“El tema de género no constituye un tema de importancia en la agenda del Gobierno.” A esa conclusión llegaron ocho organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres –entre ellas el CELS– al evaluar la gestión en el área durante la era K. El acceso de mujeres a los puestos más altos del Poder Ejecutivo está “muy bloqueado”: sólo existe una ministra, señalaron entre sus cuestionamientos, y consideraron entre los puntos principales de “preocupación” que los servicios de salud sexual y reproductiva tienen “un nivel de implementación muy desparejo en las distintas regiones del país” y “el aborto continúa penalizado”. El análisis –al que tuvo acceso exclusivo Página/12– está plasmado en un informe que las ONGS acaban de presentar ante el comité internacional que examina la acción del Gobierno en relación a la Convención contra Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer, conocida por su sigla en inglés Cedaw.
Se trata de un “contrainforme” o informe alternativo, solicitado por la Cedaw para contrastarlo con el que presentó el Ejecutivo Nacional. A mediados de año, un representante del Gobierno deberá dar explicaciones ante el organismo por las obligaciones asumidas por el Estado argentino que no han sido cumplidas en lo que se refiere a la discriminación hacia las mujeres. El documento fue elaborado por Adeuem, ACDH, CELS, Cladem Argentina, FEIM, Feministas en Acción, Insituto Social y Político de la Mujer y Mujeres en Acción. Como avances alentadores, señalaron las ONGS, valoraron el proceso de “renovación y depuración” de la Corte y la designación de dos mujeres como candidatas para ocupar lugares vacantes en el tribunal.
Pero fueron más los palos que las rosas. La ausencia de campañas durante 2003 para prevenir la violencia familiar fue otro de los puntos criticados. “Tampoco se avanzó en la creación de nuevas casas-refugio (para mujeres golpeadas) ni en la creación del Registro Nacional Unificado de denuncias de violencia doméstica”, apuntaron. El tema no es menor: se calcula que en la Argentina existen episodios de violencia, de distinto grado, en una de cada cinco parejas. Dos datos más muestran la magnitud del problema: el 42 por ciento de las víctimas de homicidio (cuyo autor es descubierto) fueron asesinadas por sus parejas; el 37 por ciento de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de ese tipo.
El documento marca la existencia en el país de un aumento de las violaciones a mujeres. “Sin embargo –advierten las ONG–, el Estado nacional y los provinciales continúan con una legislación obsoleta de contenido y de procedimiento, que revictimiza a quienes sufren violaciones y la sociedad argentina no ha tomado este tema como central.”
En materia de salud reproductiva, una de las mayores preocupaciones para las ONGS es el incremento de las hospitalizaciones por abortos practicados en la clandestinidad. El martes, una mujer de 30 años falleció cuando la intervenían quirúrgicamente en el Hospital Centenario de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, luego de haberse practicado un aborto por su cuenta con un tallo de perejil. Otro punto que cuestionaron las ONG fue que la anticoncepción de emergencia “no se distribuye ni se aplica, en general, en los hospitales públicos”, a pesar de que puede ser utilizada en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Se trata de un método fuertemente rechazado por la jerarquía de la Iglesia Católica. “Es además un método poco conocido por usuarias y poco difundido por equipos de salud y el Gobierno”, se advierte en el contrainforme. El Ministerio de Educación fue blanco de críticas: por un lado, las organizaciones autoras del documento cuestionaron la ausencia de una política pública de género que combata los prejuicios sexistas en el ámbito escolar; por otro lado, “una de las mayores discriminaciones en esta área es la no implementación, en forma sistemática, de la educación sexual prevista por ley”.
Aunque destacan como positiva la sanción de algunas leyes que benefician a las mujeres, como la que estableció un Registro Unico de Deudores Alimentarios, consideran que dos de las asignaturas pendientes “más relevantes” es la despenalización del aborto, sobre la que justamente se expidió contrariamente el Ejecutivo en los últimos días, y la extensión a todo el país de la legalización de la esterilización voluntaria.
Con respecto al Plan Jefas y Jefes de Hogar, el contrainforme menciona entre otros “problemas” que no distinguen entre familias según su cantidad de hijos y por lo tanto “discrimina en forma negativa” a los que tiene mayor prole y deja sin cobertura a las mayores que no tienen jubilación, otra fuente de ingreso u otro beneficio social, pero que no son jefas de hogar, “lo cual involucra a muchas mujeres ancianas”.
En materia laboral, objetaron que el acoso sexual siga “sin ser legislado adecuadamente, a pesar de la multiplicidad de proyectos presentados”. Las entidades observaron que “tampoco ha avanzado la legislación ni existen políticas públicas que permitan a las mujeres compatibilizar el trabajo remunerado con el doméstico, ni que permitan o incentiven a los varones a corresponsabilizarse del cuidado de los hijos y otras tareas del ámbito doméstico”. En cuanto a los niveles de ingresos, la brecha salarial entre mujeres y varones se ubica alrededor del 70 por ciento. “Contrariando el dogma de que la educación asegura mejores puestos de trabajo, las mayores diferencias se dan en el nivel profesional y técnico, que es donde más ha aumentado el empleo formal en este período.”
El documento también alerta sobre el incremento de la prostitución. “Muchas más mujeres en la indigencia se han volcado a esta actividad”, puntualizaron. “Nos preocupa que el Estado no combata las organizaciones que lucran con la prostitución ajena y/o la trata de personas, que en la Argentina se encuentra penada, pero en la práctica no es reprimida. No existen anuncios sobre políticas concretas en este sentido”, concluyeron las ONGS.