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A diferencia de la Argentina, en Uruguay no se pena la tenencia de drogas para uso personal, pero sí el autocultivo. Por eso, como indicó a este diario la activista uruguaya Clara Musto, de Pro Legal, en la última Marcha Mundial de la Marihuana en Montevideo “marcharon tres mil personas reclamando la legalización y los clubes de cultivo”. En Argentina la marcha fue mucho más grande, hubo 60 mil personas que pidieron libertad a los presos por cultivar y la despenalización tanto de la tenencia como de la siembra de cannabis, lo que no implica una legalización sino la desjudicialización de un acto privado, que no afecta a terceros.

La propuesto del gobierno uruguayo llega luego de un duro enfrentamiento de Bolivia con las autoridades de las Naciones Unidas dedicadas a fiscalizar los convenios sobre drogas, que incluyen como sustancia prohibida a la hoja de coca. También Ecuador, Colombia y Guatemala plantearon sus diferencias con el actual sistema prohibicionista impulsado desde Estados Unidos. Argentina también sostiene esta postura crítica desde hace cuatro años, cuando el entonces ministro Aníbal Fernández planteó ante las Naciones Unidas que debía dejar de criminalizarse a los consumidores.

En la Cámara de Diputados del Congreso Nacional ya hubo tres plenarios de comisiones para que varios especialistas, activistas y funcionarios den su opinión sobre un cambio a la ley de drogas. Esta reforma fue planteada por tres diputados de distintos bloques: la oficialista Diana Conti, el radical Ricardo Gil Lavedra y Victoria Donda, del Frente Amplio Progresista. En este momento este proyecto está siendo evaluado y a la espera de un dictamen para poder debatirse en el recinto.

El proyecto de consenso plantea la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, la reformulación de la figura de tenencia simple y el permiso para cultivar marihuana, siempre y cuando sea para uso personal y no trascienda a terceros. De esta forma, cultivar marihuana sigue siendo una conducta antijurídica, pero no es punible. Legalizar, en cambio, implica que la sustancia sea legal bajo ciertos controles, como propone el Ejecutivo uruguayo. Además, el proyecto en examen no castiga el uso en la vía pública y reduce las penas a las mulitas.

Uruguay fue y es el país modelo para Argentina en lo que se refiere a políticas de drogas. Por este motivo, el impacto de una legalización no pasaría inadvertido. Esta opción fue planteada entre los distintos proyectos que se acercaron al Congreso: lo hizo la Mesa Nacional por la Igualdad, que además de pedir la legalización, solicitó una amnistía para todas las personas que fueron procesadas por tenencia de drogas para uso personal. Según fuentes parlamentarias, podría llegar a haber un dictamen antes del receso de invierno.