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Tuvieron que pasar cinco años, dos meses y veinte días para que la Masacre de Villa Ramallo pasara a ser cosa juzgada. Ayer, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó a penas de entre 20 y 2 años a siete de los ocho policías juzgados por las muertes de Carlos Chaves y Carlos Santillán, gerente y contador del Banco Nación, y del delincuente Javier Hernández, mientras que el octavo acusado fue absuelto. El suboficial principal Oscar Parodi y el sargento Ramón Leiva fueron condenados a 20 y 18 años por homicidio; otros cuatro recibieron entre 10 y 2 años por tentativa de homicidio y otro quedó libre por el beneficio de la duda. El comisario Omar Isaías recibió 2 años en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los jueces ordenaron abrir investigaciones sobre otros seis jefes policiales (ver recuadro).
El segundo tramo del caso Ramallo se inició el 19 de octubre pasado y estuvo a cargo de los jueces Laura Inés Cosidoy, Santiago Harte y Omar Paulucci. Se trata del expediente 1080, que investigó las causas que derivaron en las muertes del gerente de la sucursal bancaria, Carlos Chaves, del contador Carlos Santillán y del delincuente Javier Hernández, acribillados por un ejército de uniformados y no tanto de todos los grados y colores. Frente al tribunal de Rosario se sentaron ocho policías: dos acusados por homicidio (Oscar Parodi y Ramón Leiva), cinco por tentativa de homicidio (Carlos Aravena, Ramón Sánchez, Sergio Susperreguy, Sergio Garea y Martín San Miguel) y uno, el comisario Omar Isaías, oficial de mayor grado al que se alcanzó en el juicio de Ramallo, como responsable del desastroso operativo de levantamiento y custodia de pruebas.
Parodi, suboficial principal del sospechado Comando Patrullas de San Nicolás, recibió la condena más dura, a 20 años de prisión, por homicidio. Los peritos demostraron que una bala disparada por su fusil Fal provocó la muerte del gerente Chaves. El de Parodi es, además, el caso más extraño entre todos los acusados. Durante el juicio, Parodi no sólo sostuvo su inocencia, sino que además responsabilizó a sus superiores, cosa que ayer su esposa se dedicó a reafirmar ante los medios, una vez conocido el fallo. Cuando Parodi declaró por primera vez ante el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dijo que no había disparado. En una segunda declaración, se autoacusó. Al mismo tiempo, el fusil que disparó la bala que hirió mortalmente a Chaves figuraba en el listado como entregada a Parodi. Durante la investigación existieron importantes sospechas de que no era Parodi quien llevaba el arma sino alguien que, según los videos del día de la masacre, tenía un perfil borroso parecido a Rubén Martínez, jefe de Parodi y de todo el Comando Patrullas nicoleño. El perfil era demasiado borroso para acusar a Martínez y poco borroso como para exculpar a Parodi. Lo demás es historia conocida.
El sargento Ramón Leiva, perteneciente al Grupo Especial Operativo (GEO) Zárate-Campana, fue acusado porque una bala de su Fal dio muerte al contador Santillán. Leiva estaba situado en un garage en declive, sobre la calle Sarmiento, del mismo lado de la vereda del banco pero cruzando la avenida San Martín. A su lado pasó el Polo donde iban las víctimas. Durante la instrucción reconoció que se le habían escapado disparos. El tribunal lo condenó a 18 años. El 12 de abril de 2000, cuando fue detenido, intentó suicidarse en medio de un profundo shock depresivo.
El cabo Carlos Aravena también era del GEO Zárate-Campana. Tanto Parodi, como Leiva y Aravena, son los tres casos en que los peritos pudieron identificar las balas, a qué armas correspondían y, por lo tanto, a quienes las portaban ese día. Pero en el caso de Aravena, la bala identificada no alcanzó a matar. Su pistola Taurus 9 milímetros disparó al menos tres veces, y una de esas balas impactó en Santillán, sin provocarle la muerte. Por eso, fue acusado por tentativa de homicidio y condenado a 10 años.
El cabo primero del GEO Zárate-Campana Ramón Sánchez, y Sergio Susperregy, del Grupo Halcón, recibieron 6 años. El sargento del Grupo de Infantería de Zárate-Campana Sergio Garea recibió dos años en suspenso. Los tres, por tentativa de homicidio. También recibió dos años el comisario inspector Omar Isaías, segundo de la DDI de San Nicolás en aquel momento, pero acusado por ser responsable del operativo de levantamiento y custodia de pruebas, entre ellas las armas utilizadas, de las cuales apenas se recuperó la tercera parte. El sargento ayudante de los halcones, Martín San Miguel, por su parte, quedó libre por el beneficio de la duda.
Después de la lectura del fallo, Flora Lacave se mostró conforme, pero su hijo Carlos aseguró que “queremos que pague cada uno de los responsables”. Igual que Susana, la esposa de Parodi, apuntaba hacia arriba.
El tiempo lame las heridas con olvido, pero no las disuelve: en 2002, cuando el mismo tribunal condenó a la banda de asaltantes a penas que llegaron a 24 años, Flora Lacave, viuda de Chaves, fue por más: “Quiero condenas más duras a los policías. Quiero saber qué pasó esa noche y por qué”. Ayer, las sentencias, que no fueron más duras, dieron respuestas pero a medias. Se supo qué pasó, pero no por qué.