Cansado de sufrir, un vecino de Bariloche, paciente diabético insulinodependiente con una seria afección cardíaca y pérdida progresiva de la visión, presentó ante la Justicia un recurso para que le practicaran la eutanasia. Aseguró que los medicamentos que necesita no le llegan y le resulta imposible comprarlos por cuenta propia. Hace 9 años que espera por un amparo de salud ante la Cámara Laboral local. Fue despedido dos veces de la administración provincial e inició un “juicio sumarísimo” al quedar desempleado por segunda vez, pero la causa está congelada y eso lo mantiene sin esperanza. Actualmente se encuentra sin cobertura social de ningún tipo. El juez de Amparo de Bariloche analiza el caso.

“Es una decisión drástica pedir la eutanasia, pero no tengo alternativa. Esta es una dolorosísima enfermedad, no tengo solución ni mucho para elegir. Llevo una vida indigna. No existe ninguna contención en el hospital, nunca me llega la insulina ni las tiras reactivas del Programa Pro Diabetes que manda la Nación a través de la provincia”, expresó Guillermo Vélez, de 64 años. El hombre vive en una modesta casilla prestada en el oeste de Bariloche, sin luz ni gas. Cuenta con el acompañamiento de su ex mujer, Beatriz Oyarzún, quien presentó el recurso de amparo en su nombre, ya que el paciente no pudo siquiera bajar del auto para concurrir por sus propios medios.

Vélez dijo que cada vez que consulta en el programa por sus insumos le dicen que las partidas fueron enviadas a Río Negro. “Pero desaparecen. Y esto les pasa a muchos que reciben medicamentos caros, los envían pero no llegan”, denunció. “Es imposible adquirir medicamentos cardíacos o diabéticos. El hospital no cumple con la Ley del Diabético, que ordena proveer todo lo necesario a los pacientes para que puedan llevar una vida normal. En los últimos dos años fui empeorando, tuve dos infartos y estoy perdiendo la visión”, relató. Vélez sostuvo que hace años espera por un amparo de salud: “Este recurso puede demorar 24, 36 o 72 horas, pero nunca nueve años. Y cuando un juez resuelve, el hospital o la provincia no hacen caso”, expresó.

Guillermo Vélez contó que fue cesanteado dos veces de su trabajo en la administración provincial por su condición de militante justicialista. La primera fue tras el golpe militar de 1976, cuando también fue preso y perseguido y debió exiliarse. Reincorporado en 2011, pese a su enfermedad fue despedido nuevamente a fines de 2013 y se quedó sin cobertura social. Al trascender por anticipado que iban a producirse los despidos, entregó al gobernador Alberto Weretilneck una carpeta con su caso en la que pedía conservar su trabajo y la obra social provincial Ipross por su enfermedad. Pero le fue peor: “A los dos meses me echaron sin explicación, perdí el sueldo y la cobertura”, dijo con enojo. Entonces inició un “juicio sumarísimo”, pero lleva 15 meses esperando alguna novedad sobre la causa, por lo que dijo sentirse “desahuciado y terminal”. “Trabajé toda mi vida, no soy suicida, soy normal; no me voy a quitar la vida por mi propia mano. Pero no puedo vivir así. Tal vez el próximo infarto me salve de la eutanasia”, afirmó Vélez con amarga ironía, y explicó que pidió el amparo ante el juez Jorge Serrasin sin asesoramiento ni patrocinio legal.

A diferencia de la muerte digna, que cuenta con una ley habilitante desde 2012, la eutanasia no es legal en Argentina. Sin embargo, el 7 de julio pasado murió Marcelo Diez, un neuquino que pasó 21 años en estado vegetativo, cinco horas después del fallo en el que la Corte Suprema de la Nación autorizara para su caso la aplicación de la ley de muerte digna.