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Por Mariana Carbajal
Desde Mar del Plata

¿Qué sucedería si los aportes jubilatorios del marido pasaran a considerarse como bienes gananciales en caso de divorcio? ¿Y si se les reconociera a las mujeres el trabajo doméstico no remunerado, especialmente el que dedican a la crianza de los hijos, para calcular la jubilación? ¿Y si, además, se impulsara una revisión del uso del tiempo de hombres y mujeres frente a las responsabilidades de la casa a fin de que el reparto fuera más equitativo? Sin dudas, estos cambios acarrearían notables beneficios para la población femenina. Lo curioso es que no se trata de ideas de feministas trasnochadas sino de propuestas lanzadas por expertas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de la ONU, reunidas en Mar del Plata para analizar dónde se encuentra la región en términos de políticas de género.
Las propuestas de las especialistas se conocieron en el marco de la 38ª reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que organiza Cepal, que finalizó ayer en esta ciudad, sometida a tareas de “maquillaje” con vistas a la próxima Cumbre de las Américas: por donde se transita es posible ver obras de bacheo, arreglo de plazas y reparación de veredas. Del encuentro participaron las máximas representantes del área Mujer de veinte países. Por la Argentina estuvieron la embajadora para Temas de la Mujer de Cancillería, Juliana Di Tullio; la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Lucila “Pimpi” Colombo; y la viceministra de Salud, Graciela Rosso. Llamativamente, el representante de Antillas Holandesas resultó un varón.
“No puede haber políticas de género efectivas si no se llevan a cabo reformas en los actuales sistemas de seguridad social”, sentenció la jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Cepal, la boliviana Sonia Montaño. En ese sentido, indicó que, salvo en casos contados, los países latinoamericanos no ofrecen una cobertura a los problemas jubilatorios de la mujer derivados del “trabajo no remunerado” en los hogares. “Lo que las mujeres hacen es el cuidado de los niños, ancianos, enfermos, labores que en otras condiciones podrían ser compradas en el mercado o proporcionadas por el Estado, pero se proveen en la familia muchas veces a costa de la salud y el tiempo de las mujeres”, advirtió Montaño. Por esa razón, una de las preocupaciones de la Cepal es que se reconozca el aporte no remunerado de las mujeres a la reproducción social dentro de los sistemas previsionales.
En la reunión se comentó el caso de Costa Rica, que en mayo aprobó una ley –que entrará en vigencia en 18 meses– que reconoce el trabajo reproductivo de las mujeres para el cálculo de la jubilación. “Es la primera experiencia de este tipo en la región”, destacó la boliviana Flavia Marco, estudiosa de los sistemas de pensiones en América latina. Brasil, precisó Marcó, va en el mismo camino: acaba de aprobar una enmienda constitucional tendiente a garantizar una jubilación a quienes realizan trabajo doméstico, del mismo modo que ya se contempla para los trabajadores rurales. El mecanismo podría funcionar de la siguiente forma: si una mujer estuvo un tiempo fuera del mercado laboral por criar a sus hijos, esos años se descontarían del total de años que debería aportar para jubilarse.
Según explicó la argentina Laura Pautassi, investigadora del Conicet y consultora de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Cepal, todas las reformas estructurales que terminaron con la privatización de los regímenes jubilatorios en la década del ’90 en la mayoría de los países de la región fueron “absolutamente ciegas a las perspectivas de género”.
La propuesta de Pautassi sorprendió al auditorio: que se incorpore como bienes gananciales del matrimonio las contribuciones al régimen previsional, aconsejó. “Esta propuesta tendría mayor impacto en los casos de funcionarios de carrera, de empresarios con sueldo altos. Entonces, en caso de divorcio y si la mujer no trabajaba porque se había dedicado al cuidado del hogar, ella puede acceder al 50 por ciento de la jubilación del marido. Es una regulación del derecho civil que está vigente en Alemania desde 1971 y también en países escandinavos”, explicó Pautassi en diálogo con Página/12.
“En la Argentina, como en otros países de la región, se observa que las mujeres en general no pueden pagar sus obligaciones a la seguridad social porque normalmente trabajan por bajos ingresos, dejan de trabajar por distintas razones, como la maternidad o el cuidado de sus hijos, están más afectadas por el desempleo. A lo que se suma que la Argentina es uno de los países con mayor expectativa de vida para las mujeres y, por lo tanto, tienen que vivir más tiempo con menos ahorro, comparado con los ahorros de los varones en similares condiciones”, describió Montaño a este diario. “Los sistemas de previsión social son prioritarios para revisar”, coincidió la chilena Marta Mauras, secretaria de la Cepal.
Las jubilaciones, sin embargo, no fueron el único tema de debate: “Urge la revisión del uso del tiempo de hombres y mujeres frente a las responsabilidades domésticas”, sostuvo la brasileña Rosiska Darcy de Oliveira, también consultora de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Cepal. A su propuesta la llamó “reingeniería del tiempo” y explicó que se trata de “un intento de repensar la vida cotidiana de hombres y mujeres con el propósito de mejorar la calidad de vida y su producto bruto de felicidad”.
En la práctica implicaría, entre otras medidas, disminuir o reacomodar de los tiempos de trabajo, flexibilizados en las empresas. “No son las mujeres y tampoco la familia las que tienen que reorganizarse en función de un mundo laboral que permanece inmutable. Es el mundo del trabajo y la sociedad, como un todo, el que debe organizarse en función de las modificaciones que experimentó la familia”, apuntó y dio el ejemplo de dos países que “se tomaron en serio” la reingeniería del tiempo. “Suecia creó una licencia remunerada, equivalente al 90 por ciento del salario de los empleados, concedida al padre o a la madre, que puede ser utilizada en jornada parcial o completa, hasta que los hijos cumplan ocho años. En 1995 –además– se promulgó una ley que obliga a todos los municipios a proporcionar un lugar de acogida a todos los niños a partir de un año de edad, cuyos padres trabajen o estén en proceso de formación. En Holanda, en tanto, las empresas con más de diez empleados están obligadas a permitirles el aumento o la reducción del tiempo de trabajo y a respetar su derecho a flexibilizar el horario de trabajo, sin que sea necesario presentar justificaciones”, enumeró Oliveira. Y concluyó que cuando se extienda esta reingeniería del tiempo, “impactará en la sociedad con la misma fuerza que provocó el fin de la esclavitud”.