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El juicio penal que enfrenta el abogado Carlos Alfaro está plagado de absurdos. El 20 de diciembre de 2001, en medio de la crisis que envolvía al país, Alfaro fue absurdamente detenido por policías de la Comisaría 1ª de La Plata cuando el letrado intentaba interceder para evitar la absurda detención de una colega. La colega zafó, pero los policías se le echaron encima como fieras, le rociaron los ojos con spray irritante, lo esposaron y en la comisaría lo golpearon y lo mantuvieron detenido argumentando el absurdo estado de sitio. Pero lo más absurdo del caso es que un año después, un fiscal platense pidió la absurda elevación a juicio por resistencia a la autoridad y un juez la aceptó. Ni fiscal ni juez se preguntaron si el estado de sitio era constitucional, ni analizaron si se habían violado las garantías de Alfaro y de su profesión.
A las 13 del 20 de diciembre de 2001, cuando el país era una caldera, ya se había desatado la salvaje represión del día anterior, y Fernando de la Rúa estaba por fugar por los techos de la Casa Rosada, en la plaza San Martín de La Plata se repetían los incidentes. Frente a un impresionante dispositivo policial, una abogada intentó intervenir cuando los uniformados se llevaban a unos muchachos. La mujer mostraba su credencial de abogada. Alfaro, que salía de la Legislatura donde trabaja como asesor, fue testigo del incidente y quiso interceder por su colega presentando su credencial que, según la decisión policial, es una credencial inútil. “Primero me apartaron –dijo Alfaro a Página/12–, pero cuando volví dejaron a la mujer y se me echaron encima. Uno me agarró por el cuello, otro más bajito me tomó por los testículos y un tercero me arrojó spray irritante en los ojos.”
Maltrecho, Alfaro cayó en el piso de una celda de la Comisaría 1ª con el argumento de resistencia a la autoridad. “Me negaron la posibilidad de un llamado telefónico, me golpearon, me maltrataron mucho”, agregó el abogado. A las 23.30 fue llevado ante el fiscal 3 Marcelo Martini.
“El caso no tiene precedentes –señaló Luis Valenga, desde hace un mes abogado de Alfaro–. El artículo 57 de la ley que regula el ejercicio de la profesión sostiene que el abogado debe recibir un trato semejante al de los jueces. Alfaro declaró ante el fiscal los apremios ilegales que sufrió y además que había sido detenido en ejercicio de su profesión. El fiscal no tomó ninguna decisión. Fue mi defendido quien pidió que lo revisara un médico forense, que constató que le habían arrojado gas irritante. El fiscal no mandó investigar si hubo apremios ni si efectivamente había sido detenido como abogado.”
El 13 de diciembre de 2002, el fiscal adjunto Carlos Vercellone pidió la elevación a juicio y el 25 de abril del año pasado el juez de Garantías platense Guillermo Atencio la aceptó. “¿En qué país vivía esta gente?”, se pregunta Valenga.
“Ni el fiscal ni el juez hicieron ningún planteo respecto de la inconstitucionalidad del estado de sitio –agregó el defensor–. El 19 de diciembre, De la Rúa lo dispuso por 30 días con el decreto 1678. El 20 se fugó en helicóptero mientras (el ex gobernador Carlos) Ruckauf se escapaba por la autopista. El estado de sitio puede salir por decreto sólo si el Congreso está en receso, pero en ese momento estaba en sesiones extraordinarias. El único antecedente con la misma jugarreta es de 1873, cuando Sarmiento dictó el estado de sitio por decreto y después tuvo que dar marcha atrás. De la Rúa volvió el 21 y levantó el estado de sitio con el decreto 1689 antes de desaparecer de la escena, con lo que demostró que todo era una mascarada para intentar perpetuarse en el poder.”
El estado de sitio cayó, la casi totalidad de los manifestantes detenidos en todo el país fueron desprocesados, salvo Alfaro, que además estaba ejerciendo su profesión de abogado. La causa ahora llegó a la jueza Correccional 3 María Buscarini, quien deberá determinar en juicio oral la responsabilidad del imputado. El miércoles se realizó una audiencia previa. Allí, Valenga pidió que se investigara a los uniformados del operativo: el subcomisario Raúl Arques, el oficial inspector Jorge Bacigaluppe, el suboficial mayor Alfredo Lorenzo, el sargento Marcelo Camelia y la cabo primero Silvina Monzón. Pidió además el secuestro del libro de guardia correspondiente a los días 19 y 20 y, que se analizara todo aquello que deberían haber analizado fiscales y juez y, obviamente, hizo un planteo de inconstitucionalidad del estado de sitio, el primero realizado en territorio bonaerense.
En cinco días la jueza Buscarini debería responder a los pedidos. Si admite la inconstitucionalidad, la acusación se cae. Si no, Alfaro irá a juicio y acto seguido al Libro Guinness de los Records como el único civil procesado por nada en los sucesos de diciembre de 2001, además de Enrique Mathov, Rubén Santos, ocho policías y un vigilador, procesados por todo.
Según Valenga, el fondo de la cuestión lo planteó en la audiencia: “Estamos asistiendo a un peligroso proceso de policialización de la Justicia. Los fiscales compran llave en mano todos los paquetes armados que manda la policía. No hay investigación fiscal, ni protección de garantías por parte de los jueces”. El miércoles, Alfaro no estuvo solo. A la audiencia pública concurrieron dos representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, el ex diputado Alejandro Mosquera y el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón. Cuenta además con la adhesión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Colegio de Abogados de San Isidro, donde está matriculado Alfaro, y el de La Plata, mientras que el Colegio bonaerense está analizando el tema.