Los kioscos y maxikioscos son desde ayer el blanco elegido por los inspectores porteños, en su misión de hacer cumplir a rajatablas el decreto que prohíbe, para esos comercios, la venta de bebidas alcohólicas. En el primer día de vigencia de la norma se controlaron 90 locales, de los cuales 16 se encontraban en infracción. A algunos se les secuestró la mercadería mientras que a otros se les sugirió que guardaran los envases en infracción, según revelaron los propios comerciantes. La mayoría de los kiosqueros, aconsejados por la cámara que los agrupa, respetó la medida, pero muchos la desafiaron exhibiendo en estantes y refrigeradores las bebidas prohibidas. La resistencia a la norma ya llegó a la Justicia: los abogados de la cámara que agrupa a los kiosqueros presentaron hasta ayer 34 recursos de amparos: piden que el decreto de necesidad y urgencia firmado por Aníbal Ibarra sea declarado inconstitucional.
“Nos quieren demonizar: parece que somos los responsables de que cada vez se consuman más bebidas alcohólicas”, se queja Eduardo Medaglia, titular de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Para el dirigente, la medida del gobierno porteño es “discriminatoria”, ya que “las bebidas que nosotros no podemos vender las van a poder comprar en otros comercios”. La medida constituye para los kiosqueros una pérdida importante: “La venta de bebidas alcohólicas representa un 30 por ciento del total”, sostiene Medaglia.
Según informó a Página/12 la subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, ayer salieron a la calle 90 inspectores comunales, en dos turnos. En el primero, hasta las 18, se habían realizado 90 procedimientos en otros tantos locales de Belgrano, Palermo, Flores y Constitución. En total se labraron 16 actas de infracción y se incautaron 860 envases de bebidas. Pero según pudo comprobar este diario en seis comercios de la zona de Nazca y Rivadavia, los inspectores exhortaron a los comerciantes a sacar de exhibición las bebidas con alcohol.
Según los datos oficiales, sólo el 18 por ciento de los locales inspeccionados estaba en infracción. “La intención del gobierno es tratar de que se modifiquen hábitos de conducta. De ahí a resolver el problema del alcoholismo, estamos lejos”, admitió Fiszbin.
–¿No cree que la gente que quiere tomar una cerveza puede hacerlo ahora en la puerta de un almacén o un supermercado? –preguntó este diario.
–La medida apunta a reducir las bocas de expendio, eliminando la venta en locales a la vía pública, donde la oferta resulta más tentadora –argumentó la funcionaria.
En la pulseada, los kiosqueros esgrimen a su favor que la mayoría de los locales fueron habilitados por el propio gobierno comunal para la venta de bebidas envasadas, además del expendio de golosinas. Ahora, el decreto firmado por Ibarra y ratificado por la Legislatura restringe esa habilitación excluyendo a las bebidas con alcohol.
“Se está vulnerando un derecho adquirido”, sostiene el abogado Sebastián Romay, del equipo de asesores legales de la Unión de Kiosqueros. Ese es uno de los argumentos de los recursos de amparo presentados, en los que le piden a la Justicia Correccional de la ciudad una medida de no innovar hasta tanto se resuelva la constitucionalidad del decreto.
“Para nosotros es inconstitucional –sostiene Romay– porque viola los derechos al trabajo, a la igualdad ante la ley, a ejercer una industria lícita y al patrimonio, dado que la habilitación otorgada, por la que los comerciantes pagaron, forma parte de su propiedad.”
Para el titular de la cámara de kiosqueros, la medida tendrá además un impacto negativo en la sociedad: “Los kioscos y maxikioscos han venido a reemplazar en los últimos años a las despensas y almacenes que tuvieron que cerrar ante la invasión de los supermercados”, dice Medaglia.
Algo de eso se habló en la sesión del jueves último, en la que la Legislatura avaló el decreto de Ibarra. “Hubo un acuerdo para aprobar el decreto y después estudiar una ley correctiva: es que no teníamos información sobre el impacto económico que esta medida puede ocasionar en los pequeños comercios”, dijo a este diario el diputado Ariel Schifrin, de la oficialista Fuerza Porteña. El tratamiento de esa ley correctiva había sido previsto para esta semana, pero todo indica que no se tratará en lo inmediato.
Lo que sí se sabe es que la prohibición involucra a unos 12 mil comercios, entre kioscos, maxikioscos y estaciones de servicio. La norma, además, prohíbe la venta en los locales habilitados entre las 23 y las 8, excepto para consumo dentro del local o para envíos a domicilio.
Las sanciones aplicadas ayer consisten en multas que van de los 200 a los 2000 pesos. “En unos días, cuando entre en vigencia el nuevo Código de Faltas, serán de 300 a 10.000 pesos”, precisó Fiszbin. Las penalidades se agravarán dentro de 30 días, cuando a las multas, en los casos de reiteración de la falta, se le sumará el retiro de la habilitación y la clausura definitiva del comercio.