En Córdoba comienza hoy un juicio oral y público por jurados contra el comisario Pablo Márquez. La acusación, haber ordenado a sus subordinados realizar detenciones masivas para cumplir con un número que lo favoreciera con estadísticas para el ascenso, pone en el banquillo, junto a Márquez, a la Policía de Córdoba, sus métodos, y al Ministerio de Seguridad, que en Córdoba suele ser el último peldaño en la carrera policial. Lo curioso del juicio, y que es lo que lo hace trascendente, es que la acusación surge de tres denuncias presentadas por policías que trabajaban bajo las órdenes del propio Márquez y que lo acusaban de someterlos a castigos laborales (recargas de horas sin paga) cuando no cumplían con las cantidades exigidas. Dos de los tres uniformados se presentan hoy como querellantes ante el jurado popular. Al juicio se llega con la impronta policial por varios lados: además de los denunciantes y del acusado, varias amenazas sufridas por uno de los testigos, Hugo Seleme, director de un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba que investigó e informó sobre el desatino de las razzias policiales, señalan que los uniformados también quieren estar presentes con sus particulares métodos de lobbistas de la sentencia.

Este diario publicó en febrero de 2012 la denuncia de una mujer policía –la subinspectora Natalia Zárate– contra el comisario Pablo Márquez a cargo por entonces del CAP (Comando de Acción Preventiva). Lo había acusado a fines de 2011 de que obligaba a sus subordinados a detener personas para “hacer números”. En su declaración figura que de no existir delito “tenemos que inventarlo”, y si no había detenidos tenían que mantenerse en sus puestos hasta que los hubiera, y que en esos casos podían estar en el puesto hasta siete horas más, sin que eso se verificara luego en la paga de horas extra. Zárate se decidió a presentar su denuncia después que un día tenía que cumplir adicionales en otro lugar y tuvo que retirarse y como respuesta obtuvo: “Si te vas y pasa algo entre 9 y 10, sos boleta”.

La denuncia la tomó la fiscal Dolores Romero Díaz, quien en su investigación descubrió que otros dos uniformados ya habían denunciado a Márquez –en marzo de 2011, el sargento ayudante Jesús César Calvo; y en junio de ese años– por el mismo motivo. Calvo y Zárate se presentan hoy como querellantes. Aquellas denuncias fueron sostenidas en aquel momento por más de una docena de policías del CAP.

Entre las declaraciones, que figuran en el expediente, recordaban que, en enero de 2011, Márquez reunió a sus subordinados y les indicó: “Quiero ser protagonista. Estoy avalado por mis superiores y pienso dedicarme a hacer números, así que necesito que las patrullas me empiecen a traer detenidos, con o sin causa”.

“Quería detenidos –sostuvo un sargento ante la fiscalía–. No quería que le trajéramos ni motos, ni bicis, ni autos menores secuestrados porque no le sumaban para la numeraria que le pedía la superioridad”. Otro declaró que “nos mandaban a hacer ‘cargas de detenidos’” y “nos decían que trajéramos a cualquier salame”.

Los denunciantes y sus colegas que acompañaron las denuncias con declaraciones coincidieron en que la versión preventiva primero-detengo-y-cuento llegaba desde más arriba que el propio Márquez. El entonces ministro de Seguridad y ex jefe policial Alejo Paredes había negado la denuncia que tildó de descabellada. Pero para esa época, el director del Programa de Etica y Teoría Política de la UNC, Hugo Seleme, había iniciado con su equipo una investigación en cooperación entre la UNC y la Universidad de La Rioja, de España, sobre la selectividad policial aplicada mediante el polémico Código de Faltas de la ciudad de Córdoba. La investigación se concentró, especialmente, en la aplicación de las figuras de merodeo, negación a identificarse y, así como lo lee, posesión injustificada de llaves alteradas.

El informe resultante es contundente y es uno de los motivos por el que Seleme fue citado como testigo para el juicio: demuestra que la detención masiva mediante la aplicación del CDF es completamente arbitraria y no obedece a cuestiones de prevención de la seguridad y no tiene ningún impacto sobre los índices delictivos. Y que, en cambio, aumenta el porcentaje de detención a medida que se avanza sobre los barrios de menor nivel económico. Que no dependiera de Márquez sino de un sistema aplicado sistemáticamente da la pauta de que no se trata de una manzana podrida sino de la forma de plantar los manzaneros.

Las pruebas que la realidad generosamente aporta al jurado popular no se terminan ahí. En mayo pasado, la misma policía cordobesa, esta vez sin Márquez que ya se había retirado ni Paredes, que había renunciado, detuvo en razzias gigantescas a unas 350 personas en el mismo día y sin motivo. Seleme presentó un habeas corpus colectivo y, con los datos aportados por la policía cordobesa realizó una investigación sobre los delitos cometidos por los uniformados durante la razzia con otro informe como resultado, que fue motivo de otra denuncia: detectaron que en lugar de investigar, los polis levantaron once puestos y a todo el que pasaba por ahí lo levantaba detenido; que algunos de los puestos ni siquiera fueron localizables ya que como dirección los uniformados aportaron dos calles paralelas; comprobaron que la mayor aprte de los detenidos lo fue en un radio menor a cien metros de sus casas; que los detenidos estuvieron menos de 12 horas en ese estado, pero que todos permanecieron las tres primeras horas virtualmente desaparecidos porque no hay información que los ubique. Comprobaron también que más de un centenar de chicos menores de 18 años fue detenido sin informar a la Justicia; y que luego fueron alojados en lugares de detención comunes con adultos, lo que está prohibido por toda la legislación.

Seleme había recibido llamados amenazantes con los informes. El domingo, a dos días de iniciarse el juicio que lo tendrá como testigo, recibió una amenaza más directa: “No te metás y cuidá más a tu familia”. Con el investigador, también fue citado el párroco Mariano Oberlin, que trabaja con pibes de barrios carenciados, materia prima del CDF y del sistema numérico-prevencional. Y testigos directos de la razzia, es decir, detenidos que aseguraron haber escuchado durante el traslado en patrullero la orden en la radio policial de detener en grupos de 60.

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