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El Gobierno convocó ayer formalmente a una audiencia pública para analizar el 13 de enero la carta de entendimiento que firmó con Edelap, el primer documento de renegociación contractual celebrado con una empresa energética. Este acuerdo elude un aumento de la tarifa de los usuarios residenciales en el transcurso del año próximo, pero rehabilita la posibilidad de trasladar al precio final los mayores costos que enfrente por la compra de energía, una transferencia que el marco regulatorio general enviado por Julio De Vido al Congreso pretendía inhibir o, al menos, dificultar. Se trata de un pacto “transitorio”, cuyas ideas fuerza básicas están replicadas en la propuesta que la Unidad de Renegociación de Contratos (Uniren) acercó a Edenor y a Edesur.
Ese acuerdo testigo reconoce a la empresa operada por la norteamericana AES un aumento a partir del primero de febrero próximo del 23 por ciento en el cargo de distribución, que equivale a un tercio de la tarifa final de la electricidad que factura la adjudicataria. A éste se suma otro 5 por ciento adicional, pero específicamente para solventar el tendido de la red en áreas rurales.
El traslado de ese ajuste a las tarifas finales no podrá significar un aumento por encima del 15 por ciento sobre las facturas de comercios e industrias, ya que hasta febrero del 2006 se excluye a los usuarios residenciales. Para entonces, la empresa y el Gobierno deberían haber concluido la denominada “revisión tarifaria integral”, que podría devenir en un aumento adicional, que incluya a los domicilios particulares.
En rigor, antes de que se fije la nueva tarifa, podría haber otro aumento. En agosto del año próximo, el ENRE queda comprometido a reconsiderar los precios que cobra Edelap en función del IVC (Indice General de Variación de Costos), un indicador que semestralmente reflejará qué pasó con los costos que enfrentan las distribuidoras. Claro que si éste llega o supera el 10 por ciento, la propia empresa podría reclamar una revisión antes de que se cumplan los seis meses.
No hay ajustes automáticos, pero sí el expreso compromiso oficial de permitir que cualquier variación en los costos que enfrentan las empresas sea trasladada a la tarifa final, un modo de recomponer la ecuación económica de las distribuidoras en términos parecidos a los que regían antes de la devaluación. También una flexibilización en el régimen de penalización, comenzando por los parámetros para juzgar el servicio: durante el año de transición hasta un contrato definitivo, éste se juzgará satisfactorio en la medida que iguale la media de la prestación ofrecida entre el 2000 y 2003.
La carta de entendimiento suspende el cobro de las multas aplicadas desde febrero de 2002 y permite pagar en 20 cuotas semestrales aquéllas cuya notificación le hubiere llegado antes de esa fecha. El primer pago está previsto recién seis meses después de que esté vigente la nueva revisión tarifaria integral. A esta ventaja la distribuidora suma la chance de poder cobrar un cargo reembolsable a aquellos usuarios de zonas alejadas a los que deba extenderles el servicio.
Casi como contrapartida, la empresa operada por la norteamericana AES se compromete a “suspender” cualquier demanda iniciada contra el Estado, en busca de una compensación, por los perjuicios que le habría ocasionado la pesificación y congelamiento de tarifas. Cuando dentro de un año esté cerrado el acuerdo integral definitivo, entonces desistiría definitivamente de esa demanda. En este caso, la que promovió ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).
Edelap tiene que ejecutar en los próximos doce meses un plan de inversiones acordado con la Uniren por un total de 18 millones de pesos, incluyendo la ampliación del servicio en áreas despobladas. Otro cambio de concepto importante respecto al régimen original, donde a las prestadoras sólo se les exigía cierta calidad en la prestación, pero otorgándoles amplia libertad para invertir dónde y cuándo quisieran.
AES es la primera distribuidora eléctrica, que se avino a firmar un acuerdo en términos que todavía no convencen demasiado a las otras prestadoras del área, más reticentes a suspender sus demandas ante el Ciadi o a ceñirse a un programa de inversiones en el que intervenga el Estado, por citar algunos reparos. Pero la distribuidora bonaerense prefirió asegurarse algo antes de que empiece un año electoral, con la idea de que entonces un acuerdo se podría tornar más trabajoso.
Los norteamericanos también operan varias usinas térmicas y en su condición de generadores tienen idéntica buena disposición para adherir a la propuesta que el Gobierno les hizo a las empresas del sector para que cobren sus millonarias acreencias contra la estatal administradora del mercado mayorista Cammesa explotando una o dos nuevas centrales de ciclo combinado que construirá el Estado. AES ya dijo que sí, sabiendo que para entonces todos los cuadros tarifarios del sector estarán ajustados.