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El gobierno porteño lanzará mañana su ofensiva legal contra la instalación de máquinas tragamonedas dentro de su jurisdicción. En la partida, debe remontar un resultado adverso: desde el viernes, al menos 300 máquinas están funcionando en cuatro de los cinco bingos porteños y en las siete agencias hípicas que funcionan en la ciudad y, hasta ahora, los intentos de los inspectores municipales por clausurarlas han sido vanos. Aunque su funcionamiento está prohibido por la legislación de la ciudad, los dueños de los bingos se amparan en una sorprendente medida dictada por un juez federal de la ciudad de La Plata. Una alta fuente del gobierno porteño dijo anoche a Página/12 que la ciudad, en realidad, no está en contra de las tragamonedas sino de que los beneficios de su recaudación sean capitalizados por Lotería Nacional y no por la ciudad. “O nos sentamos a discutir o vamos a la guerra total”, aseguró la fuente, adelantando una posición que levantará polvareda.
La denuncia fue realizada el jueves por el diputado Enrique Rodríguez (Forja 2001). “Es un avance de las organizaciones mafiosas, que quieren convertir a nuestra ciudad en un garito”, enfatizó el legislador. A sus manos habían llegado las dos resoluciones del juez Julio Miralles quien, el 16 de julio último, hizo lugar a una medida cautelar y prohibió al gobierno porteño y a Lotería nacional “abstenerse de realizar acto alguno que disponga clausura o sanción a las agencias y locales en relación con la explotación de las máquinas electromecánicas de juegos de azar, denominadas tragamonedas”.
Rodríguez puso al tanto de la situación al jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, y al procurador general de la Ciudad, Juan Carlos López. El viernes, los inspectores de la ciudad detectaron que las máquinas ya estaban funcionando en los bingos de Congreso, Lavalle, Flores y Belgrano, y en siete agencias que levantan apuestas para las carreras de Palermo, en San Isidro y La Plata. Cuando quisieron clausurar las máquinas, los responsables de los locales sacaron a relucir la resolución del juez Miralles.
La empresa beneficiaria de la medida es Royal Ascot, administradora de los bingos de Belgrano y Lavalle y, desde el año pasado, de las agencias hípicas cuya mandataria –la que recibe parte de los beneficios– es la Asociación de Amigos de la Fundación Favaloro.
Sin embargo, no fue la empresa la que hizo al presentación legal sino los empleados de los bingos y las agencias, acompañados por su sindicato.
–¿Por qué se hizo la presentación en La Plata, si los locales están en Capital? –le preguntó Página/12 al apoderado legal de Royal Ascot, José María Astarloa.
–La hicieron los empleados porque ven en riesgo su fuente de trabajo: la empresa está en procedimiento de crisis. Y se hizo en La Plata porque los empleados viven en la provincia, y porque se sabía que el juez Miralles había dictado medidas favorables en casos similares, como los del casino flotante y los bingos de la provincia –argumentó el letrado.
Astarloa precisó que en el Bingo Belgrano funcionan 65 máquinas, en el de Lavalle, 60 y 20 en cada agencia hípica. En el Bingo Congreso hay otras 30. Parte de las máquinas habían sido importadas por Domingo Lacquaniti, presidente de la Cámara Empresarial del Bingo de la Capital Federal, en noviembre de 2000.
En 2001, dos jueces con jurisdicción nacional habían declarado ilegal la instalación de las máquinas en la ciudad. Ahora, el procurador de la ciudad apelará la medida del juez Miralles. “Filosóficamente, no estamos en contra del juego: el casino flotante funciona desde hace años y la ciudad no es un garito”, dijo a este diario una alta fuente del gobierno porteño. “Lo que queremos es que los beneficios, que son destinados a la acción social, queden en la ciudad”, agregó. El interés no es causal: el año pasado, el casino flotante recaudó 680 millones de pesos, el 45 por ciento de los ingresos de Lotería Nacional.