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Alfredo Bravo intenta recuperar su banca de senador por todos los frentes posibles. Denunció penalmente a los tres jueces de la Cámara Nacional Electoral que resolvieron que el puesto le correspondía a Gustavo Beliz, del Frente Nuevo País; reclamó ante el Consejo de la Magistratura el juicio político a los mismos magistrados, presentó un recurso extraordinario en la Corte Suprema a la vez que recusó a todos los integrantes del máximo tribunal y pidió que el Senado intervenga en el caso.
“Prevaricato, abuso de autoridad, y fraude electoral”, son los delitos que Bravo y su abogado, Juan Ramos Padilla, les adjudicaron a Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné en la denuncia que cayó en el Juzgado Federal número 4, que ahora está a cargo de Jorge Luis Ballestero. En el escrito se recordó que “Bravo había obtenido a su favor mayor cantidad de sufragios (en las elecciones del 14 de octubre pasado) y la Junta Electoral lo consagró en forma definitiva e inapelable senador”.
El diputado del ARI se había presentado a candidato en dos boletas, la que llevaba a Héctor Polino como primer diputado y la que tenía a Juan Carlos Dante Gullo en ese lugar. Ante una queja de Beliz, que había quedado segundo por muy poco margen, la Cámara Electoral resolvió que las dos boletas que llevaban el nombre de Bravo no se podían sumar y el puesto quedó entonces en manos del candidato del Frente Nuevo País.
La presentación contra los camaristas sostiene que se realizaron “maniobras para impedir que Bravo acceda a la banca” y que por ello “la justicia criminal deberá investigar también a Beliz y a sus representantes”. El diputado argumentó que los jueces “ocultaron pruebas decisivas y desnaturalizaron el voto con interés de favorecer a quien no fue consagrado en las urnas”.
Además de denunciar a los camaristas ante la Justicia y el Consejo de la Magistratura –que nombró a dos de ellos, Corcuera y Dalla Vía el año pasado–, el socialista acudió a la Corte Suprema para apelar a través de un recurso extraordinario el fallo de la Cámara Electoral. Allí solicitó que en este caso se apartaran todos los jueces porque en su actividad legislativa él los había denunciado y les había pedido el juicio político.
En ese escrito, Bravo y Ramos Padilla reclamaron que Beliz se abstenga de jurar como tercer senador por la Ciudad de Buenos Aires y argumentaron que, antes de que se realizaran las elecciones de octubre del año pasado, la jueza María Servini de Cubría había aprobado que las dos boletas que llevaban a Bravo como senador podrían sumarse y que como esta decisión no fue impugnada, así fue comunicada a la Junta Electoral. “La Cámara Electoral, máxima autoridad judicial del comicio, obviamente debía velar para que el procedimiento que culminaría con la expresión del Pueblo se realizara en las condiciones que habían sido previamente establecidas en las instancias anteriores (...) Esta Excelentísima Cámara con más razón debía garantizar que quienes concurrieron a emitir el sufragio no fueran luego estafados mediante el ardid de cambiar el sentido de su voto”, expresaron.
En el ámbito legislativo, el diputado del ARI solicitó por escrito ante el presidente del Senado, Juan Carlos Maqueda, que el cuerpo intervenga en este caso y recordó que el titular de la Cámara alta –que pertenece al PJ de Córdoba– “fue elegido sumando el apoyo de varias listas diferentes”.