La Justicia bonaerense terminó acelerando la pesquisa contra una de las bandas de ladrones y secuestradores que hasta ahora seguía en libertad por los vaivenes políticos de la provincia. Después de que Página/12 informara sobre las demoras en la investigación, en las últimas 48 horas la Justicia de Lomas de Zamora completó unos 700 allanamientos en el sur del conurbano bonaerense, secuestró más de 40 armas de fuego y detuvo a 38 personas. Están sindicadas como presuntos autores de 15 secuestros extorsivos realizados entre enero y septiembre de este año. Todos serían parte de una banda organizada en células e imputada por asociación ilícita, robo agravado y doble homicidio, entre otros delitos. Entre los detenidos existen algunos pesos pesados. Entre ellos, Horacio Raúl Restaneo, alias “Checho”, supuesto jefe de la banda y vinculado con el crimen del comisario Gustavo Di Giuglio. La policía detuvo además a un abogado, David Scioscia, sospechado de formar parte de la organización y de funcionar como uno de los “entregadores” de datos.
La investigación sobre la banda tuvo su punto de partida hace nueve meses, con la muerte de Mariano Damián Medina. Para la policía de la provincia, era parte de una banda dedicada al robo de entidades financieras, bancarias, camiones de caudales y secuestros express. A mediados de marzo de este año, Medina murió en un enfrentamiento con un hombre de la Prefectura. “Nosotros empezamos con la muerte de Medina”, explica ahora el comisario mayor Héctor Módola, de la Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora. “Empezamos siguiendo las pistas de su teléfono y ahora terminamos enganchando a toda una banda.”
La demorada instrucción de la causa estuvo en manos del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Tomás Bravo, y de la Fiscalía Nº 3, de Ricardo Bruzzone. Desde el comienzo, la Fiscalía estuvo acumulando pruebas y datos provenientes incluso de la Secretaria de Inteligencia del Estado. Ya para septiembre, el gobierno nacional sabía que las pruebas eran suficientes y que se podía avanzar con detenciones y allanamientos. Sin embargo, tal como lo informó este diario el lunes y ayer, los procedimientos se dilataron en dos oportunidades: antes y después de las elecciones en la provincia.
Ahora, después de la difusión de esa información, la causa comenzó a moverse, a tal punto que anoche la Bonaerense consideraba que casi todos los miembros de la banda están en prisión. Los cargos con los que fueron imputados son “asociación ilícita, robo agravado en poblado y en banda, secuestros extorsivos reiterados, doble homicidio, tentativa de doble homicidio, robo de automotor, tenencia ilegal de armas y municiones de guerra, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”, entre otros.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la banda estaba manejada por el Checho Restaneo y organizada en células. “Cada uno cumplía distintos roles, y cuando uno caía detenido, lo reemplazaban con otro”, explica Módola. Según los investigadores, la mamá de Restaneo y su hermana eran parte de los familiares que les prestaban ayuda de tipo logística. “Para el secuestro del empresario Eduardo Rettes, por ejemplo –indica Módola–, usaron un auto importado que era de la madre de Restaneo.”
El secuestro de Eduardo Rettes es, de hecho, uno de los casos que ahora pesa contra la banda. A Rettes lo secuestraron el 15 de octubre. Según la información que está en manos de los investigadores, lo tuvieron alojado un día entero en La Plata y lo liberaron después de las negociaciones del rescate. Un día antes, la misma banda intentaba otro secuestro en una escuela de Sarandí, pero esa vez terminó con un fracaso.
El listado de causas y casos continúa con los cargos de homicidio. Al Checho Restaneo, por ejemplo, lo vinculan con la muerte del comisario Di Giglio, de la Departamental de Lomas de Zamora. Di Giglio murió el 24 de septiembre del año pasado, cuando estaba con la viuda del comisario Jorge Abel Etcheverri, de la 8ª de Lanús y conocido como uno de los que levantó cartuchos de plomo durante la represión del 26 de junio de 2002 en el Puente Avellaneda. Restaneo era uno de los imputados en la causa de Di Giuglio caratulada como “homicidio simple”, pero hasta ayer permanecía prófugo.
Además del caso del comisario, Restaneo y su banda estarían involucrados con otra seguidilla de casos. Según el comisario mayor Módola, sobre ellos pesa un doble homicidio cometido hace unos ocho meses en Monte Grande y otra tentativa de homicidio. Además están en la mira por 15 secuestros. Algunas de sus presuntas víctimas fueron José Luis Primo, secuestrado el 31 de mayo pasado; Gregoria Blanca Cantero y Carlos Acuña, el 18 de mayo; el ciudadano ruso Caroll Boris Cernjak, el 16 de mayo; Ricardo Juan Siri, el 6 de mayo; y Héctor José Cisco, el 16 de marzo. El último hecho que se les adjudicó fue el secuestro de Salvador Manfredi, del 25 de octubre pasado. “También se estableció –dijo Módola– que son responsables de secuestros extorsivos de los denominados express.” No hicieron inteligencia ni seguimientos previos sobre sus víctimas sino que los secuestraban por las características del auto en el que se desplazaban, como sucedió con el caso del empresario Rettes.
Normalmente operaban sobre un radio geográfico localizado en el conurbano sur. De acuerdo con los datos reunidos por los investigadores a partir del rastreo de los abonados telefónicos, la red de encubrimiento y refugios estaban diseminados en La Saladita, una localidad de Sarandí, el barrio Pepsi y Las Telas, de San Francisco Solano y, especialmente, en el Barrio Don Orione, de Claypole, uno de los ámbitos en los que se hacía gran parte de las negociaciones de rescates de las víctimas de secuestros.