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Río Negro está en camino de convertirse en la primera provincia del país en reglamentar la atención sanitaria de los abortos “no punibles” previstos en el Código Penal, para que sean practicados tanto en establecimientos públicos como privados sin la exigencia de una autorización judicial. En la Legislatura avanza el tratamiento de un proyecto de ley que establece el procedimiento para la interrupción del embarazo cuando corra peligro la salud “física o psíquica” de la mujer o la gestación haya sido producto de una violación. En este último supuesto, se hace una interpretación amplia del Código Penal, y no se limita el alcance a los casos en que la víctima sea “idiota o demente”, sino que abarca a todas las mujeres. La iniciativa es impulsada por distintos bloques y cuenta con amplio consenso. Se han recolectado hasta el momento más de un millar de firmas de apoyo en las calles y se pronunció a favor la ministra provincial de Salud, Adriana Gutiérrez.
La Legislatura unicameral de Río Negro ya dio muestras de estar a la vanguardia en temas de derechos sexuales y reproductivos. En el año 2000 fue la primera que legalizó la ligadura de trompas y la vasectomía. Ahora el cuerpo está abocado al tratamiento de un proyecto de las diputadas Marta Milesi, María Inés García (radicales) y Luis Di Giácomo (Frente Grande), que instrumenta los mecanismos que deben seguir los hospitales públicos y las clínicas privadas para la atención de los abortos “no punibles” previstos en el artículo 86 del Código Penal. Firmaron la iniciativa otros legisladores de la UCR –entre ellos el titular del bloque, Bautista Mendioroz– y Alcides Pinazo, del PJ.
El proyecto ya fue discutido en la Comisión de Asuntos Sociales, donde obtuvo un dictamen de mayoría firmado por 10 de sus 11 integrantes. El único que se abstuvo de apoyarlo fue el justicialista Carlos Peralta por “principios religiosos”. El expediente se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales. “De los once miembros, sólo cuatro sostienen que la norma sería inconstitucional” por incluir a cualquier mujer violada y no exclusivamente a las “idiotas y dementes” como posibles beneficiarias de un aborto “no punible”, señaló a este diario la diputada Milesi. Esta posición es sostenida por los justicialistas Javier Iud y Gustavo Constanzo, Enrique Muena (del bloque Mara, una escisión del PJ) y Fabián Gatti, del Encuentro por los Rionegrinos (Frente Grande).
Los impulsores del proyecto, sin embargo, defienden la interpretación “amplia” con citas de constitucionalistas de la talla de Sebastián Soler, Carlos Fontán Balestra y Eduargo Aguirre Obarrio. Incluso, han pedido que se expida sobre la cuestión un reconocido abogado de Río Negro, Oscar Pandolfi, profesor de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Comahue (ver aparte).
En la primera semana de agosto podría pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Se descuenta que habrá un dictamen de mayoría y otro de minoría”, precisó Milesi, una de las autoras de la iniciativa.
Una vez que finalice el tratamiento en Asuntos Constitucionales, el expediente pasará a la Comisión de Presupuesto, cuyo presidente, el radical Oscar Machado, ya expresó su apoyo al proyecto. A la UCR, que mayoritariamente adhiere a la iniciativa, pertenecen 24 de los 43 integrantes de la Legislatura. Las leyes se aprueban por un mecanismo de doble vuelta: tras la primera sanción se abre un período de quince días en el que los ciudadanos pueden expresar sus objeciones y luego se vuelve a votar.
Desde el gobierno provincial que encabeza el radical Miguel Saiz manifestaron su opinión favorable la ministra de Salud, Adriana Gutiérrez, y las directoras del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Gabriela Perotti y Laura Margaría.
“La oposición a este proyecto está basada en la ideología clerical y en mucha hipocresía. No estamos más que dándoles un instructivo a los médicos para que sepan cómo actuar en estos casos sin ningún temor a una demandaposterior”, explicó a Página/12 el diputado Di Giácomo, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “En la práctica cotidiana, el aborto no punible no se realiza adecuadamente. Los médicos no siempre ejecutan los abortos legalmente permitidos en tiempo y forma, y en muchos casos solicitan autorización al Poder Judicial, cuando ese procedimiento es innecesario. No existe norma alguna en todo nuestro ordenamiento jurídico que indique que deba pedirse autorización judicial para realizar el aborto contemplado en el artículo 86 del Código Penal. A través de este proyecto se busca garantizar el efectivo goce de la autorización que se les da a las mujeres cuya vida corre peligro si continúan con un embarazo o si la gestación es producto de una violación”, indicó Milesi.
El proyecto regula el procedimiento a llevar a cabo en esos casos en establecimientos públicos, privados y de obras sociales de la provincia de Río Negro. Está contemplada la objeción de conciencia: un profesional podrá optar por no participar de la práctica médica, pero el hospital o la clínica deberá garantizar que otro profesional se haga cargo del procedimiento. Cada centro de salud tendrá que llevar un registro con los médicos o personal auxiliar que sean objetores de conciencia. “Las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y la reticencia para llevar a cabo el tratamiento por parte de los profesionales de la salud constituirán actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente”, establece la iniciativa en su artículo décimo.
El aborto deberá realizarse en un plazo “no mayor de diez días, contados a partir de que se solicita la interrupción”. Aunque si se trata de una situación de “alto riesgo para la vida o la salud integral de la mujer”, se “debe proceder con la urgencia que el caso requiera, de acuerdo con la opinión del profesional tratante”.
Santa Fe podría seguir el camino que está abriendo Río Negro: en la última sesión antes del receso invernal, su Cámara de Diputados se comprometió a tratar a partir de la semana próxima un proyecto similar, presentado a fines de 2004 por la diputada socialista Lucrecia Aranda.