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A partir de denuncias realizadas por usuarios de tarjetas de crédito de la ciudad de Buenos Aires, la Justicia trabó un embargo por casi 7 millones de pesos sobre los depósitos que la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) tiene en el Banco Central. La medida recayó contra el banco italiano por haber cobrado cargos extra en su servicio de tarjetas, que estaban fuera de lo pactado con sus clientes. Los cobros, que fueron detectados en los resúmenes de cuenta, se habían hecho durante la primera mitad de 2002, en el momento más caótico de la crisis económica argentina. El plazo fue breve pero sirvió para que la entidad, al igual que otras sobre las cuales pesan denuncias similares, obtuviera un fuerte ingreso. La Justicia ordenó reintegrar ese dinero a todos los clientes de la BNL y el embargo que dispuso tiene carácter preventivo, porque resguarda el dinero “mal cobrado” ante el inminente retiro del país de esa entidad crediticia. Denuncias por maniobras de ese tipo pesan sobre otros seis bancos.
El cobro de “cargos por diferimientos de pago” que se advirtieron en los resúmenes no superaban los 20 pesos, cifra a la que muchos clientes no prestaron atención. Fueron cobrados desde enero hasta julio de 2002, período en el que las tarjetas de crédito eran casi lo único que funcionaban en los bancos a causa del denominado corralito financiero. Cientos de particulares hicieron quejas ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (Dgdpc) porteña. El organismo patrocinó una denuncia de carácter colectivo en 2002 contra nueve bancos. En septiembre pasado, la Justicia dictó un fallo contra la BNL obligándola a restituir el dinero a sus clientes. La decisión fue apelada y aún se aguarda una sentencia definitiva. En este contexto surgió, el 24 de noviembre pasado, el embargo dictado por el juez Rafael Barreiro, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 18.
La denuncia tiene dos bases. Primero, los ítems incluidos fueron “indebidos” porque no habían sido admitidos contractualmente por los clientes, tal como lo establece la ley 25.065, que regula las tarjetas de crédito; por eso se infirió que el banco cambió en forma unilateral las reglas del contrato firmado inicialmente con sus clientes. Segundo, la información citada en los resúmenes no era precisa ni adecuada, lo cual incumplía lo establecido por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Tanto la sentencia de septiembre como el embargo preventivo reafirman la legitimidad del organismo defensor de los consumidores porteños en este tipo de acciones y son las primeras acciones judiciales colectivas efectuadas por una agencia pública en América latina. “Se tomó la decisión de hacer una acción colectiva porque detectamos que lo que hacía el banco era igual y repetitivo en miles de casos individuales. Y los bancos admitieron que por un tiempo lo habían cobrado y no estaba pactado en los contratos”, explicó a Página/12 el director general del organismo, Miguel Fortuna. “En el caso de la BNL, se dictó un embargo preventivo, que es una medida protectiva porque el banco está por irse del país”, agregó. La suma embargada asciende a 6.755.780 pesos.
La italiana no es la única entidad que maniobró de esta manera. Cargos por costos de financiamiento, recupero de gastos por gestión cobranza, seguros de vida sobre el saldo deudor, reserva de fondos, punitivos sobre pagos mínimos, gestión por mora o cobranza y cargos por diferimientos de pago, fueron algunos de los ítems hallados en los resúmenes del Banco Galicia, BBVA Banco Francés, Río, HSBC, Bank Boston, Citibank, Sudameris (actualmente Patagonia Sudameris) y Lloyds Bank. Todos fueron denunciados. La Justicia hizo lugar a las medidas cautelares pedidas por Dirección de Defensa y Protección del Consumidor en los casos del Galicia y HSBC. Obligó al Lloyds a restituir el dinero y multó al Sudameris con la suma de 110 mil pesos, que luego resolvió devolver a sus 20 mil usuarios porteños de tarjetas lo que les había cobrado “indebidamente”.
“No puedo afirmar si los bancos se aprovecharon de la crisis para hacer este tipo de cobranzas, pero objetivamente fue ése el período en que lo hicieron”, observó Norberto Dorensztein, asesor jurídico del organismo porteño. Para que esto no vuelva a ocurrir, “lo único que tiene que hacer la gente es revisar los resúmenes, corroborar lo que se le está cobrando, pedir su contrato de tarjeta y ver si (previamente) lo pactó o no”, añadió.
En el país hay, aproximadamente, 12 millones de usuarios de tarjetas de crédito. Pero la resolución judicial favorecerá sólo a los porteños. Que algo similar ocurra a nivel nacional depende de que otros organismos públicos quieran iniciar medidas similares. “Es difícil que un cliente inicie una acción judicial por una liquidación de 5 a 20 pesos mensuales, porque esos montos no justifican las costas del proceso. De ahí la importancia de una acción colectiva”, destacó Fortuna.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.