Por Diana Maffía *

Si vamos a juzgar una democracia por el modo en el que trata la ciudadanía a las mujeres, no está de más mencionar algunas deudas de nuestro sistema político para con la equidad de género. No son deudas generadas por la actual gestión, pero vemos que no sólo no se planea saldarlas sino que en algunos casos se ha retrocedido.
Un reclamo reiterado infructuosamente es la firma del Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Argentina ratificó la Cedaw en 1985, y con la reforma de 1994 le dio jerarquía constitucional. No obstante, es el único tratado de derechos humanos incorporado a la Constitución que no cuenta con su respectivo protocolo facultativo. No firmarlo impide eficacia en los reclamos. La omisión expresa, por lo tanto, una mala fe política que caracteriza las restricciones con las que se concede ciudadanía a las mujeres. Restringen nuestro acceso a la Justicia en las denuncias y en los reclamos para efectivizar la protección del derecho a la equidad y la no discriminación. Otra deuda tiene que ver con la degradación del Consejo Nacional de la Mujer, que de depender –como corresponde– directamente de Presidencia de la Nación, pasó en 1999 a funcionar en la Jefatura de Gabinete, para concluir, por decisión del Poder Ejecutivo en 2002, dependiendo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. La gravedad de esta decisión consiste en el cambio de eje de la función del Consejo Nacional de la Mujer: de la vigilancia del impacto diferencial de género de todas las políticas públicas a la aplicación de programas sociales para las mujeres. Como sabemos, los programas sociales destinados a las mujeres pueden no sólo no ser equitativos sino ser profundamente regresivos en términos de disciplinamiento, estereotipos de cargas familiares y roles sociales asignados. Si se trata de incidir con perspectiva de género en todas las políticas gubernamentales, esta degradación lo obstaculiza de modo sumamente eficaz. La falta de un marco adecuado de protección jurídica, que permita mecanismos de denuncia supraestatales, y la falta de un organismo de alta jerarquía y eficacia en la coordinación de políticas públicas y presupuestos asignados tornan lejana la solución de otras demandas que constituyen asignaturas pendientes, como: acceso a la salud, en especial a la salud sexual y reproductiva; equidad laboral; participación equitativa de las mujeres en los espacios de representación y de decisión; incorporación de las demandas de equidad de género en los diseños de acción y en las plataformas políticas partidarias; representaciones no estereotipadas ni degradantes de las mujeres en los medios de comunicación; acceso de las mujeres a los más altos niveles de la vida académica y científica, a sus lugares de evaluación y diseño político. Nuestra joven democracia, que con tanto esfuerzo ayudamos a construir las mujeres, nos reserva una ciudadanía restringida. No vamos a calificarla todavía, pero la volveremos a evaluar cada vez que nos pregunten por ella, según las estrategias de inclusión que nos ofrezca.

* Doctora en Filosofía, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Universidad de Buenos Aires.