hace tiempo tiene disponibles los fondos para la compra.

La verdadera razón de la demora, sin embargo, son los dueños privados del edificio del Molino. Los dueños no sólo se negaron a permitir la entrada de los tasadores judiciales, lo que hubiera agilizado mucho el trámite, sino que afirmaron que sólo los dejarían entrar “por carta documento” y con la fuerza pública. Estos dueños siguen cobrando alquileres por departamentos sin agua ni gas, y con instalaciones precarias de luz en un edificio sin ascensores ni iluminación de pasillos. Tampoco hicieron nada por asegurar la integridad del lugar y hasta se negaron a dejar entrar a los técnicos y arquitectos del Congreso, que ofrecieron instalar andamios y consolidar la envolvente del edificio aún antes de la compra, haciendo ellos lo que deberían estar haciendo los privados.

Ninguno de estos factores aparece en la nota de La Nación, que sí agrega afirmaciones casi disparatadas. Por ejemplo, que el remate del edificio está decorado con “tejas enchapadas en oro”, confundiendo simples mayólicas doradas con oro de verdad. De hecho, la nota dice que apenas “sobreviven algunas” de estas “chapas de oro”, cuando una reciente visita permitió comprobar, en persona, que apenas faltan dos. También se define a la torre del edificio como “la cúpula en aguja de hierro”, siendo que es una notable pieza de hormigón pretensado.

La nota hasta incluye una sugerencia bastante siniestra, realizada por una fuente anónima en la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad. La fuente indica que “vamos a enviar una guardia de auxilio”, nombre de un grupo especializado en demoler partes críticas de cualquier edificio y tirarlas a un volquete. El grupo no incluye restauradores ni especialistas y la última vez que intervino en El Molino, de oficio, terminó de destruir lo que quedaba de los vitrales de la cúpula. El destrozo fue tal, que resulta difícil imaginar cómo se reconstruirá ese elemento del edificio.