En el caso de Esperanza Ponte –a quien, según su denuncia, la posibilidad de trabajar le es negada por haber tenido internaciones psiquiátricas– confluyen por lo menos tres temáticas actuales: la especial discriminación que afecta a las personas con discapacidades mentales; la respuesta de estas personas, que empiezan a agruparse para luchar por sus derechos, y la inquietud suscitada por las políticas de salud mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que –según una representante del CELS– “están lejos de avanzar en el orden de la inclusión”.

Todo empezó, o continuó, cuando Esperanza decidió presentarse en la Copine (Comisión para la Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales), del gobierno porteño, con su certificado de discapacidad: buscaba un empleo, en términos del cupo establecido por la Ley 1502 de la ciudad. “Me entrevistó una psicóloga que dijo: ‘La verdad, no incorporamos gente con este tipo de discapacidad pero tu caso es distinto: otros que vinieron dan como domicilio el Moyano o el Borda...’. Yo no le contesté pero lo que decía era una torpeza: si un paciente que está internado va a la Copine, es porque un equipo lo asesoró y porque busca herramientas para ser externado. El problema de fondo es que no se cumplen los dispositivos de externación de la Ley 448” (de Salud Mental).

La psicóloga de Copine, por excepción, entrevistó a Esperanza y redactó un informe favorable que, de todos modos, no le permitió obtener un puesto de trabajo. Ella había ido a esa repartición el 15 de agosto, “desesperada porque, cuatro días antes, había perdido un trabajo, precario, que tenía”. Aquel trabajo era el acompañamiento de una anciana que padecía la enfermedad de Alzheimer y que vivía en un geriátrico. “Era un lugar caro, de esos que alivian la conciencia del que pueda pagar, pero nadie la visitaba y no salía a la calle.” La anciana había sido pianista; en el geriátrico de lujo no había piano pero Esperanza le hacía escuchar música: “Empezó a reconocer a los autores, y a recordar cosas de su vida”, cuenta Esperanza. Pero “los hijos se enteraron de que yo había estado internada y, de la noche a la mañana, me echaron”.

Esperanza integra la Asamblea Permanente de Personas Usuarias de Servicios de Salud Mental, que funciona en el CELS. Roxana Amendolaro –coordinadora de Salud Mental de esa entidad– precisó que “el CELS se limita a acompañar acciones decididas por las personas usuarias”. El proyecto de ley de salud mental que, en la provincia de Buenos Aires, presentó la diputada Laura Berardo (Movimiento Libres del Sur) incorporó propuestas de la Asamblea; entre éstas, la de que los usuarios puedan tomar, para eventuales momentos de crisis, sus propias decisiones anticipadas, como qué prácticas estarían dispuestos a que se implementen y cuáles no.

En cuanto al caso de Esperanza, “es una muestra de la falta de políticas para que las personas con discapacidad mental puedan insertarse laboralmente. Esto, que sucede en general con las discapacidades, se agudiza para la discapacidad mental. Ocurre también a nivel nacional –observó Amendolaro–, pero en la ciudad de Buenos Aires se anota en una situación preocupante: hace poco intervinimos por la aplicación de terapia electroconvulsiva sin consentimiento informado ni garantías. Además, el gobierno de la ciudad sigue sin comunicar los contenidos de su plan de salud mental, que no avanza precisamente hacia la inclusión social plena”.

“Esperanza Ponte” es en realidad un seudónimo, ya que la integrante de la Asamblea de Personas Usuarias, precisamente por la discriminación que denuncia, prefiere no hacer público su nombre.