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Cuando el tribunal de La Matanza decidió absolverlos por falta de acusación fiscal, Roger y Matías Acuña, Claudio Luna y Carlos Varela se levantaron del banquillo y se abrazaron llorando a sus familiares. Aunque, es cierto, tenían la alegría empastada después de 4 años de sufrir su inocencia tras las rejas. A los recién liberados los habían detenido por el doble homicidio de María Rosa Jiménez y su nieto Gustavo Sanagua, el 20 de noviembre de 2000 en Ciudad Evita. El tribunal, además, ordenó investigar a la DDI La Matanza y al fiscal Claudio Polero: la detención de los cuatro liberados estuvo basada en dos testigos truchos que dijeron haberlos visto a 15 cuadras del lugar del crimen y de noche; Roger Acuña estaba más lejos aún: en Santiago del Estero; el arma presentada como prueba por los Bonaerenses no fue la utilizada en el crimen. A Polero es la tercera vez en un mes que lo cuestionan por detener inocentes.
El 20 de noviembre de 2000, durante la noche, María Rosa Jiménez y su nieto, Gustavo Sanagua, fueron asesinados dentro de su casa, sobre la calle 800 de Ciudad Evita. A la mujer la encontraron con un balazo en el abdomen; al joven, con un disparo en la frente. Los investigadores trazaron profundas hipótesis sobre el caso: según un supuesto soplón preso en Marcos Paz, los polis se enteraron de que Sanagua había estado preso en la misma unidad que un tal Cali y que por algún motivo que el soplón no supo soplar terminaron jurándose vendetas. La segunda línea indicaba que una banda de la zona, liderada por un tal Sierra, había asesinado a Sanagua por cuestiones de ajustes de cuentas. Pero ambas hipótesis fueron descartadas por superficiales cuando apareció la tercera línea provista por dos testigos de curiosa procedencia.
Los dos testigos resultaron vivir a 15 cuadras de la casa donde ocurrieron los crímenes. Y aseguraron que la noche de aquel 20 de noviembre vieron corriendo frente a sus puertas a los dos hermanos Acuña, a Luna y a Varela, y oyeron que uno de ellos, con un arma en la mano, decía “apurate, apurate, los matamos”.
Con las pruebas reunidas por los muchachos de Investigaciones, el fiscal Claudio Polero pidió las detenciones rápidamente aceptadas. A tres de los cuatro los detuvieron unos meses más tarde. Roger cayó varios días después, en Santiago del Estero, donde vivía. Las pruebas tardaron cuatro años en caer.
Durante la audiencia se demostró que Roger estaba en Santiago; que la 9 milímetros que le secuestraron no fue la utilizada pese a que los uniformados la señalaron como la pistola del crimen; también se demostró que los vecinos tenían enemistad previa con los Acuña y que resultaba demasiado extraño que los uniformados, en su afán por encontrar la verdad, deambularon y husmearon a 15 cuadras a la redonda del crimen para terminar timbreando justo a la casa de los vecinos que habían visto todo; mucho más sorprendente fue que los testigos no se acordaban nada de lo que habían declarado, se contradecían o negaban haberlo dicho; incluso la esposa de uno de ellos dijo al tribunal que no había firmado su declaración porque la computadora del fiscal estaba dada vuelta y no vio lo que decía.
Sobre Polero, dos actuaciones previas, la del supuesto intento de secuestro de las hijas de Catherine Fulop, y el 15 de marzo, por llevar a juicio a un hombre que estuvo preso durante cinco años acusado por un crimen que no cometió, lo dejan en estado de debilidad investigativa. En el caso de ayer intervino el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Remo Carlotto, presentando un informe ante el tribunal en el que denunciaba las arbitrariedades sufridas por los cuatro sospechosos de Polero.
Ayer, el fiscal de juicio, Eduardo Campanella, pidió perdón a los detenidos y retiró las acusaciones, con lo que los jueces Néstor Bué Roca, Joaquín Barrenechea y Alfredo Drocchi ordenaron la inmediata libertad de los acusados y la investigación de los investigadores.