Por C. R.
Desde Santa Fe

Número más, número menos, en la capital provincial sigue manteniéndose sin variantes una cifra cercana a los 78.000 afectados que tuvieron que dejar sus casas, sumando “evacuados” y “autoevacuados”. El rótulo de cada grupo –es levemente mayor el total de “autoevacuados”– debería ser apenas una circunstancia, dado que muchos de los que se fueron por sus propios medios lo hicieron para salvar sus vidas y cuando ya aparecía en forma prematura, como un hecho notorio, la inoperancia, sobre todo, de los organismos dependientes del municipio de Santa Fe. Desde las organizaciones no gubernamentales que se están haciendo cargo, a pulmón, de los “autoevacuados”, surgieron críticas hacia el gobierno provincial y el municipal, reclamando la “descentralización” de la distribución de la ayuda, que ha quedado virtualmente militarizada, en manos del Ejército. Mientras el gobierno gasta unos 80.000 pesos diarios en alimentos para los “evacuados” –les llegan dos comidas diarias y calientes–, los “autoevacuados” se debaten entre la desesperación y la rebeldía, ya que en varias ocasiones han ensayado cortes de protesta.
“Es mentira, no existe ninguna mano política en el manejo de la ayuda a los afectados.” El gobernador Carlos Reutemann, como a lo largo de las casi dos semanas que lleva la inundación, fue el único que salió ayer a refutar los comentarios que aparecen a cada rato, sobre todo en las emisoras de radio locales, sobre el trato diferencial entre unos y otros. “No hay una política sobre cómo actuar ante los autoevacuados”, reconoció a Página/12, en los primeros días, un funcionario que integra el Comité de Crisis que funciona en el Ministerio de Agricultura. Con la excusa de “organizar la situación”, como aclaró en su momento el ministro de Gobierno, Carlos Carranza, se exigió a los “autoevacuados” que se anotaran en un registro abierto en la Escuela de Servicio Social. La excusa fue que “los que iban a pedir eran pobres, pero no evacuados”.
La decisión sonó, cuando menos, a discriminación. Esto con el agregado de que la propia titular del Registro Civil provincial, Iride Mariani, había confirmado que “miles de personas”, evacuados y autoevacuados, habían perdido sus documentos al salir huyendo de sus casas o se les habían mojado y eran irreconocibles. ¿Cómo podía pedirse a las víctimas que se identificaran? ¿Y cómo se iban a identificar si no tenían cómo? Durante los cuatro primeros días posteriores a la gran inundación, las sedes de los clubes Unión y Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, destinadas al reparto de mercaderías para “autoevacuados”, estuvieron atiborradas por colas que llegaron a las diez cuadras. Se produjeron por lo menos cuatro altercados, uno de los cuales estuvo a punto de derivar en un enfrentamiento entre “autoevacuados” y la Guardia de Infantería. La solución, ahora, fue cerrarlos o abrir un par de horas.
El gobierno, a través del Ejército, distribuye comida caliente entre los 70 centros que abastece. La mayoría de las veces los “evacuados” reciben guisos con algo de carne o arroz con pollo. Eso le llega a unas 40.000 personas, a un costo de algo más de dos pesos por ración, según confió a este diario una fuente de la empresa hotelera que fue contratada para la emergencia. Una fuente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aseguró a este diario que “no hay equidad ni siquiera en los centros que atiende el gobierno: nosotros hicimos una recorrida y cuanto más te vas alejando del perímetro de la Casa de Gobierno, la ayuda es más escasa y lo peor es estar en la ex estación ferroviaria”. La situación de esos “evacuados”, y la de los “autoevacuados” que estaban en el cementerio local es la que todos los medios locales señalaron como “las más penosas”. Para el titular de ATE, Jorge Hoffmann, lo que está ocurriendo “es una consecuencia directa del neoliberalismo, de los diez años de gobierno de(Carlos) Menem, porque el gobierno de Santa Fe, como todo el país, dejó todo en manos del mercado y el mercado no necesita del Estado”. Según la visión de Hoffmann, “el Estado dejó de tener presencia y cuando tuvo que actuar frente a la emergencia, no existió, no estuvo”. A pesar de la crítica, ATE está hoy trabajando para la emergencia, junto con una larga lista de organismos de derechos humanos y no gubernamentales que ayer volvieron a poner el grito en el cielo por lo que está ocurriendo con la ayuda.