SOCIEDAD

La primera iniciativa popular que puede llegar a ser ley

Es la primera vez que una iniciativa popular logra superar las exigencias para llegar a la Legislatura.

Por primera vez, una iniciativa popular presentada por una agrupación porteña tomará estado parlamentario. Se trata de una verdadera hazaña ya que, hasta ahora, nadie había logrado juntar las firmas necesarias que establece la actual Ley de Iniciativa Popular, que permite a cualquier ciudadano porteño presentar un proyecto de ley. La norma fue sancionada en 1998 y, desde esa fecha, de los 15 proyectos presentados, 14 caducaron porque ninguno logró recolectar las firmas del 1,5 por ciento del padrón electoral (el equivalente a 40 mil firmas) en el plazo establecido de un año. Los autores de la iniciativa son los docentes de enseñanza media porteños, que proponen incorporar a su salario básico los adicionales no remunerativos que perciben. En junio pasado, legisladores de diferentes bloques y organizaciones sociales presentaron un proyecto de modificación de la norma, cuyo principal punto es ampliar el plazo a dos años.
Según la ley 40, de iniciativa popular, los porteños pueden presentar un proyecto de ley ante la Legislatura si reúnen alrededor de 40 mil firmas que adhieran a la propuesta.
Haciendo uso de ese derecho, la Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) presentó el año pasado un proyecto para adicionar al salario básico todas las sumas no bonificables o no remunerativas percibidas por el personal docente dependiente del gobierno porteño. En menos de un año, Ademys recolectó 44 mil firmas, más de las establecidas según la ley. El martes pasado obtuvo la última.
“Fue mucho esfuerzo, recorrimos escuelas de todos los distritos escolares y espacios públicos. Tuvimos muy buena respuesta de la gente en las plazas, de padres de los alumnos y de los mismos docentes. Trabajamos más de 200 docentes en la recolección. Nuestras expectativas son que los legisladores lo deberían aprobar y, si tienen en cuenta el trabajo que nos costó conseguir las firmas, pensamos que lo van a tratar antes del año que por ley está establecido”, detalló Néstor Di Milia, integrante de Ademys.
El proyecto de Ademys persigue incorporar al salario básico las sumas no remunerativas, establecidas por diferentes decretos, para lograr que mejoren las condiciones jubilatorias (pues se harán los aportes sobre todo el sueldo percibido), las condiciones de salubridad de los trabajadores y disminuir la desocupación, entre otros.
Según la titular de la Dirección de Gestión y Participación, Graciela Castillo, donde se presentan las propuestas de iniciativa popular, “hay proyectos que son muy interesantes y es una lástima que no logren juntar las firmas, que en general es una tarea que hacen a pulmón. Sin duda, uno de los mayores obstáculos es el período de recolección de firmas”.
Según la actual norma, los impulsores de una iniciativa popular deben recolectar el 1,5 por ciento de firmas del padrón electoral de la ciudad (alrededor de 40 mil), en un plazo de 12 meses. Una vez que reúnan las primeras 4 mil firmas, la iniciativa debe ser promocionada en forma gratuita en medios gráficos, televisivos, radiales e informáticos dependientes del gobierno porteño.
Como Ademys logró reunir las firmas necesarias, la Justicia electoral debe verificar la validez de las firmas en un plazo de 30 días hábiles. Luego, la dirección le dará entrada como trámite parlamentario y será estudiado por la Comisión de Educación y de Presupuesto. Una vez que tenga despacho de ambas comisiones, pasaría a su tratamiento en el recinto.
En junio pasado, un grupo de asociaciones civiles y legisladores de siete bloques presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de reforma de la ley 40. El objetivo es flexibilizar la norma y contempla extender el plazo para la recolección de firmas de 12 a 24 meses, incrementar el apoyo publicitario oficial e incorporar un mecanismo de adhesión a través de Internet.
La principal impulsora de la reforma de la ley 40 es la organización Proyecto Iniciativa Popular. “El proyecto de modificación está demorado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sabemos que muchos legisladores apoyan la propuesta, pero tenemos miedo a las demoras. Trabajamos mucho para esto”, señaló Belén Maggi, integrante de la organización Iniciativa Popular.

Informe: Silvia Marchant.

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