El tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó por unanimidad el procesamiento del sacerdote Justo José Ilarraz, acusado por corrupción agravada de menores de edad, en el marco de la causa que investiga abusos sexuales que el cura habría perpetrado en el Seminario de Paraná hace treinta años. Tras la decisión del tribunal especial integrado por los jueces Pablo Virgala, Daniel Malatesta y Gustavo Maldonado quedó abierta la posibilidad de que se fije la fecha para el juicio oral, señalaron fuentes judiciales.

Con la resolución, el tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de la jueza Paola Firpo, quien había procesado al sacerdote en base a las denuncias de varios hombres que aseguran haber sido víctimas de sus abusos cuando eran adolescentes y estudiaban como pupilos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, entre 1985 y 1993. En la causa “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada” los jueces fallaron de forma unánime.

El abogado querellante Milton Urrutia advirtió que la defensa del sacerdote Ilarraz todavía puede acceder a una instancia de Casación, tras lo cual la jueza Firpo tendrá la posibilidad de convocar a juicio oral.

En forma paralela, se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario que pide la prescripción de los delitos debido al tiempo transcurrido.

El presidente del tribunal, Pablo Virgala, destacó “la credibilidad de las víctimas” y el peso procesal de las pericias. El magistrado cuestionó el rol de la Iglesia Católica, porque, señaló, “no logra entenderse la actitud asumida por (el cardenal Estanislao) Karlic, quien afirmó –bajo juramento de decir verdad– que Ilarraz había pedido perdón por lo ocurrido”.

Virgala señaló también como incomprensible la conducta del arzobispo “(Juan Alberto) Puiggari, que reconoció la existencia de los abusos a otros sacerdotes en una reunión en Mariápolis, quienes (desde la perspectiva del imputado) no sólo deberían formar parte de esa gigantesca trama conspirativa, sino que serían actores fundamentales al reconocer la existencia de los hechos, con las posibles consecuencias civiles” que ello implicaría.

El magistrado Virgala también dedicó “una reflexión final” a las “autoridades eclesiales que amparándose en directivas superiores, guardaron silencio sobre los hechos tan aberrantes que aquí se investigan. Lo mismo para aquellos que debiendo ser inflexibles, optaron por el perdón sin tener en cuenta el dolor de las víctimas”. “No hay normas por encima de las leyes civiles. Nadie está exento de la autoridad de las mismas. Y si por allí algún desprevenido creyera que su deber de obediencia a alguna autoridad administrativa está por encima de las leyes civiles, deberá entender, de una vez y para siempre, que nadie está obligado a obedecer órdenes o leyes intrínsecamente ilegales, contrarias a derechos”, añadió.