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La situación de los menores en las comisarías bonaerenses sigue sobre el tapete porque el jueves se produjo la muerte de un chico de 17 años que estaba detenido en la comisaría 4ª de Bahía Blanca. A la dramática estadística se le sumó ayer el fallecimiento de otro adolescente que había sufrido quemaduras en el incendio ocurrido el 20 de octubre, en la comisaría 1ª de Quilmes (ver aparte). Son cuatro los pibes que murieron como consecuencia del siniestro que abrió el debate sobre el problema. Todo parece indicar que José Ariel Ramírez, el chico que apareció muerto en Bahía Blanca, se habría suicidado colgándose por el cuello de una sábana atada a una reja ubicada a metros del piso. De todos modos, el caso es investigado porque se presume que el adolescente había expresado, ante un psicólogo que lo visitó en prisión, su intención de quitarse la vida “y nadie se hizo cargo”, dijeron a Página/12 fuentes oficiales. Ante la gravedad del tema, el gobierno provincial presentó un proyecto que busca que los menores que delinquen tengan las mismas garantías procesales que los adultos y que se desjudicialicen las causas asistenciales.
“El chico dejó una carta en la cual expresaba sus intenciones de quitarse la vida”, informó a este diario el jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca, comisario Luis Castro. Fuentes de la Secretaría del Menor bonaerense dijeron que “todo parece confirmar que fue un suicidio, pero la duda es que el chico le habría manifestado a un profesional que lo visitó en su celda su intención de quitarse la vida; no le habrían dado trascendencia por ser un ‘recurso habitual’ de los detenidos para lograr traslados”. Al Ministerio que encabeza Juan Pablo Cafiero le preocupa que “ni los jueces ni los policías asuman un compromiso respecto de los menores en comisarías, salvo que estalle el escándalo: el 1º de noviembre había 323 chicos en celdas policiales y hoy la cifra es de 129. ¿Por qué no se hizo antes?”
Ramírez estaba en la comisaría 4ª de Bahía Blanca desde el 21 de septiembre y la asesora de menores había pedido que fuera asistido por un psiquiatra porque “había dicho la palabra suicidio”, dijeron fuentes gubernamentales. Ramírez fue detenido por su participación en un “robo calificado con privación ilegítima de la libertad y lesiones graves”, dijo Castro. El robo fue cometido contra una pareja de ancianos en una casa de un barrio en las afueras de la ciudad, junto con un adulto identificado como Anselmo Víctor Aristu, de 24 años, quien también fue apresado.
Una las víctimas del robo, Carmen Catafi de Irlandese, de 72 años, fue golpeada en la cabeza con un bate de béisbol. Le robaron dinero y algunos objetos de valor. Castro aseguró que la comisaría 4ª “está acondicionada para el alojamiento de menores y de mujeres, en sectores separados”. En el momento de ocurrido el presunto suicidio, el jueves pasado, estaban alojados allí dos menores, que compartían la celda, y cinco mujeres. Según la información oficial, el chico Ramírez se colgó de una reja interna cuando su compañero de celda se encontraba en el patio jugando a las cartas con una de las detenidas, reja de por medio.
Castro le dijo a este diario que Ramírez, una hora antes de su muerte, le había entregado una carta cerrada a la detenida Graciela Roa. “Después de lo ocurrido, la joven nos entregó la carta, que estaba cerrada, en la que el chico le anticipaba a su madre sus intenciones de quitarse la vida”. La nota se encuentra ahora en manos del fiscal Guillermo Petersen, quien investiga el caso caratulado como “suicidio”. Las autoridades policiales aseguraron que los dos menores “eran visitados a diario por personal de la Secretaría del Menor, asistentes sociales y psicólogos”. La última visita de un profesional se había producido “en la mañana del día en que se produjo el suicidio”, aclaró Castro.
El funcionario informó que horas después del suceso, el chico que estaba con Ramírez fue llevado al Instituto Leopoldo Lugones, de Azul, que cuenta con un régimen cerrado para los menores que participaron en delitos graves. “Ramírez no fue llevado porque estaba en lista de espera. Tenía el número 75”. Fuentes de Desarrollo Social bonaerense consideraron que “es curioso que los traslados se agilicen recién después de una tragedia”.
El gobierno provincial, a través de la vicegobernadora Graciela Giannettasio, intenta avanzar en una reforma para que los Tribunales de Menores se conviertan en juzgados en lo penal del Niño y el Adolescente. Esto permitiría que los menores acusados de cometer delitos puedan contar con las mismas garantías de defensa en juicio con que cuentan los adultos. Los menores serían juzgados en forma oral, con fiscal y defensor, y serían dejados en libertad si el proceso dura más de 120 días. Sus antecedentes penales no podrán quedar registrados en el ámbito policial y tendrían que ser internados en institutos adecuados y no en celdas policiales.