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El Ministerio de Economía busca por todos los medios frenar la suba salarial del diez por ciento que el Consejo de la Magistratura decidió otorgar a los jueces y empleados judiciales. En los últimos días, la cartera envió notificaciones a la Auditoría General de la Nación (AGN), la Jefatura de Gabinete y la Procuración del Tesoro en las que advierte que, según la Ley de Gasto Público, quienes impulsan el aumento estarían cometiendo un delito. Las circulares, firmadas por el propio Roberto Lavagna y el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, invitan a promover acciones legales, tarea que le correspondería al procurador general de la Nación, Esteban Ri-ghi. En el cuerpo de consejeros aseguran que este viernes liquidarán los sueldos con el aumento.
La advertencia de Economía llega en medio del estallido de protestas gremiales de varios sectores, que la semana próxima amagan con incluir en el llamado un paro general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El caso de los judiciales viene haciendo ruido desde el mes pasado, cuando el Consejo de la Magistratura aprobó el reescalafonamiento de buena parte del personal tribunalicio que reclamaba la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y agregó un plus del diez por ciento en los sueldos. El primer intento por trabar esa disposición lo hizo la Corte Suprema al firmar una acordada que calificaba el aumento de ilegal y decía que excedía las facultades de los consejeros. Les advertía que todo pago fuera del presupuesto debía tener aval del Congreso o la Jefatura de Ministros. Pero el Consejo ratificó su decisión.
Con este panorama, el Gobierno resolvió tomar las riendas. Distintas notificaciones firmadas por Lavagna y por Mosse en los últimos diez días, a las que tuvo acceso Página/12, señalan lo mismo: que según la ley 25.152 (de administración de los recursos públicos) “en el caso de comprometerse gastos presentes o futuros por encima de los autorizados en la Ley de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y la Auditoría General de la Nación informarán de inmediato a la Procuración General de la Nación para que promueva las acciones legales por violación al artículo 248 del Código Penal”, que tipifica el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El texto de Hacienda dirigido a la AGN dice que la secretaría tiene “conocimiento extraoficial” de que el Consejo “ha procedido a realizar las liquidaciones” con plata “extrapresupuestaria”.
El tema será girado a Righi, que deberá evaluar si hace una denuncia penal. En el Consejo las novedades provocaron revuelo. Un grupo de consejeros, encabezados por la jueza Victoria Pérez Tognola y Humberto Quiroga Lavié, se reunió con la directora de Administración y acordaron que pagarán con aumento. El consejero Beinusz Szmukler explicó: “Por ley el Consejo recibe el 3,5 por ciento de los ingresos fiscales, con lo que se acumularon 500 millones. ¿Para qué están? En 2002, cuando fuimos a reclamar presupuesto, Lavagna nos dijo que no nos preocupemos porque existiría ese sobrante. El año pasado ya se usó para aumentar 200 pesos y nadie dijo nada”.