El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó al presidente Néstor Kirchner que iniciara gestiones ante el Vaticano para que Antonio Baseotto, obispo castrense, fuera removido de su cargo. La entidad defensora de los derechos humanos se basó en las declaraciones del sacerdote, quien había propugnado que el ministro de Salud de la Nación fuese arrojado al mar, con una piedra colgada de su cuello, como castigo por “escandalizar a los pequeños” al propiciar la distribución de preservativos. El CELS observó que las declaraciones de Baseotto se suman a “otros negros antecedentes”, entre los que señaló una gestión personal ante la Corte Suprema, en 2003, cuando “expresó la inquietud de los militares por el juzgamiento de los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura”. El CELS destaca que el obispo castrense es designado por la Santa Sede con acuerdo del Poder Ejecutivo y que sus funciones se ejercen en el ámbito de la Presidencia de la Nación, con rango de subsecretario de Estado. Además, dos abogados presentaron denuncias penales contra Baseotto por “amenazas e intimidación pública” y por “apología del delito”, ya que sus dichos “invocan una de las formas más perversas utilizadas en tiempos del horror militar”. Desde el Vaticano, en cambio, un cardenal afirmó que la propuesta de Baseotto “constituye una verdadera defensa de la dignidad de la persona humana y sus derechos”.
En una carta dirigida a Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, Baseotto había incluido a ese funcionario entre “los que escandalizan a los pequeños”, en su caso mediante la política de distribuir preservativos entre la juventud. El obispo castrense le recordaba al ministro que, por tal escándalo y según una fórmula evangélica, “merece que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar”.
La presentación del CELS, dirigida al presidente Néstor Kirchner, señala que “el obispo Baseotto apeló a una figura que no es ingenua en la historia de nuestro país”, ya que “remite a la metodología utilizada por los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas de la última dictadura para eliminar a los detenidos desaparecidos”. La entidad cita el testimonio del represor Adolfo Scilingo, según el cual “entre 1976 y 1977, entre 1500 y 2000 detenidos desaparecidos en la ESMA fueron arrojados con vida al mar desde aviones”.
El CELS destaca que “ésta no ha sido la única vez que el obispo Baseotto reivindica los métodos de la dictadura y apoya a los ejecutores de estos crímenes”, recordando que en febrero de 2003 “se había reunido con los ministros de la Corte Suprema de Justicia”, presidida entonces por Adolfo Vázquez, para “expresar la inquietud de los militares por el juzgamiento de los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura”. Baseotto “había solicitado la audiencia en nombre del Obispado Castrense”.
El documento del CELS incluye un apartado llamado “Situación jurídica del obispado castrense”, donde señala que, en virtud del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede sobre la Jurisdicción Castrense y la Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, “el obispo castrense será nombrado por la Santa Sede previo acuerdo con el Señor Presidente de la República”, lo cual, sostiene el CELS, “demuestra que las funciones del obispo castrense revisten especial interés para el Poder Ejecutivo y reconoce la legitimidad de este último al respecto”. Además, según el decreto 1084/98, “el obispo castrense tiene rango de subsecretario de Estado y su remuneración es erogada del Presupuesto General”; el estipendio mensual fijado en ese momento llegaba a 4500 pesos.
En tales condiciones, “la conducta del obispo castrense no puede estar reñida con las normas que rigen la ética en la función pública, entre las que tiene un valor supremo la vigencia y protección de los derechos humanos”, afirma la entidad, y observa que, desde 1983, “el control civilde las instituciones castrenses fue una de las pocas políticas de Estado que la democracia argentina logró sostener con el consenso de las diversas fuerzas partidarias”.
Por ello, el CELS solicita que “se realice una investigación exhaustiva sobre la conducta del obispo castrense Antonio Baseotto y se realicen las gestiones necesarias ante la Santa Sede con objeto de informarle sobre esta conducta y que se realicen las medidas de separación del cargo”.
Por su parte, el abogado Guillermo Pagura, patrocinado por Pablo Jacoby, presentó UNA denuncia penal contra Baseotto por “amenazas e intimidación pública”. La presentación discierne “amenaza directa de muerte al ministro González García por expresar una opinión de política sanitaria”, que adquiere “superlativa gravedad” por provenir “de la máxima representación de la Iglesia Católica ante las Fuerzas Armadas” y “de alguien que percibe emolumentos del propio Estado a cuyos funcionarios amenaza de muerte”.
El abogado Ricardo Monner Sans también denunció penalmente a Baseotto por “apología del delito”, ya que “su dicho ofrece el elogio al homicidio, con invocación a una de las formas más perversas utilizadas en la Argentina en los tiempos del horror militar”.
La única voz en favor del obispo castrense –mientras la Iglesia argentina guardaba silencio– fue la del cardenal Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, quien envió una carga a Baseotto calificando como “valientes y contundentes” sus afirmaciones: “Su declaración constituye una verdadera defensa de la dignidad de la persona humana y sus derechos”, le escribió.
El ministro de Defensa, José Pampuro, postergó para hoy la citación al obispo Baseotto, “a fin de trasmitirle el disgusto y malestar suscitado por su desafortunada frase”, según anticipó una fuente de esa cartera.