El fiscal Armando Cazón, que investiga la violación de la niña wichi de 12 años que fue sometida a una césarea la semana pasada, insistió en que la niña violada había quedado embarazada un mes antes de ser atacada, y que “ninguna de las ocho personas (acusadas) sería el padre porque las fechas no dan”. Al mismo tiempo, la defensora General provincial, María Inés Diez, informó que en cuatro meses, desde su creación, las Defensorías Oficiales para Víctimas de Violencia Familiar y de Género recibieron denuncias de 700 personas. En coincidencia temporal, la ministra de DDHH y Justicia salteña, Pamela Calletti, recordó que “estamos enfocados en que la nena vuelva a recuperar su alegría, su vida normal”. La rápida y florida respuesta estatal vino a tapar otra información, coincidente en el tiempo pero con mucho más peso: una amiga de la niña violada describió en Cámara Gesell el momento de la agresión y reconoció a los ocho violadores, con sus nombres.

La nena, de 14 años, relató en Cámara Gesell ante una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic) y una traductora lo ocurrido la mañana del 28 de noviembre cuando ella y otra nena, de 12, acompañaban a su amiga a comprar pan en el poblado de Alto de la Sierra. Cuando pasaban al costado de una canchita de fútbol, unos criollos empezaron a seguirlas. Dos de ellas corrieron pero a la tercera la alcanzaron, la arrastraron hasta un monte y la violaron. La testigo dio los nombres de los ocho agresores, que ahora están imputados en la causa. La otra testigo huyó con su familia a Formosa porque fue amenazada.

Siete de los acusados están libres porque el juez Fernando Astigueta considera que no pueden interferir en el proceso penal y que no hay pruebas para detenerlos. El octavo está preso porque se extralimitó y no se presentó en la comisaría como debía hacerlo, más que por una intención de fuga, por mamar criterios de impunidad cuyo único coto son las formas. Los imputados no necesitan interferir el proceso judicial. El fiscal Cazón, que ocupa el lugar estatal de la acusación, los defiende. Sostuvo que ninguno de los ocho acusados “sería el padre porque no dan las fechas”. Incluso, si el ADN llegara a discutir su certeza, Cazón podrá confirmar que los siete restantes son inocentes de paternidad.

Llama la atención que lo declare a los medios antes de que se conozca el resultado de la cadena de ADN. Y deja de llamar la atención cuando se recuerda que Cazón es el mismo que sorprendió a la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados provincial, que investiga el maltrato estatal sufrido por la niña, ante la que declaró que “si nos vamos a poner a hacer pruebas de embarazo ante cada violación no terminamos más, además, no es común que la víctima quede embarazada”. Lo que parece sugerir el fiscal es que la violación ocurrió, pero lo que importa es el embarazo anterior, de autor indeterminado, no denunciado por la víctima, una niña, mujer después de todo.

La hipótesis de investigación del fiscal se descarga sobre el médico boliviano Mamani y el bioquímico argentino Bustamante, que sin título de especialistas en ginecología atendieron en el primer momento a la niña y sostuvieron que se trató de una violación. Cinco días después, el forense que debía intervenir, muy lejos del monte de los wichi, pidió al médico que le enviara fotos de la vagina de la chiquita por Whatsapp. Los médicos se negaron y dictaminaron ellos. Cazón descarga toda su artillería sobre ellos por supuesta falsificación de título.

¿Para qué se fugarían los acusados? El proceso está interferido de origen. Según investigó la Comisión de Diputados, después de tres meses de detención fueron liberados en febrero al mismo tiempo en que la madre descubrió que el vientre de su niña crecía. Como señaló Cazón, no le hicieron el test de embarazo dos meses antes porque es una cosa de nunca terminar. Por lo visto, son muchas las mujeres violadas en Salta.

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