“Para decir Ni una menos, hay que defender la Educación Sexual Integral.” Con esa consigna, casi 200 entidades de mujeres, gremiales, estudiantiles, universitarias, espacios académicos y agrupaciones políticas de todo el país expresaron su preocupación por la situación de precariedad laboral en la que se encuentran las y los trabajadores del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que depende del Ministerio de Educación a cargo de Esteban Bullrich. Y exigieron la continuidad de las acciones que venía desarrollando el programa, las únicas de alcance nacional dirigidas a prevenir embarazos no deseados en la adolescencia, el abuso sexual infantil y los noviazgos violentos.

“Esta política es una conquista de las organizaciones sociales que promueven la igualdad de género y tiene un enorme potencial para construir un sistema educativo que busque reflexionar y combatir el machismo de nuestra sociedad”, advirtieron a través de un documento conjunto, que se difundió en las últimas horas, y que lleva la firma, entre otras referentes de la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade, y de la socióloga Eleonor Faur, dos de las especialistas convocadas en su momento durante la gestión del ex ministro Alberto Sileoni, para elaborar los lineamientos básicos sobre los cuales se redactaron los contenidos mínimos curriculares de la ESI, para cada nivel educativo. También lo suscribieron la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso; la directora del Conicet, Dora Barrancos; La Colectiva Ni Una Menos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista (PAR), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y áreas de género y de diversidad de varias universidades nacionales, entre tantísimas adhesiones.

El documento advierte que el jueves 30 de junio el jefe de gabinete del Ministerio de Educación y Deportes, Diego Marías, comunicó que en julio no se renovaría la contratación de más de un centenar de trabajadoras/es que estaban empleadas/os de forma precaria y tercerizada en distintos programas, muchos/as de los cuales hoy están prácticamente desmantelados. De las/os 15 trabajadoras/es que sostienen hace años las acciones del Programa ESI, a cinco les comunicaron que sus contratos “no serían renovados sin justificativos válidos, lo que da cuenta de una voluntad de vaciamiento y desinterés frente a un programa que requiere de esos puestos para llegar a todas las escuelas del país y atender la enorme demanda que esta política requiere”, señala el documento. En la última semana, tal como informó este diario, desde el Ministerio se asumió el compromiso de renovar por solo dos meses los contratos de esas cinco personas inicialmente despedidas. Pero solo tres aceptarían continuar con esas condiciones de renovación contractual que no ofrece una solución de fondo. “Desde diciembre de 2015 que las actividades se desaceleraron abruptamente y aún no se imprimieron materiales ni se transfirieron fondos específicos a las provincias”, denuncia en documento.

En diálogo con Página/12, Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, destacó que las acciones que se vienen desarrollando desde el Programa de ESI son la única política de alcance nacional para prevenir la violencia machista.

Consultada por este diario, la decana de Filosofía y Letras de la UBA recordó por qué fue necesaria una ley de ESI. “La educación –explicó Morgade– nunca fue ajena a cuestiones de la sexualidad, los géneros y los cuerpos, simplemente porque toda educación por acción u omisión es sexual. Siempre estamos hablando desde y a cuerpos sexuados. Pero había un silencio sistemático en relación con algunas temáticas particularmente sensibles con la perspectiva de género y las mujeres, y no solo había silencio, sino que las prácticas consuetudinarias y establecidas tendían –y tienden aún– a reproducir ciertos modelos, imágenes estereotipadas, como son las que predominan de las identidades femeninas y las masculinas. La ESI habla de la dimensión del conocimiento, del disfrute, del placer y también del padecimiento, la violencia, que en los últimos tiempos y en particular con los femicidios, fue tomando una visibilidad cada vez mayor”, detalló.

–Porque esta mirada que parte de reconocer que existen cuerpos, requiere una formación sistemática de docentes, porque no la han tenido en su formación de base. Y porque el programa de ESI está pensado como una política transversal y eso significa que en todas las áreas curriculares y en todos los niveles educativos, hay que enseñar alguna dimensión de esa construcción social del cuerpo, desde la historia, la lengua y literatura, la biología, la educación física, el arte. Este proyecto está en plena construcción.

El documento firmado por más de 200 organizaciones de diversos ámbitos y más de un centenar de referentes de la educación, la investigación, los gremios y el activismo por los derechos de las mujeres y la diversidad advierte que “este avance del gobierno de Cambiemos contra esta política pública de vital importancia para el combate del machismo se da en el marco de un sistemático desmantelamiento y desfinanciamiento de programas nacionales comprometidos con la inclusión educativa, y con las demandas de los movimientos de mujeres y LGBT”. Y recuerda: “Ya contamos con el antecedente de la gestión de Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, caracterizada por una progresiva disminución del presupuesto para ESI, así como también la exclusiva tercerización de las tareas en manos de ONG”.