Un fallo amaga con desatar una polémica en torno de los desarmaderos. La Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Penal porteña desprocesó al dueño de un local de venta de autopartes, en Warnes, al que se había procesado porque no estaba inscripto en el Registro de Desarmaderos que regula la actividad, y consideró que el no cumplir con la inscripción obligatoria no constituye un delito. El 16 de marzo del año pasado, un federal –el subinspector Horacio Sosa– cayó supuestamente de sorpresa por el local de Ariel Sampietro, por entonces ubicado en Bernasconi y Warnes, y labró un acta porque el dueño no estaba inscripto legalmente. Sosa dijo que entró al fondo del local con permiso del dueño y descubrió una parva de repuestos en situación irregular. El acta que labró derivó en el procesamiento de Sampietro por orden de la Justicia correccional, y la incautación de todo lo que había en los fondos, miles de autopartes supuestamente truchas. El autopartista quedó partido en cuatro, pero decidió apelar y la Cámara le dio la razón: en un polémico fallo, sostuvo que si bien la venta de autopartes truchas está vinculada al robo de autos, no se puede sostener que esa venta sea lo que motiva el robo; sostuvo que la no inscripción en el registro no puede ser considerada como delito; y que las pruebas incautadas por Sosa no tenía validez porque el federal no contaba con orden judicial para entrar al depósito.

Según el fallo de los jueces de la Sala V Rodolfo Pociello Argerich, Mario Filozof y María Laura Garrigós de Rébori, el 16 de marzo, el federal Sosa inspeccionó el local Los Marquesy, ubicado en Bernasconi 2195 de la Capital Federal y dedicado a la venta de autopartes usadas. Los tres dueños admitieron que el local no estaba inscripto en el Registro Unico de Desarmaderos y Actividades Conexas. Sosa, además, dijo que inspeccionó los fondos “con permiso de los dueños”, y allí se topó con miles de ópticas, espejos retrovisores, paragolpes, faroles de cola y parrillas de vehículos, sin las correspondientes obleas, lo que los transformaba en autopartes truchas. Labrada el acta, se notificó al Juzgado en lo Correccional Nº 5, que dispuso que no se detuviera a Ariel Sampietro, que figuraba como dueño, que no se clausurara el local, pero que se incautara toda la mercadería ilícita. Sampietro decidió apelar y el expediente recayó en la Sala V.

Algunas versiones que disparó el caso deslizaban que el fallo de Cámara sostiene que explotar un desarmadero sin registro no es delito. Pero fuentes judiciales indicaron a este diario que la lectura es inversa: primero, “la no inscripción en un registro de ningún modo y en ningún lugar puede ser considerada un delito”, dijo una fuente.

–Pero el robo de autos no ocurriría si no hubiera quien los comprara.

–Eso es como el huevo y la gallina. No se puede sostener que un autopartista, al no inscribirse, está provocando un robo. Habría que demostrar que las piezas incautadas eran robadas, cosa que no quedó demostrada. Y si hipotéticamente hubieran sido robadas, es encubrimiento y ya existe castigo, agravado si el objetivo es la venta del objeto. No hace falta una ley nueva para eso. El legislador tiene límites para elaborar una ley. No puede castigar lo que quiere. Si es de River no puede decir que los de Boca están condenados”, sugirió como ejemplo.

Y para colmo, la Sala V demostró que hasta el umbral del comercio, el operativo del subinspector Sosa era correcto, pero entrar a los fondos, un espacio privado, exige una orden de allanamiento. “Se abre la discusión de que si entró con permiso no es violación de la privacidad, pero hasta qué punto se puede estar en condiciones de negar ese permiso. Ya hubo sentencia de la Corte que indicó que no es legal”. Dando vuelta de algún modo la versión, más ilegal que la no inscripción fue la visita del federal, que le cayó a Sampietro sin llover. “La pregunta –insistió la misma fuente– es por qué buscaron a ése, habiendo miles alrededor, sin una investigación judicial.”