Una joven de 27 años que sufrió un aborto en el Hospital Avellaneda, de San Miguel de Tucumán, fue detenida y permanece presa desde hace dos años en la Unidad Penitenciaria N°4 de la provincia. Se le imputó, primero, un aborto seguido de homicidio, una figura penal inexistente. Y luego fue condenada por la Sala III de la Cámara Penal por “homicidio doblemente agravado y por alevosía” a 8 años de prisión, en un proceso judicial en el que se vulneraron sus derechos desde el comienzo, cuando fue denunciada mientras estaba internada, violándose el secreto profesional que ampara la consulta médica. A lo largo del juicio, “se impusieron concepciones conservadoras por encima del cumplimiento de la ley”, denunció a Página/12 la abogada Soledad Deza, de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, quien acaba de tomar su representación legal, tras conocer la sentencia. Deza apelará la condena ante Casación y pedirá la excarcelación para que la mujer pueda esperar la sentencia firme, fuera de la cárcel.

Belén, un nombre de fantasía para preservar su identidad, está privada de su libertad desde el 21 de marzo de 2014, cuando fue a la guardia del Hospital Avellaneda con fuertes dolores abdominales. Según pudo reconstruir Deza, esa madrugada la derivaron al Servicio de Ginecología ante la sospecha de que podría estar teniendo un aborto. Desde ese momento, la joven empezó a sentirse maltratada, a recibir “miradas feas y acusaciones sobre qué se había hecho”, a escuchar que hacían llamadas a la guardia policial. El médico José Daniel Martín, que la atendió, le informó que estaba teniendo un aborto espontáneo. Belén afirma –y lo repitió en cada una de sus declaraciones– que no sabía que estaba embarazada. Fue condenada el 19 de abril de este año.

En el expediente figura que la jefa de Parteras acudió por indicación del médico Martín, con la Guardia Policial del Avellaneda a los baños del hospital “a la búsqueda del producto que habría expulsado” Belén. En un baño –existen contradicciones acerca de en cuál de ellos, ya que hay varios–, encuentran un feto y automáticamente es nombrado por médicos, médicas, policías y operadores judiciales como “hijo” de Belén, sin que se haya realizado ningún estudio de ADN que corrobore el vínculo, hasta el día de hoy.

Belén declaró también ante el tribunal que “un enfermero me trajo un feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía eso no es mío y me decía mirá, este es tu hijo”. También declaró que “cuando despertó del legrado en su cama de la Sala 5 estaba rodeada por varios policías que le inspeccionaban sus partes”. Deza destacó que ese tipo de acciones son formas de torturas y tratos degradantes, tal como lo definió en 2013 el Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la Comisión contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez. Sin embargo, ninguno de los abogados que representaron a Belén a lo largo del proceso penal las cuestionó.

En el caso tomó intervención la Fiscalía V a cargo de Washington Dávila. El fiscal dispuso que Belén quede presa. Desde que llegó al Hospital Avellaneda, la joven, entonces de 25 años, no pudo volver nunca más a su casa porque luego se dictó su prisión preventiva, que continuó –y continúa– hasta el día de hoy.

La abogada de CDD explicó que la causa que se inició como “aborto”, y luego se recaratuló como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”, a pesar de que no hay ninguna prueba que vincule en términos de filiación a Belén con el feto encontrado en el Hospital. Tampoco hay pruebas de que ella se haya provocado un aborto y mucho menos de que haya matado a una persona. “‘No se probó ningún delito’, dijo Belén a gritos y con llanto al Tribunal”, destacó. Sin embargo, está condenada a 8 años de prisión y continúa presa preventivamente porque su sentencia no está firme, agregó su representante legal.

La Sala III de la Cámara Penal que la condenó está integrada por los jueces Dante Ibáñez como presidente y Rafael Macorito y Fabián Fradejas como vocales. Como fiscal de Cámara actuó Carlos Sale. Una defensora oficial se hizo cargo de su representación legal tres días antes del juicio cuando renunció su abogado. Los fundamentos del fallo se leerán el 3 de mayo.