Por Marcela Rodríguez *

En esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no podemos dejar de advertir que el Estado argentino históricamente ha demostrado la más absoluta indiferencia sino tolerancia, frente a las violaciones cotidianas a los derechos de las mujeres. En particular, la violencia de género es una de las violaciones más graves a los derechos humanos de las mujeres, que refleja y refuerza su situación de subordinación social.
La violencia contra las mujeres, y especialmente las agresiones sexuales, son noticia todos los días. Sin embargo, la discusión suele limitarse a exigir penas extraordinarias contra quienes cometen estos delitos, cuando la realidad nos muestra que el problema es que no se aplican las actuales. Poca o nula atención se ha prestado a la protección de las víctimas o sobrevivientes de estas agresiones. La gran mayoría de ellas son sometidas a un escrutinio prejuicioso que pone en duda su credibilidad y veracidad. Un sistema judicial que las somete a exámenes para acreditar que no son personas “fabuladoras”, jueces que consideran atenuantes por emoción violenta carentes de justificación, policías que les preguntan cómo estaban vestidas, y así una serie de hechos que implican una nueva victimización.
Existen numerosos proyectos de ley que protegen los derechos de las mujeres víctimas de violencia en todas sus manifestaciones, presentados por diversas fuerzas políticas, que duermen el sueño de los inocentes. Entre otros, protección y atención a víctimas de delitos sexuales; creación de fiscalías especializadas; prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar y de las relaciones interpersonales; prevención y sanción del acoso sexual. El intento de elevar a jerarquía constitucional la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ha fracasado inexplicablemente por la falta de tratamiento de la Cámara de Diputados.
Los derechos de las mujeres no van a ser garantizados porque se suban las penas para los delitos de violencia de género. El Estado debe asumir un compromiso real que asegure una debida atención y protección a las mujeres y la efectiva sanción de quienes violen nuestros derechos.

* Diputada nacional ARI.