“Uno solito no puede recoger los huevos. Por eso tienen que trabajar las esposas y los niños”, explicaba uno de los trabajadores a los inspectores que en abril de 2008 recorrieron una de las granjas de Nuestra Huella S.A. en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El hombre se refería al sistema de pago, que dependía de que cada día recolecten unos 14 mil huevos y hagan tratamiento al excremento de las gallinas. La denuncia quedó radicada ante la jueza de Garantías Nº 2 de San Isidro, Graciela Sione.

El fiscal Juan José Maraggi encabezó aquel allanamiento, en el que descubrió a 30 personas, entre ellas 20 niños, “en situación de servidumbre y bajo condiciones insalubres” en la granja Mimosa III. La proveedora de huevos, informó el fiscal, “electrificaba el perímetro por la noche” para que nadie saliera ni entrara. En cada galpón trabajaba “de 7 a 21 todo un grupo familiar, incluso niños de cinco a diez años” y cada familia cobraba 800 pesos. Por entonces, el fiscal enumeró delitos como “reducción a la servidumbre”, “privación ilegal de la libertad” e “irregularidades al respecto de la documentación de los empleados”.

El 10 de agosto, cuando se celebraba el Día del Niño, Página/12 acompañó a los integrantes de La Alameda a recorrer “La Fernández”, otra de las granjas de Nuestra Huella. Allí se detectó la presencia de niños trabajando. Se presentó una nueva denuncia pero el fiscal Maraggi se declaró incompetente y envió el expediente al juzgado federal de Zárate-Campana.