No se trata simplemente de repartir anticonceptivos a las chicas. La experiencia internacional equipara las leyes de salud reproductiva con los más importantes programas de vacunación masiva: hacen bajar la incidencia de males que van desde los cánceres mamarios y genitales hasta la trasmisión madre-hijo del VIH/sida; además de, por supuesto, derribar la mortalidad por abortos provocados, que se lleva a 150 mujeres por año en la Argentina. La clave de tan múltiples efectos está en que la joven, cuando se acerca a un hospital en busca de anticonceptivos, está iniciando una relación con el sistema de salud que –si las instituciones cumplen con ella– se prolongará durante toda su vida reproductiva. Así lo explicó a este diario uno de los más reconocidos expertos en el área: Jorge Charalambopoulos, profesor de ginecología en la UBA y jefe de Procreación Responsable en la Maternidad Sardá. El especialista explicó que la ley sancionada ayer debe servir para financiar los programas de las 10 provincias que ya cuentan con sus propias leyes y que debiera actuar como saludable presión sobre las nueve que carecen de ellas, entre las cuales figuran San Luis y la provincia de Buenos Aires.
–Empecemos por el caso de las adolescentes: ¿Cómo se las atiende en servicios como el que usted dirige?
–Con profesionales especialmente entrenados; si es necesario, en interconsulta con asistentes sociales y psicólogos. Las chicas generalmente se inclinan por anticonceptivos hormonales o de barrera, como los preservativos; a veces los suman, como método doble. Pero también hay chicas de 18 o 19 años que ya tienen hijos y prefieren el dispositivo intrauterino (DIU). Nosotros informamos sobre todos los métodos, y acordamos para cada caso en particular con la futura usuaria.
–¿Qué efectos tienen estos programas sobre la salud pública?
–Su función es exactamente igual a la de los programas de vacunación, así están diseñados y se aplican en todo el mundo. La primera finalidad es prevenir el embarazo no deseado y su más grave consecuencia, la mortalidad por aborto provocado. En la Argentina, un tercio de todas las muertes maternas es por complicaciones del aborto provocado: son casi 150 mujeres por año, a partir de unos 450.000 abortos anuales. En cambio, países como Costa Rica, Chile y Uruguay, con políticas de procreación responsable desde hace 40 años han conseguido indicadores muy favorables.
–¿Qué más permite un programa de salud reproductiva?
–Favorece la participación de los varones, tanto en la anticoncepción como en el cuidado del embarazo, parto y puerperio: crecientemente las mujeres consultan con sus parejas. También se propicia el control periódico de las enfermedades genitomamarias; se promueve la lactancia materna; se informa sobre sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Se trata de acompañar a la mujer a lo largo de toda su vida reproductiva. En la Argentina, la tradición era limitarse al embarazo y posparto.
–Esa tradición no ha impedido que la transmisión perinatal del VIH/sida sea alta porque, en la Argentina, muchas mujeres no se controlan en los embarazos.
–Es que, si la mujer se incorpora a estos programas desde que empieza su vida sexual, va a tener seguimiento para controlar el método anticonceptivo que utilice y, cuando quiera tener un hijo, el embarazo va a estar planificado y se va a controlar. Actualmente más de la mitad de los embarazos no se planifican.
–¿Qué relación hay entre la ley nacional y las leyes provinciales?
–Cuando una provincia o municipio tiene un programa sin ley que lo sustente, es muy difícil financiarlo y queda a merced del funcionario de turno; una ley provincial, además de fijar el marco conceptual, crea financiación y obliga a evaluar la ejecución del programa. Y la ley de la Nación implica una partida presupuestaria que el Ministerio de Salud distribuirá en todos los distritos que cuenten con leyes de saludreproductiva. Y las provincias que tienen leyes pero no financiamiento, no tendrán ahora excusas para dejar de poner en marcha los programas.
–¿Qué provincias carecen de ley de salud reproductiva?
–De las 24 jurisdicciones argentinas, sólo 10 tienen leyes o decretos; otras cinco tienen programas sin ley que los sostenga, y nueve no tienen nada, entre ellas San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, y nada menos que la provincia de Buenos Aires.
–Es alarmante que en el Conurbano falten programas de este tipo.
–La mayoría de la población del Conurbano viene a recibir estos servicios en la Capital Federal: una mujer que paga sus impuestos en Lomas de Zamora o La Matanza debe viajar hasta la Ciudad de Buenos Aires porque los gobiernos bonaerenses se han negado sistemáticamente a promover leyes de salud sexual y reproductiva, por razones dogmáticas. Ojalá la sanción de la ley nacional haga recapacitar a estas autoridades.