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“No es una decisión sencilla”, afirmó ayer la jueza de menores de Córdoba Amalia García de Fabre, quien recibió un pedido de los médicos del Hospital Italiano, de la capital provincial, para que los autorice a sacarle el respirador artificial a Ludmila, una beba de cuatro meses que está internada con diagnóstico de muerte cerebral. “Médica y legalmente está muerta, aunque sea muy duro hay que decirlo”, confirmó ayer la médica jefa del hospital, Susana Caminos, quien recordó que cualquier acto de los profesionales “tiene que ser autorizado por el juzgado”. La niña está internada desde el lunes pasado con un cuadro gravísimo: fractura de cráneo y lesiones cerebrales que habrían sido provocadas por los golpes que recibió de sus padres. La pareja sospechada de haber sometido a la pequeña a maltrato permanente está integrada por Sebastián Barchetti, de 22 años, y Estefanía Santa Cruz, de 21. El es un desocupado y ella, una estudiante universitaria. Ambos se encuentran detenidos e imputados por lo que le ocurrió a Ludmila, pero de todos modos, según aclaró a la prensa la jueza García de Fabre, “todavía siguen ejerciendo la patria potestad, porque están imputados pero no condenados”.
El caso, que ha conmocionado a la provincia, es muy complejo porque hasta la propia jueza está siendo investigada dado que se cree que no tomó los recaudos necesarios para salvaguardar a la niña. Cuando la beba tenía dos meses había sufrido la fractura de un brazo y desde entonces los padres eran objeto de un seguimiento judicial porque se sospechaba que golpeaban a la criatura. “Acá hubo maltrato y las lesiones no tienen otra explicación”, sostuvo la médica Susana Caminos, anticipándose al dictamen judicial. Agregó que éstos “son casos que salen de toda norma; este tipo de situaciones superan todo tipo de razonamiento”.
Hasta el gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, salió a decir que “son inhumanos” los padres acusados por el supuesto maltrato. “Es terrible que haya padres con esta actitud, es algo incomprensible en cualquier persona normal y por eso motivo tiene que caer sobre ellos todo el peso de la ley”, afirmó el gobernador, aunque todavía tiene que demostrarse, judicialmente hablando, que los padres fueron los responsables de lo sucedido con la pequeña. De la Sota, al ser consultado sobre la actuación de la doctora García de Fabre, fue cauto: “No puedo juzgar yo a la Justicia. Tengo que ser respetuoso de los poderes. Si el propio Poder Judicial estima que no se actuó correctamente tiene los mecanismos para resolverlo”.
Luego de la internación de la pequeña, las autoridades del hospital presentaron una denuncia, al sospechar que la niña había sido sometida a malos tratos. “Los padres no daban ninguna versión coherente sobre lo que le había pasado a la pequeña”, explicó la doctora Caminos. En el caso intervino la fiscalía del distrito 3, a cargo de Marcelo Hidalgo, quien dispuso la detención de los padres. De la investigación surgió que el caso ya estaba judicializado, porque dos meses antes, una de las abuelas de la criatura había afirmado que Ludmila era golpeada por sus padres.
La beba había sido atendida porque sufrió fractura de húmero en su brazo izquierdo. Al comprobarse que el caso ya había estado en la Justicia, el fiscal federal de la provincia, Gustavo Lascano, instruyó al fiscal Carlos Matheu para que investigue el accionar de la jueza, para saber si ejerció en ese momento el debido control sobre las relaciones familiares.
“Creo que esta muerte, con todo dolor tengo que decirlo, se podría haber evitado. Yo tengo que ser muy franca. O sea que algún mecanismo ha fallado, eso sin duda, pero tenemos que darnos cuenta que la medicina no es una ciencia exacta. No sé si los médicos pueden saber si es un mecanismo provocado o accidental y si lo saben y no lo informan, bueno...”, declaró la jueza, según consigna el diario La Voz del Interior de Córdoba. La doctora García de Fabre salió a rechazar su presunta negligencia y también puso en duda la información que dieron los médicos del Hospital Italiano en el sentido de que la niña fue golpeada. Sobre la primera vez que tomó conocimiento de la situación de Ludmila, cuando la internaron por la fractura del brazo, la jueza dijo que pensó que “podría haber sido accidental, por el manipuleo de la nena en la cuna, que certificó el médico forense”. Señaló, incluso, que “al margen de esa quebradura”, la criatura estaba “en buen estado general” de salud. Fabre dijo que una asistente social concurrió a la casa de la familia y no pudo comprobar ninguna anomalía. “No tenía otro tipo de pruebas, aunque sea por olfato tendría que haber previsto que podría pasar una cosa así, pero lamentablemente no tenía pruebas para investigar a fondo”, dijo la jueza.
Respecto del informe de la asistente social, la jueza insistió en que decía que “no se encontraron indicadores que hicieran pensar que la niña se encuentre en situación de peligro”, mientras que los forenses “no observaron (la presencia) de lesiones compatibles con maltrato”. Hay otra versión sobre este punto. Es la que dice que los profesionales de la Subsecretaría de Protección Integral del Niño, que fueron convocados por la jueza, aseguraron que “no queda muy claro las circunstancias en que se produjo la fractura, no pudiendo identificar si se trató de un acto de maltrato o de negligencia”. Esa nota está firmada por la médica Liliana Castellano y por la psicóloga Ana Carolina Ferreira.
Ahora, en una nueva instancia judicial, los médicos pidieron autorización para retirar el respirador conectado a la niña. Los médicos sostuvieron que la pequeña presenta un cuadro de “muerte cerebral” que es “irreversible” y que el respirador no hace más que mantener los órganos. La jueza, hasta ahora, sólo dijo que antes de decidir debe estudiar con especialistas las “connotaciones éticas y morales” de la solicitud.