“Cuando se trata de adolescentes, la mayor parte de los profesionales se niegan a aplicar la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable”, sostuvo una investigadora que relevó el tema a nivel nacional. La ley establece que los chicos pueden consultar sin necesidad de ir acompañados por sus padres, pero los profesionales temen a la reacción de los progenitores o plantean “objeciones de conciencia”, cuyo ejemplo más extremo es el de la profesional que, en alguna ciudad de provincia, delató ante su familia a la joven que había hecho una consulta.

Gabriela Ramos, investigadora de la UBA, es una de las autoras –junto con Alejandra Brener– del trabajo “La adolescencia: sus derechos y sus prácticas de sexualidad saludable”, que publicó la ONG Conders. Afirmó que “algunos profesionales desconocen la ley; otros tienen temor a problemas que puedan surgir de las familias de los adolescentes que consultan, o presentan ‘objeciones de conciencia’” En cuanto a esto último, “debiera ser claro que, si un profesional formula objeciones de este orden, el servicio debe hacerse cargo de proveer otro profesional que dé curso a la consulta”.

Un ejemplo de las limitaciones es el de la provincia de Córdoba, donde “las adolescentes a quienes se prescriben anticonceptivos son las que ya tienen hijos, siendo inusual que las que no lo tienen concurran al servicio. Los varones no llegan y no son tenidos en cuenta en las campañas, que siguen asignando a las mujeres la total de la responsabilidad de prevenir embarazos y enfermedades de trasmisión sexual”, según la investigación de Brener y Ramos. Un extremo citado por Ramos –quien recorrió diversas provincias del país en su investigación– es el de “la enfermera que, al saber que una adolescente efectuó una consulta en un servicio de Salud Sexual, fue a contárselo a la familia de la chica”.

“En general, en las grandes ciudades la situación es mejor –observó Ramos–, pero no siempre es el caso: en una ciudad importante como Mendoza, el acceso de adolescentes a la salud sexual no está implementado. En cambio, la ley se cumple más en el sur del país, en provincias como Tierra del Fuego o Neuquén. Es cierto que en esta región la Iglesia Católica tiene menos poder. En términos generales, las provincias donde los adolescentes tienen menos acceso a la salud sexual son las que tienen más peso de la Iglesia y de sectores con poder político y económico muy concentrado”.