Amnistía Internacional sostuvo que la política anunciada la semana pasada sobre “protección de los derechos humanos de las y los trabajadoras/es sexuales (...) no protege a los proxenetas” y ratifica en ese sentido que “los terceros que exploten a trabajadores o trabajadoras sexuales o abusen de ellos deben ser criminalizados”. Ante las repercusiones críticas del anuncio, tanto a nivel nacional como internacional, Amnistía insiste en que “defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos, que no incluyan coerción, explotación o abuso”. Sobre ese punto aclara que le preocupan la existencia de leyes “excesivamente amplias, como las que prohíben ‘promover la prostitución’ o ‘regentear burdeles’” porque “se utilizan a menudo contra trabajadores y trabajadoras sexuales y criminalizan las acciones que emprenden para tratar de mantenerse a salvo”. Como ejemplo señala que “en muchos países, si dos trabajadores o trabajaras sexuales trabajan juntos por motivos de seguridad se considera que forman un ‘burdel’”.

Respecto de este tipo de situaciones, Amnistía señala que la política aprobada el 11 de agosto pasado en Dublín, Irlanda, en una reunión de la que participaron 400 delegados de 70 filiales nacionales del organismo, lo que está pidiendo es que “las leyes se orienten para abordar los actos de explotación, abuso y trata, en lugar de establecer delitos de carácter muy general que criminalizan a los trabajadores y las trabajadoras sexuales y ponen en peligro su vida”. La postura de Amnistía está contenida en dos documentos enviados a Página/12, para precisar algunos aspectos de la información publicada el miércoles 12 de agosto, sobre la base de cables difundidos por agencias internacionales de noticias.

En la introducción, Amnistía recuerda que viene trabajando desde “hace más de 50 años” en defensa de los derechos humanos de “los grupos e individuos en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad”. De allí su preocupación por las y los trabajadores sexuales “que a menudo se encuentran entre las personas más marginadas de la sociedad” porque “son perseguidas/os y violentadas/os por la policía, discriminadas/os a la hora de acceder a servicios de salud, seguridad social, vivienda y educación”.

Luego reitera que Amnistía “condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual” y precisa que “la despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas”, que constituye “una violación inadmisible a los derechos humanos y debe ser penalizada como cuestión de derecho internacional”. Al mismo tiempo, puntualiza que “no hay estudios ni indicios que sugieran que la despenalización da lugar a un aumento de la trata”.

Luego de señalar que la política de Amnistía “no protege a los proxenetas”, ratifica que al mismo tiempo “defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos, que no incluyan coerción, explotación o abuso”. En el documento se dice que perseguir a trabajadoras y trabajadores sexuales los “expone a situaciones de riesgo” porque “la desigualdad de género y la discriminación pueden influir enormemente en que mujeres y travestis se dediquen al trabajo sexual”.

Afirma que no son “ingenuos ni indiferentes” ante los problemas que arrastran a esos grupo a la prostitución, pero sostiene el convencimiento de que “criminalizar a las mujeres y travestis por su falta de opciones o el utilizar leyes penales y prácticas policiales” no hacen otra cosa que exponerlos “a mayores riesgos para su vida; no creemos que el derecho penal sea la respuesta a este problema”.

El organismo internacional advierte que sus acciones están orientadas a que “ninguna persona se inicie en el trabajo sexual contra su voluntad ni se vea obligada a depender de él como único medio de supervivencia”, pero dice al mismo tiempo que “los Estados deben tomar medidas adecuadas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas” y en el caso de los que se dedican al trabajo sexual deben buscar que “puedan abandonarlo cuando lo deseen”.

En este sentido, la advertencia apunta a “las leyes que criminalizan la compra de sexo” porque “trasladan a las/os trabajadoras/es sexuales los riesgos para proteger a los compradores y evitar que sean detectados por la policía”. En referencia a los clientes, la política de A.I. “no establece que pagar por trabajo sexual sea un derecho humano ni defiende los derechos de quienes compran sexo: se centra exclusivamente en proteger a las/os trabajadoras/es sexuales que se enfrentan a una serie de violaciones de derechos humanos vinculadas a la criminalización”.

Resaltan que la política diseñada a partir de la reunión en Dublín se basa “en una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas”, tomando en cuenta el trabajo realizado por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, Onusida, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y otros organismos de la ONU. También se tuvieron en cuenta “las posturas adoptadas por otras organizaciones como ONU Mujeres, OIT, Anti-Slavery International y Human Rights Watch, Open Society Institution (OSI), la Alianza Global contra la Trata de Mujeres”. Además, fueron escuchados “testimonios de más de 200 trabajadores/as sexuales, y ex trabajadoras/ es sexuales, la policía, gobiernos y otros organismos”.