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Por A. D.

Para la gran crisis de diciembre de 2001, Valentín Herrera se abría camino en los pasillos de la villa 31 de Retiro con una balanza y un viejo colectivo escolar. Con sus vecinos les dio algo de modernidad a los cartoneros: salieron a recorrer las calles en un bus escolar mientras organizaban las primeras cooperativas multiplicadas al compás de la crisis. Ahora lleva su historia acumulada en un expediente. Reunió cartas de un cura de Villa Soldati, de funcionarios y de ONG que lo conocieron. Son los avales de buena conducta con los que pelea la restitución de su hija: Guadalupe nació el 13 de septiembre y un mes después quedó incluida en el Programa de Amas Externas, uno de los mecanismos previstos por el Estado para asistir a los “menores en riesgo”. Las Amas cobran entre 450 y 650 pesos por mes por cada custodia. Valentín no reclama ese dinero. Es cartonero y pide el derecho a ejercer la patria potestad aun en condiciones de pobreza.
“Ellos siempre te dicen que lo hacen por el bien de tus hijos, que van a estar mejor, y en realidad –explica Valentín– puede ser que estén mejor, que tengan un parque y que tengan juegos. Pero así no funciona la cosa: los chicos no están con sus padres.”
El Programa de Amas Externas es uno de los planes de asistencia del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Cnnaf) para niños de 0 a 5 años de edad derivados por Juzgados de Menores (ver aparte). Según los datos de la Correpi, en el año 2000, en el país unos 544 chicos estaban bajo el Programa, uno de los modos de institucionalización comparados con los cuestionados centros de reclusión, institutos asistenciales y hogares de régimen abierto. En 2003, los niños incluidos en el Programa eran 464. Guadalupe ahora forma parte de ellos.
La nena nació un mes antes de lo previsto en la maternidad Sardá. Pasó los primeros días en una incubadora mientras los médicos encaminaban una denuncia al juzgado y le recomendaban una internación a Fátima Monzón, su mamá. Ella convive con una vieja patología de alcoholismo crónica tal vez acentuada y agravada por otras viejas resoluciones judiciales que desde hace unos cuatro años le fueron quitando al resto de sus hijos.
Primero, un juzgado de familia la separó de los dos más grandes. Desde entonces, Lucas y Belén están en el Instituto Misericordia de Constitución. Un año después, el juzgado intentó separarla de Franco Nicolás, que tenía 3 años. No lo perdió porque conoció a Valentín, que lo anotó como propio. En esa ocasión, el juez Víctor Carrasco Quintana, del juzgado de familia 86, no le sacó al hijo, pero tampoco se lo dio: lo dejó bajo la guarda legal de los padres de Valentín. Ellos se ocuparon de él, seis meses después también lo hicieron con José María, y lo hubiesen hecho con Guadalupe, si la abuela no se hubiese muerto.
“¿A vos te parece? –dice ahora Valentín–: la Justicia sólo les da la patria potestad a las mujeres.” Por esa misma razón, cree, no sólo su padre sino él mismo ahora no puede encargarse de su hija. El 15 de octubre, el juzgado de Carrasco Quintana se lo informó a la Dirección de la Maternidad: “Atento al estado en autos y de conformidad con lo dictaminado por el señor defensor de menores (...), procédase a ingresar a la menor Guadalupe Valentina H. al programa Amas Externas una vez que se otorgue el alta médica, a tal fin líbrense los oficios de rigor”.
“Me la chuparon”, le dijo Valentín a Página/12. “No me avisaron, no me dijeron dónde está. Tengo a mi hermana dispuesta a quedarse todo el día con mis hijos. Se los dije a los del juzgado, pero ¿realmente escuchan?”. Y reflexiona: “No me escuchan, es una apropiación más cruel que en la dictadura: porque esto es todo legal”.
Desde entonces, Valentín junta en una carpeta todo tipo de avales para recuperarla. Ramón Padilla es cura de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Le mandó una de las primeras cartas al “señor juez de Menores Quintana Carrasco” para pedir la restitución. “Conozco al señor Valentín Herrera –le escribió– (...). Se desempeña como presidente de la Cooperativa para recolectores Limitada Reciclando Sueños, matrícula 25050, con cuyo trabajo hace frente a las necesidades de la vida, por lo que me parece puede cuidar y alimentar a su hija Guadalupe”. Como para reforzar la idea, agregó: además “hace trabajos sociales en la villa 3 donde vive”.
La Justicia no respondió. Tampoco lo hizo con Silvano Lanzieri, el coordinador general del Instituto de Vivienda. En su carta al juez, aseguró que Valentín y su Cooperativa de los sueños está “tramitando un crédito” para “solucionar su problema de vivienda”. Más tarde, Diana Astete volvió a insistir con una carta. Pertenece a la Asociación Diálogo, una ONG comprometida en trabajos con niños y adolescentes que le ofreció al juzgado “integrar a Guadalupe en el programa de Padrinazgo que lleva adelante Diálogo Italiano con sede en Milán”. Con el subsidio le darían “los medios económicos para que cuente con buena alimentación, ropa y medicamentos. Y apoyo, para facilitar en la casa la atención”.
La sucesión de cartas se reprodujo desde los últimos días de octubre. Desde entonces, los Herrera no tuvieron novedades de su hija. Sólo tuvieron una nueva información del juzgado: esta vez era un oficio dirigido al director del Sedronar para cumplir con otra disposición del defensor de Menores: “Procédase a la inmediata internación de Monzón María Fátima en una institución dependiente del Sedronar”.
Para curarse, Fátima está dispuesta a internarse: “No sabemos qué va a pasar ahora –le dijo a Página/12–, si yo me interno, no sé si el juzgado va a dejar a los otros dos chicos en casa, con los hombres”. Además de Guadalupe, aquellos dos chicos que estaban bajo la custodia de su suegra también podrían pasar ahora al Programa de Amas. A pesar de que hay una hermana de Valentín capaz de cuidarlos, y a pesar de las cartas que guarda la carpeta de Valentín.