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Después de una sangría que duró lo que lleva 2002, la ex jueza Irma Lima dejó su puesto al frente de la Subsecretaría del Menor y la Familia bonaerense. Lo hizo según ella misma, en el extremo punto del “desgaste”. Lima, quien fue nombrada por el ex gobernador Carlos Ruckauf hace dos años, se fue “cansada de apagar incendios”, le dijo a Página/12. Pero la administración del gobernador Felipe Solá tiene una visión distinta. “El desgaste que sufrió durante dos años perjudicó el diálogo con la Justicia, con las ONG y con el Consejo del Menor de la Nación –opinó ante este diario el ministro de Desarrollo Humano y Trabajo, Mariano West–. La ida de Ruckauf la afectó porque la había convocado personalmente. No quise hacer el cambio, quise descubrir sus valores, pero en la práctica fue necesario adoptar otra política y otro discurso”. La nueva funcionaria que deberá llevar adelante un proceso de “descentralización y regionalización” es la abogada Cristina Tabolaro, que ocupó un puesto durante la gestión de la ex titular del área María Laura Leguizamón.
Irma Lima llegó a su cargo con la misión de mejorar la situación en los institutos de menores de la provincia pero convocada por el gobernador de la mano dura. Su arribo al otrora Consejo del Menor y la Familia suponía un cambio en las estructuras que siempre hicieron de la institucionalización un infierno para los chicos en conflicto con la ley penal. Un carácter fuerte, una postura de defensa de “los pibes”, cierta supuesta intransigencia significaron aire para el pesado cartel de duro de Ruckauf. Pero no pasó demasiado tiempo hasta que en un amplio abanico, desde un sector de las organizaciones no gubernamentales, hasta otro de la propia Corte bonaerense, comenzaron a exigirle respuestas a las situaciones de desborde que ha vivido el sistema de minoridad. Una de las críticas más fuertes vino de la Corte en la serie de acordadas en las que los jueces denunciaron el hacinamiento y las torturas de chicos en comisarías de la provincia. La alta cantidad de fugas de chicos tutelados por el estado también dieron para las críticas judiciales.
El ministro de Desarrollo Humano de Solá planteó ayer a Página/12 que “es necesario ir mejorando la articulación con el poder judicial” resentida durante la administración de Lima. La ex jueza agravó su tono habitualmente ronco cuando este diario le preguntó por las declaraciones de West. “¿Que no he tenido diálogo con la Justicia? –despotricó Lima–. He tenido que hablar con decenas de jueces para parar el hacinamiento. Y ante la Corte, que ha estado presionando por los chicos acumulados en comisarías, por el maltrato policial. El señor West permanentemente me pedía que hiciera gestiones para descomprimir la presión porque sabe que yo soy amiga del doctor (Juan Carlos) Hitters, (presidente del máximo tribunal)”.
Lo cierto es que West sostiene que no quiso alejarla del cargo apenas asumió frente al Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo. Y que hace una semana está decidido el nombre de su reemplazante: Cristina Tabolaro. La nueva subsecretaria fue la directora provincial de Coordinación de Consejos Departamentales del Consejo del Menor en tiempos de la peronista María Laura Leguizamón. En el currículum de Tabolaro figura un cargo como Asesora de Menores e Incapaces ante el Juzgado de Paz Letrado de la Ciudad de Bolívar. Actualmente trabajaba como asesora legal de organizaciones no gubernamentales. Tabolaro es una “abogada joven” y está casada con Víctor Hortel, defensor de Casación de la Ciudad de Buenos Aires y a la zaga hijo de Eduardo Hortel, juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense, presidente del tribunal que envió a la cárcel a los asesinos de Miguel Bru. “A poco de asumir tuvimos una reunión con todos los delegados departamentales que manifestaron que había sido una de las personas más eficientes en esa gestión. Hace un mes la designamos en ese lugar. Después de la experiencia de este mes resolvimos nombrarla”, contó Mariano West.”¿La nueva funcionaria es peronista?”, quiso saber este diario. “Nunca se lo pregunté”, contestó el ministro.
De hecho Cristian Tabolaro fue asesora legal del municipio de Bolívar durante una administración radical. Pero no se le conoce ficha de afiliación. Lo que sí está claro, por palabras de West, y por los que sus colaboradores más cercanos transmiten, es que no está “de ninguna manera” de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad penal de los menores que delinquen. West se lo dijo ayer a este cronista. Y su posición coincide con la del titular del Consejo Nacional de Menor y la Familia, Norberto Liwsky. Ayer el funcionario de Duhalde y la funcionaria de Solá se reunieron en Olivos antes de que él partiera hacia la Sesión Especial de las Naciones Unidas en favor de la infancia. La conversación, tuvo que ver, sobre todo con un posible acuerdo entre la provincia y la Nación para desagotar las comisarías donde ayer dormían 150 menores para quienes no hay lugar en los institutos. A través de ese acuerdo se reubicarían también los 123 chicos tutelados por causas asistenciales que hay en Admisión Asistencial, un lugar preparado para 65. Entre ellos, según Lima, hay 12 chicos con problemas mentales, que fueron desalojados de la Clínica San Patricio, de La Plata, por falta de pago del gobierno bonaerense.